El Síndic de Greuges reclama a la Conselleria de Políticas Inclusivas que se haga efectiva la prestación social que pidió una mujer de Santa Pola hace más de ocho meses y que todavía no ha recibido, a pesar de estar resuelta la ayuda y ser favorable. La solicitante asegura tener una situación de extrema vulnerabilidad y haber sido víctima de violencia de género, circunstancias que agilizarían la resolución de ciertas ayudas, sin que haya sido el caso, según el escrito presentado ante esta institución.
El defensor del pueblo, Ángel Luna, ha emitido una recomendación tras la queja que presentó la particular en la que insta al departamento de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a que revise y evalúe el procedimiento técnico administrativo actualmente implantado para la resolución de expedientes de renta valenciana de inclusión, «al objeto de lograr que se resuelvan las solicitudes en los plazos legalmente establecidos (...) dado que el no cumplimiento de tal obligación aumenta la incertidumbre que se deriva de la falta de resolución y amplía aún más, si cabe, el sufrimiento soportado por las personas en situación de vulnerabilidad social y sus familias».
Al hilo, le recuerdan a la administración autonómica la obligación legal de publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, «las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de resolución, así como de los efectos que produce el silencio administrativo» para que los demandantes conozcan cuáles son las fechas límite para resolverse ciertos procedimientos como el de esta ayuda.
Proceso
Tal y como apunta la solicitante, el 2 de julio de 2020 solicitó una ayuda de renta valenciana de inclusión, modalidad de renta complementaria de prestaciones, ya que desde tres meses antes y hasta el 6 de marzo de 2021 tenía reconocida una ayuda RAI (Renta Activa de Inserción) por violencia de género. Tres meses después, una vez ya agotada esta última ayuda, solicitó una nueva ayuda de renta valenciana de inclusión en su modalidad de renta de garantía de inclusión social.
Tanto los servicios sociales municipales como la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas le informaron que esa prestación había sido aprobada y le confirmó oficialmente el 14 de octubre de 2021. Sin embargo, le informaron que desde noviembre su expediente estaba en fiscalización, paso previo a la nómina, pero seguía sin resolverse.
La primera solicitud de prestación complementaria no se resolvió en los 8 meses que dispusieron para ello. La segunda solicitud, además, arrastraba ya un período de más de siete meses en el momento de presentar esta queja, según el escrito.
