Casi seis años de prisión para quien durante 24 ininterrumpidos estuvo al frente del Ayuntamiento de Crevillent. Es la pena que reclama la Fiscalía Anticorrupción para el que también fue secretario general del PP en la Comunidad y vicepresidente segundo de la Diputación, César Augusto Asencio, hoy líder de la oposición en el Consistorio crevillentino. También pide cárcel para otras ocho personas más: una edil y dos exconcejales, todos del PP; cuatro funcionarios y un empresario. A todos les acusa de un amaño de contratos que le habrían supuesto a las arcas municipales un quebranto de 53.365 euros.
Los hechos que se relatan en el escrito de acusación se remontan al año 2004 y se prolongan hasta 2018. El fiscal sostiene que durante ese periodo los funcionarios y políticos acusados, en connivencia con Francisco Serna, entonces coordinador municipal de Deportes y hoy ya jubilado, y su hijo Cayetano Ramón Serna, «procedieron a realizar cuantas actuaciones fueron necesarias a fin de hacer posible que el servicio de conserjes y personal de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales siempre fuera adjudicado a favor del hijo del coordinador, bien como empresario individual primero, bien a través de la mercantil Top Sport Crevi S.L. en la que este ejerció funciones de administrador desde el fecha de su constitución».
El acusador público afirma que el regidor conocía la relación entre su coordinador de Deportes y el adjudicatario y permitió la contrata
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en Anticorrupción por el actual primer edil de Crevillent, José Manuel Penalva, de Compromís. Una denuncia que la Fiscalía remitió al juzgado y dio origen a varias piezas de las que esta es la primera en la que se ha formulado acusación.
«Apariencia de legalidad»
El Ministerio Público concreta que una vez que el hijo del coordinador de Deportes consiguió en 2004 la primera contrata del servicio, esto «facilitó la consecución de las ulteriores adjudicaciones hasta 2018, consolidando una situación de predominio que hizo imposible, gracias a las irregulares actuaciones del resto de responsables municipales implicados, acceder a cualquier otra mercantil o empresario individual en condiciones de igualdad a las licitaciones». Así durante 14 años.
Y concreta que «si bien los procedimientos de contratación en apariencia se aquietaban a las formalidades legales, lo eran solo de esa manera, en apariencia, dado que la adjudicación a favor de Cayetano Serna estaba en todos los casos predeterminada desde el inicio del procedimiento».
Pero las irregularidades descritas por el fiscal Pablo Romero van más allá. Sostiene que dado que lo que los acusados buscaban no era cubrir la atención en las instalaciones deportivas municipales, «sino generar un gasto en beneficio de la empresa controlada por el hijo del coordinador de Deportes, en algún caso se llegaron a pagar servicios que no habían sido prestados, por lo que se aplicaron fondos públicos a una finalidad ajena a la satisfacción de los intereses del Ayuntamiento de Crevillent, todo ello en perjuicio del erario municipal».
De este «modus operandi» responsabiliza Anticorrupción a todos los acusados, entre los que figuran, además de los Serna y de los políticos César Augusto Asencio, los exconcejales Pedro García y Manuel Moya y la edil en la Corporación actual María del Carmen Candela, tres funcionarias destinadas ahora en otros ayuntamientos de la provincia. Todos ellos, concreta el fiscal, «contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiraban la legislación sobre la contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia (...) además de actuar de forma arbitraria en la adjudicación de los servicios, lo que ocasionaba el consiguiente perjuicio en el erario público y el consiguiente enriquecimiento del empresario al que se adjudicaban los servicios, los cuales fueron finalmente satisfechos tras ser aprobados los pagos por la junta de gobierno local propiciado por las actuaciones previas realizadas por los acusados».
Unas actuaciones lesivas para las arcas públicas municipales y ante las que los políticos encausados «no llegaron a adoptar ningún tipo de medida para que las irregularidades que se estaban perpetrando cesaran sino que, al contrario, propiciaron y favorecieron el mantenimiento en el tiempo de las mismas», afirma.
Del ex coordinador de Deportes concreta que, sirviéndose del cargo que tenía, favoreció los intereses empresariales de su hijo además de tener un «papel protagonista» en la creación de la mercantil a la que después se le adjudicó el servicio y «en la que llegaron a trabajar varios familiares». El acusado tampoco habría comprobado, como era su obligación, si la empresa de su hijo realizaba el trabajo por el que cobraba llegando a la conclusión de que se pagaron 53. 355 euros por servicios no realizados. Asegura el fiscal que Asencio conocía perfectamente la relación entre el coordinador y el adjudicatario y que aún así permitió la contrata.
Anticorrupción acusa por los delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para los políticos, excepto para Candela, reclama 5 años y 10 meses de prisión con las accesorias de inhabilitación para el desempeño de cargo público de hasta 12 años y multa. A 7 años y 9 meses eleva la petición en el caso de Francisco Serna y su hijo y la deja en dos años a las funcionarias y la edil Candela. Ello además de la restitución de esos 53. 365 euros.
