Un juzgado de Alicante ha abierto en el Ayuntamiento de Benidorm un laberinto jurídico y económico de consecuencias impredecibles al haber declarado la nulidad de los decretos con los que el ahora también alcalde, Agustín Navarro (PSOE), fijó el reparto de competencias en su gobierno de la anterior legislatura. Es un laberinto jurídico porque ahora, según algunos expertos, podrían considerarse "nulos de pleno derecho" las decisiones que en su día fueron asumidas por los ediles de Navarro en virtud de las delegaciones que les habían sido conferidas. Y es un laberinto económico porque, según el PP, el fallo judicial obligaría también a los regidores del alcalde a devolver el dinero que ganaron de más una vez que accedieron al poder. Este último posicionamiento, sin embargo, fue negado ayer por otras fuentes del derecho.

La sentencia ha sido dictada por el mismo juez que en otro fallo ya declaró que los doce concejales que en las elecciones de 2007 se presentaron bajo las siglas del PSOE debían considerarse "no adscritos", toda vez que abandonaron esa fuerza política antes de firmar la moción de censura con el edil tránsfuga del PP José Bañuls que les encumbró al poder el 20 de septiembre de 2009. La nueva sentencia sostiene que los decretos firmados el 29 de septiembre de aquel mismo mes por el nuevo munícipe no se ajustan a la ley, ya que permitió a sus ediles adquirir una serie de "derechos políticos y económicos" superiores a los que ostentaban cuando abandonaron el grupo del que formaban parte para pasar a ser no adscritos.

De ahí que el fallo judicial, emitido el pasado 23 de noviembre, anule no sólo el reparto de delegaciones acordado entonces por Navarro; también las "delegaciones de firma del alcalde" -por las que éste facultaba a sus ediles a firmar providencias, certificaciones, oficios y disposición de gastos, además de ceder delegaciones muy concretas en materia de gastos e ingresos a la concejala de Hacienda-; y el nombramiento de los ocho miembros de la junta de gobierno, entre los que se encontraba el propio Bañuls.

El fallo judicial declara la nulidad de esas resoluciones. Fuentes jurídicas consideran que esa anulación es de "pleno derecho", por lo que ahora podrían quedar afectadas todas las decisiones adoptadas por los ediles de Navarro en la anterior legislatura, sobre todo si se presenta contra la misma alguna reclamación, creando así una "importante situación de "inseguridad jurídica e incluso económica". No obstante,desde el PP contradijeron esa visión: señalaron que eso sólo podría suceder si es el propio grupo popular el que se opone a alaguna de las decisiones de aquel ejecutivo de Navarro, toda vez que fue esta fuerza política la que presentó los recursos que ahora han motivado ambas sentencias. Y en este sentido, las mismas fuentes del PP subrayaron que este partido velará por el interés general de la población y no asumirá ninguna decisión que sea nociva para el Ayuntamiento.

No es ésta la única discrepancia en tan espinoso asunto. El PP también asegura que el juez no sólo ha fallado en contra de los derechos políticos adquiridos por el anterior gobierno de Navarro sino también contra sus derechos económicos. De ahí que considere que los concejales de aquel ejecutivo tengan que devolver las retribuciones cobradas de más, una vez que entraron a formar parte en el ejecutivo y que también se fijaron en los famosos decretos de aquel día 29. Los populares eludieron ayer dar una cifra sobre esas cantidades, que no obstante otras fuentes municipales calcularon aproximadamente en un millón y medio de euros.

Pérez Fenoll y la intervención del Tribunal de Cuentas

El concejal y diputado provincial del PP, Manuel Pérez Fenoll, aseguró ayer que las sentencias han demostrado "que el gobierno de Agustín Navarro que surgió de la moción de censura en septiembre de 2009 y se mantuvo en el poder hasta mayo de este año estaba sustentado en la más absoluta ilegalidad". "Navarro ha recibido su primer garrotazo judicial, pero van a venir más", pronosticó. Pérez Fenoll se mostró convencido de que los ediles de aquel gobierno deben devolver las retribuciones que cobraron de más y emplazó a Navarro "a que cumpla, aunque sea por primera vez la ley" y que ordene "el inicio de las actuaciones por los servicios jurídicos y económicos de este ayuntamiento con el objeto de devolver a las arcas municipales lo que nunca debió salir de ellas". También especuló con que esas cantidades podrían ser útiles, por ejemplo, para cubrir la fenomenal deuda que se mantiene con los proveedores del Ayuntamiento. De hecho, el portavoz del PP, Antonio Pérez, presentó ayer dos escritos en los que insta al alcalde a que "cuantifique la totalidad de los recursos económicos y materiales que determinan esas sentencias". Las mismas son recurribles en el plazo de 15 días. De cualquier modo, Pérez Fenoll añadió que en el caso de que Navarro no cumpla con esos cometidos "nos veremos obligados a acudir al Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el gobierno local no emitió ayer ninguna respuesta oficial sobre el asunto. Fuentes del mismo matizaron no obstante que el ejecutivo "está muy tranquilo en un asunto que no es más que una caza de brujas y que no le interesa a nadie, ni siquiera al PP valenciano", aludiendo a las mociones de censura con tránsfugas protagonizadas también por los populares en el pasado.