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Santa Pola podrá imponer multas a los ciudadanos que insulten a los funcionarios

El PP llevará al pleno una modificación de la ordenanza de convivencia para poder sancionar y Compromís considera que «atacará a la libertad»

Una patrulla de policía en Santa Pola en el centro este verano Antonio Amorós

Santa Pola modificará su ordenanza de convivencia ciudadana para dar más protección a la Policía Local y el resto de empleados públicos ante casos de desobediencia por parte de la ciudadanía. El ejecutivo local, del PP, tiene previsto elevar los cambios de la ordenanza el próximo pleno porque entienden que es un trámite necesario para actualizar esta normativa, con casi una década, a la vigente legislación.

La concejalía de Seguridad Ciudadana exponía este lunes los cambios que traerá la ordenanza después de que Compromís manifestase su oposición a la modificación. Entienden desde la formación que se van a a asumir «algunos de los puntos más controvertidos de la conocida como ley mordaza».

Desde la coalición temen, además, que una de las intenciones con las modificaciones «sea aumentar de forma indiscriminada las multas para incrementar la recaudación municipal». Al hilo, Anna Antón como portavoz de la formación alertaba ayer sobre la inseguridad jurídica que puede generar esta ordenanza entre la ciudadanía de Santa Pola, porque «multiplicará las denuncias y los recursos, aumentando todavía más el colapso administrativo del Ayuntamiento» y apuntaba que comprenderá «hasta 30.000 euros en multas por conductas muy genéricas, abiertas a la interpretación del agente de la Policía Local de turno y sin la intervención de ningún juez o jueza».

De igual forma, creen que la modificación irá en detrimento de la libertad ciudadana y lamentaban que el equipo de gobierno lleve este asunto al pleno de agosto «el mes vacacional por excelencia, porque el PP sabe perfectamente que este asunto es muy polémico y ha puesto en marcha la maquinaria para taparlo al máximo y que no tenga que soportar el escrutinio ciudadano».

En respuesta a estas críticas, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana justifican la importancia de esta modificación para dar respuesta a las peticiones del cuerpo de la Policía Local que vienen haciendo desde hace cerca de un lustro, apuntan desde el área, porque la actual normativa local no cubre ciertos aspectos en materia de seguridad por lo que la plantilla local puede llegar a encontrarse sin competencias y las sanciones se terminan tramitando a través de la Subdelegación del Gobierno, explican.

«A veces insultan a los agentes, los marcan con láseres y no pueden tomar ninguna sanción ni pueden hacer ninguna aclaración» porque indican que no está regulado a nivel local porque hay ciertos artículos de la actual ley de seguridad ciudadana de 2015 que no están presentes en esta ordenanza, más antigua. Ana Blasco, edil del área, entiende que sólo se persigue «la protección de cualquier autoridad o empleado público ante una desobediencia a la autoridad».

En otro orden de cosas, desde el equipo de gobierno apuntan que sólo se trata de evitar ciertas conductas en espacios públicos o actividades que afecten a bienes de titularidad local como por ejemplo la venta ambulante no autorizada. En cuanto a las sanciones, aclaran que estará reglado por tipos de infracciones y que se ajustarán a los preceptos legales hoy por hoy en vigor.

Más implacables contra el alcohol en vía pública y la venta no autorizada

La actualización de la ordenanza de seguridad ciudadana, que data de 2012, regularizará la actuación ante el consumo de bebidas en vía pública para que la Policía Local tenga capacidad para levantar sanciones. De igual forma, también contemplará la intervención ante una negativa u obstrucción a una inspección reglamentaria en fábricas o locales si se tiene la constancia de que se están realizando actividades ilícitas en su interior.

Uno de los principales puntos de estos cambios será la protección de empleados públicos y de la propia Policía Local «porque la propia policía ya planteó que hacía falta actualizarlo y cambiarlo», señala Ana Blasco, edil de Seguridad Ciudadana.

En cuanto a las sanciones, desde el ejecutivo local apuntan que primero tendrá que pasar por pleno la propuesta que han hecho como equipo de gobierno y está dictaminada. Si se aprueba en la próxima sesión, prevista en el pleno ordinario de mañana, tendrá que seguir su curso administrativo en fase de exposición pública.

Después de ese trámite, que se alargaría varias semanas, se tendrá que emitir un decreto de Alcaldía que regule la carga sancionadora que tendrá cada uno de los incumplimientos, que irían de graves a menos graves, ya que por ahora se aplican los módulos recogidos en la propia ley nacional de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza».

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