Un técnico externo tendrá la última palabra. El Ayuntamiento de Benidorm encargará a un arquitecto independiente una valoración de la estación de autobuses de la ciudad para finiquitar la concesión que tiene adjudicada el empresario alicantino Enrique Ortiz para explotar la terminal y poder volver a sacar a licitación el contrato. Así lo acordaron ayer Consistorio y representantes del constructor, en una reunión de la comisión paritaria creada hace cerca de dos años para intentar desbloquear la legalización de todo el complejo.
El informe del técnico externo tendrá un cometido principal: determinar cuánto cuesta la superficie construida por Enrique Ortiz y por cuánto habría que indemnizar al empresario una vez que deje de ser el gestor de la terminal. Así, el Ayuntamiento dará cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo (TS), que en el año 2012 anuló la concesión y cuyo dictamen todavía sigue sin cumplirse.
La sentencia del TS deriva de la modificación que el polémico constructor hizo en su día sobre el proyecto inicial con el que había obtenido la concesión. La primera licencia preveía una superficie comercial de 500 metros cuadrados anexa a la estación, con una pequeña zona para el descanso de conductores de autobús. Dos años después, en 2003, el pleno dio luz verde a un modificado que elevaba hasta los 10.000 m2 el área destinada a comercios y la creación de un hotel en el que Ortiz, además, acabó edificando dos plantas de más. Una empresa que había participado en el concurso recurrió ante los tribunales y logró que en 2012 el Supremo anulara la adjudicación, al considerar que la modificación había sido tan sustancial que debió haberse realizado una nueva licitación.
Y eso es lo que tiene que hacer ahora el Consistorio. En septiembre de 2014, el gobierno local y Ortiz acordaron una fórmula para rescindir el contrato de mutuo acuerdo. El Ayuntamiento indemnizaría al constructor por las obras -cargando el coste en la nueva adjudicataria-, legalizaría todo el complejo y volvería a sacar a concurso su explotación. En el caso de que ninguna empresa quisiera hacerse con la gestión, Ortiz no percibiría ni un euro pero seguiría siendo el gestor, con toda la obra ya legal.
Sin coste para las arcas públicas
El dilema ahora está en determinar cuánto vale el edificio. Una valoración inicial realizada entonces por los técnicos municipales tasó la superficie construida en 35 millones, de los que 8 ya estarían amortizados con los diez años que el constructor lleva al frente de la terminal. Ahora, los funcionarios no se ponen de acuerdo. De ahí que gobierno local y constructor acordasen ayer encargar una tasación externa. La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó que será un arquitecto externo que ya tiene contratado el Consistorio quien realice esta valoración, por lo que no supondrá un coste adicional para las arcas municipales.
