Suma le reclama al ex concejal no adscrito Francisco Soler de Santa Pola el cobro de los 60.940 euros que por sentencia tiene que devolverle al Ayuntamiento por «cobros indebidos» entre 2015 y 2017, con el gobierno del cuatripartito, cuando el edil siguió trabajando con unas dedicaciones exclusivas a pesar de que el juzgado había anulado sus competencias.

Si bien, esta cuantía la exigió hace prácticamente cuatro meses la administración local tras aprobarse por junta de gobierno, y al pasarse el plazo voluntario de pago es ahora SUMA la encargada de reclamar el cobro, según explican desde la Concejalía de Hacienda. 

Liquidación de 44.000 euros

La junta de gobierno ha aprobado recientemente al mismo exedil la liquidación de otros 44.000 euros por la dedicación exclusiva sin delegación que percibió de 2017 a 2019, que también ha sido anulada en los tribunales, porque según ratificó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no se le podían dar competencias políticas ni retributivas.

Y es que el pleito surgió en la anterior corporación. El PP en 2015 como oposición elevó un recurso contra el decreto de Alcaldía que daba competencias y delegaciones a ambos ediles tránsfugas de Ciudadanos, Ignacio Soler y Francisco Soler, que el juzgado dejó sin efecto.

Sentencia

Los afectados recurrieron entonces la sentencia, pero el TSJ desestimó el recurso de alzada, confirmando la sentencia. Al ejecutarse, la exalcaldesa, Yolanda Seva, dejó sin efecto las delegaciones anuladas aunque terminó otorgando otra dedicación exclusiva, pero como asesor, al mismo edil. Fue entonces cuando el PP volvió a recurrir a los juzgados y se le volvió a desestimar el recurso del exedil.

Los exediles Ignacio y Francisco Soler en uno de los plenos del anterior mandato con el ex edil de Esquerra Unida Samuel Ortiz INFORMACIÓN

Así las cosas, en total el Ayuntamiento espera ingresar 104.000 euros que se cobraron al otorgarle la anterior regidora delegaciones que el gobierno local, en esta legislatura, insiste que fue mediante «fraude de Ley y por tanto, según sentencia judicial, deben ser repuestos en las arcas municipales».

Desde la concejalía insisten en que se incumplió el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local por otorgar una dedicación exclusiva de sueldo y empleo estando como no adscrito.