La líder del CDL en Benidorm, Gema Amor, no está por la labor de mantener largas agonías en lo que concierte al despido que fija la ley de los cargos de confianza adscritos a su grupo municipal y la pasada semana se desmarcó de su socio de gobierno, el socialista Agustín Navarro, exigiéndole que como alcalde hiciera efectivo el cese de tres de ellos a fecha de 5de febrero. Amor tomó tal postura el mismo día que conoció los términos expuestos en el informe del interventor, de fecha 4 de febrero, en referencia a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en relación al personal de confianza, tal y como figura en el escrito presentado al alcalde a través del registro municipal.
En él la portavoz de los liberales explica que dado que el informe del interventor «difiere en diferentes extremos a lo indicado en el informe del secretario general de este Ayuntamiento», reiterando la obligación «inmediata» de reducir en un 50% la cuota de cargos de confianza, informaba sobre los nombres de las tres personas de confianza que mantendrá su grupo, reclamando al tiempo «a los efectos de fecha» -5 de febrero- el cese de los tres puestos restantes «que han venido prestando con gran profesionalidad sus servicios para este grupo».
Agustín Navarro, sin embargo, no procedió a firmar la orden y hasta hoy el CDL, como los grupos municipales de PSOE y PP, mantiene de alta a todos sus asesores.
En todo caso, la demora podría no prolongarse más tiempo, ya que según informó el alcalde el viernes, entre hoy y mañana hará efectivo el despido del personal de confianza, haciéndolo en bloque y sin distinción de grupos.
Aún así, el primer edil también declaró que aunque acate la directriz del Interventor, solicitará a la Dirección General de Administraciones Públicas o al «órgano que sea competente» una aclaración sobre los plazos legales, al considerar que la nueva ley no es demasiado clara a la hora de fijar los tiempos en el que se tienen que aplicar las medidas.
Cabe recordar que esa falta de claridad en la ejecución de la ley ha provocado que la fecha anunciada para el cese del personal de confianza haya cambiado cada semana desde que se conoció el primer informe de Intervención el 17 de enero, fecha en que se pensaba que los once trabajadores que tienen que ser despedidos serían dados de baja el 1 de febrero. Por otra parte, el PSOE es a día de hoy el único grupo que no ha decidido -o al menos comunicado- quienes serán los 8 cargos, de los 15 que tiene, que se irán a la calle.
