La Guardia Civil ve consenso entre los seis exjefes de ETA para perpetrar el atentado de Santa Pola

En un informe de 312 páginas remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado sostiene que la 'ZUBA' - la cúpula de ETA pudo "haber evitado el desenlace" haciendo valer la "posición de mando" que ostentaban dentro de la organización terrorista.

De esta forma, los agentes de la Benemérita señalan a Juan Antonio Olarra Guridi, alias 'Juanvi'; Ainhoa Múgica, alias 'Olga'; Félix Ignacio Esparza, alias 'Navarro'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; Ramón Sagarzazu, alias 'Ramontxo', y María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.

Todos ellos fueron imputados en julio por el juez de la Audiencia Nacional , Manuel García Castellón, al considerar que se encontraban en el máximo escalafón de la banda al cometerse el atentado. Fue precisamente el juez el que solicitó a la Guardia Civil la elaboración de este informe, en el que se ahonda en las funciones desempeñadas por cada uno de los investigados.

Si bien, ahora Castellón ha rechazado enviar a prisión provisional a 'Mikel Antza', y Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', aunque ha acordado imponerles medidas cautelares, dado que son los únicos de los seis ex jefes de ETA que se encuentran en libertad tras ser imputados por el atentado. Además de ellos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 (JCI6) había citado para este lunes a los otros cuatro etarras investigados por estos hechos para interrogarlos por videoconferencia.

En sendos autos, dictados este mismo lunes, García Castellón ordena que 'Mikel Antza' comparezca mensualmente en el juzgado más próximo a su domicilio o en la propia Audiencia Nacional, y que esté localizado, le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar territorio español, según Europa Press.

Conscientes

Sobre la investigación de la Guardia Civil, los agentes dejan claro que la decisión de llevar a cabo el atentado "no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado" sino que debió requerir del "consenso y de la toma de una decisión colegiada" por todos los integrantes.

El informe destaca que todos ellos eran plenamente conocedores de la intención de hacer volar el cuartel, "ya no solo por haber seguramente decidido, planificado y ordenado la acción, sino porque además se responsabilizó de su materialización a través de un medio de comunicación social poco después de llevarlo a cabo y de la elaboración del comunicado justificando la acción terrorista".

Los ahora exjefes de la banda, incide la Guardia Civil, eran en ese momento "plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final: la muerte de personas inocentes".

Los agentes destacan también el hecho de que, según la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, los autores materiales del atentado, Óscar Celarain y Andoni Otegui, cometieron la acción terrorista con un vehículo y carga explosiva (incluso reforzada) que les fue facilitada por sus responsables en Francia, con conocimiento y siguiendo las instrucciones recibidas de la "dirección" de ETA.

El fallo condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los 'Iosu' y 'Peio', ambos integrantes del comando Argala, al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado de Santa Pola.

A pesar de que ellos fueran el brazo ejecutor, la Guardia Civil explica que "se considera bastante improbable que una acción terrorista de la entidad de la llevada a cabo" en Santa Pola "fuese materializada por el comando Argala sin que mediase con anterioridad una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA".

Funciones

En su informe, la Guardia Civil también desgrana cuáles eran las funciones de los seis imputados. 'Mikel Antza', señala, era responsable del aparato político de la banda, encargándose de elaborar las directrices políticas e ideológicas que posteriormente se proyectarían hacia todos los militantes.

'Anboto, que también colaboraba con 'Mikel Antza' en las citadas labores, se hacía por su parte cargo de las finanzas de la organización, del control y gestión del denominado impuesto revolucionario, así como de la gestión de los zulos de la organización terrorista.

'Juanvi' y 'Olga', que fueron detenidos ocho días antes del atentado, ejercían hasta esa fecha labores de responsabilidad en el aparato militar. Eran los encargados de "señalar o determinar los potenciales objetivos sobre los que tenían que materializar acciones terroristas los integrantes de los comandos, y de facilitar el armamento de dotación del comando", apunta el Instituto Armado.

'Navarro', por su parte, habría participado como responsable del aparato logístico "en la toma de la decisión y en la impartición de las órdenes necesarias para la facilitación de los medios utilizados por el comando Argala". La Guardia Civil también señala en el mismo sentido a 'Ramontxo', responsable del aparato internacional de la banda.

El magistrado, que recibió este informe el pasado 26 de septiembre, ha tomado este mismo lunes declaración por videoconferencia a los seis exjefes etarras a los que imputó el pasado mes de julio, cuando ya acordó llamarles a sede judicial.

Reapertura del sumario

En marzo, el magistrado reabrió el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola e instó a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que le remitieran todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de ETA en el momento de los hechos. El Juzgado acordó abrir diligencias previas tras la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían entonces la ZUBA.

García Castellón justificó su decisión por existir "nuevos elementos o circunstancias a valorar" que pueden guardar "directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron" la apertura del proceso penal. "En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal", aseguró en un auto.