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Costas da vía libre a la ampliación de amarres del puerto de Campomanes

La dirección general concede una adjudicación de 30 años a la empresa Marina Greenwich para explotar las instalaciones tras desestimar todas las alegaciones

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DIEGO COELLO

La Generalitat Valenciana ha aprobado la ampliación del puerto deportivo Luís Campomanes de Altea hasta una superficie de 240.058,95 m2, mediante un edicto del director general de Transportes, Puertos y Costas, Vicente Dómine Redondo, publicado ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La Generalitat otorga la concesión a la mercantil Marina Greenwich, S.A. por un periodo de 30 años. Con esta ampliación, el puerto tendrá el doble de su superficie actual, pasando de 543 a 1.089 amarres.

En contra de este proyecto han estado durante dos años WWF/ADENA y Ecologistas en Acción, los grupos políticos PSOE y Bloc Nacionalista Valencià, y diversos organismos y entidades científicas. Las alegaciones alertaban sobre el impacto negativo que tendría en 40 hectáreas de la pradera de Posidonia Oceánica adyacente y la falta de un proyecto de impacto ambiental con garantías, además de la destrucción de los ecosistemas litorales terrestres y la regresión de las playas de la Olla, y que no existe necesidad de una demanda que justifique la ampliación. Todo ello no ha servido ante la Generalitat Valenciana, que ha considerado viables los argumentos de Marina Greenwich en donde ha dicho, entre otras cosas que «el proyecto y su tramitación con conformes a la Ley de Costas y toda la legislación medioambiental y procesal es aplicable».

El año 2002, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, alertó, mediante un informe elaborado por profesores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de la Universitat Illes Balears, del impacto negativo que tendría la pradera de Posidonia Oceánica adyacente al puerto deportivo si se aprobaba su ampliación. El estudio se elaboró por encargo de la Generalitat y concluía que «el daño que se producirá por la ampliación del puerto aparece en conflicto con las medidas de protección establecidas por la legislación vigente, por lo que no se debería de autorizar su ampliación». Los expertos añadían que «más allá de contemplar la posible aprobación de medidas que impacten negativamente sobre la pradera adyacente al puerto actual, urge adoptar medias de conservación que permitan la recuperación de esta pradera de Posidonia».

En septiembre de 2003, el profesor de la Unidad de Biología Marina de la Universidad de Alicante, José Luis Sánchez Lisazo, que había dirigido un estudio sobre el estado del litoral alteano afectado por el puerto Campomanes, señaló que las medidas correctoras expuestas por el Ministerio de Medio Ambiente -en aquellas fechas adscribió a la Generalitat los terrenos necesarios para la ampliación del puerto deportivo vinculando esta cesión al cumplimiento de un restrictivo condicionado de medidas protectoras- «son una cortina de humo para llevar adelante el proyecto de ampliación del puerto, que destruirá una de las zonas de más alto valor ecológico marino de toda la Comunidad». Asímismo añadió que el decreto de la Generalitat sobre la ampliación de los puertos «se ha elaborado sin realizar unos estudios previos sobre la verdadera incidencia en el litoral. Está poco contrastado y no se ha estudiado realmente qué lugares de la Comunidad son los más aptos para ubicar más amarres. Y, precisamente, el de Campomanes no es uno de ellos».

Con esta ampliación, Campomanes será el segundo de mayor tamaño de la Comunidad "sin que haya reivindicación social que lo justifique», según indicaron desde el PSOE y el Bloc.

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