Y llegó el día. La Generalitat, la CAM y Bancaja, los tres socios de referencia de Terra Mítica durante más de una década, formalizaron ayer en una notaría de Valencia la venta de sus acciones de Terra Mítica por 65 millones de euros a la empresa Aqualandia. No ha sido, precisamente, un negocio redondo: el complejo de Benidorm les costó al menos 377 millones, si bien hay cálculos que elevan aún más esta cifra. De cualquier manera, y a pesar de lo que han perdido en la aventura, tanto el Consell como las dos entidades bancarias respiran con alivio al abandonar un complejo de ocio en el que tuvieron que realizar continuas inyecciones económicas desde su inauguración en julio de 2000 debido a las constantes pérdidas y a las dificultades para atraer visitantes. En realidad, los 65 millones de la operación de venta apenas servirán para tapar agujeros: permiten liquidar la deuda viva acumulada por la Generalitat (45 millones) y por el resto de los socios entre 2006, cuando se levantó una suspensión de pagos en el recinto, y 2010. El resto de la inversión se supone irrecuperable.
La Generalitat, a través de la empresa pública Sociedad de Proyectos de Parques Temáticos (SPTCV), tenía el 22,31% de las acciones del complejo mientras que la CAM y Bancaja -ahora integrada en Bankia- poseían cada una el 24%. En total, 683.705 acciones, algunas también del Banco de Valencia. Todas acabaron ayer en poder de Aqualandia, que de esta forma adquiere el 70,76% del paquete accionarial -el 29,24% permanece en mano de los pequeños accionistas- y toma el control del parque de Benidorm, que queda definitivamente en manos privadas, con el empeño de cambiar su aciaga trayectoria.
La mercantil que controla el empresario francés George Pierre Santa-Maria había ya adelantado 15 millones de euros de la operación total de compra en agosto de 2010 cuando comenzó a gestionar en régimen de arrendamiento el parque temático. Ese fue su primer paso. El segundo lo dio este mismo año, cuando afrontó una ampliación de capital de 31 millones de euros para sufragar la operación. El resto de la misma, hasta alcanzar los 65 millones que invierte en el envite, se sufragarán con financiación bancaria y recursos propios. La compañía de Santa-Maria se obliga además a compartir con los pequeños accionistas el 30% del beneficio obtenido de una posible venta de los terrenos de Terra Mítica en un plazo de 30 años.
La Generalitat anunció ayer que la operación se enmarca en el proceso de Reordenación de Proyectos Estratégicos anunciado en diciembre y que en la práctica supone deshacerse de algunos de los proyectos más faraónicos de los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. En un comunicado oficial, el Consell agregó que además de liquidar su propia deuda, la venta de ayer permite "garantizar la viabilidad de Terra Mítica al quedar en manos de una empresa líder del sector como es Aqualandia". También subrayó que en la operación el Consell ha cumplido con la Ley de Contratos del Sector Público "ya que se ha seguido un procedimiento negociado con petición de ofertas a todos los operadores internacionales y nacionales de las que la de Aqualandia ha resultado ser, con diferencia, la más ventajosa".
Esta última aclaración no es baladí. En realidad, la administración autonómica no puede todavía dar carpetazo a su vinculación con Terra Mítica. La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación sobre la venta de acciones de la SPTCV a Aqualandia después de haber detectado "hechos que podrían ser constitutivos de delito".
El fiscal ha tomado esta decisión después de una denuncia de pequeños accionistas de Aqualandia que sostienen que la empresa pública del Consell podría haber incurrido en dos delitos: uno de presunta prevaricación al considerar que, al tratarse de una administración, las acciones en venta deberían haber salido a concurso público; y otro de malversación de caudales públicos, al entender que se ha procedido a la "sustracción de patrimonio público con ánimo de lucro". La Fiscalía ha reclamado ya el contrato de la compra y venta de las participaciones.
Además, los denunciantes, vinculados a la familia Puchades de Benidorm, han impugnado la junta en la que se aprobó la ampliación de capital de Aqualandia que permitió la operación de ayer.
Un paso más del Sabadell para eliminar "cartera industrial"
En la nueva etapa iniciada por la CAM la operación de venta formalizada ayer supone también un notable alivio. Entre otras cosas, porque concuerda con la filosofía del nuevo propietario de la caja, el Banco Sabadell. Fuentes de esta última entidad señalaron que "el Grupo Banco Sabadell no ha tenido nunca ninguna vocación de tener cartera industrial, ya que su foco esencial de actuación está en la actividad puramente bancaria; por tanto esta operación hay que enmarcarla en esta política, de desinversiones de aquellas participaciones que no sean consideradas estratégicas para la entidad de la que por supuesto también participa Banco CAM". Las mismas fuentes agregaron que ésta va a ser la estrategia del futuro: "Como hemos manifestado en anteriores ocasiones, dichas desinversiones se iran realizando progresivamente y cuando representen una buena oportunidad para el grupo".
