Goliat ha ganado una batalla, pero todavía no ha finalizado la guerra. Los pequeños acreedores afectados por los impagos de la constructora Olga Urbana, promotora del edifico InTempo de Benidorm, no van a rendirse a pesar del duro revés que ha supuesto para ellos la última decisión judicial enmarcada en el proceso de liquidación de esta empresa. Como ya contó ayer este diario, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha desestimado las demandas interpuestas por cinco afectados y ha ratificado que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene derecho a ser la primera en cobrar la deuda que reclama -108 millones de euros- y, por tanto, a adjudicarse el inmueble para después revenderlo y recuperar la inversión perdida.
La decisión judicial será en unos días apelada por los afectados, que tienen un mes de plazo para presentar sus recursos ante la Audiencia Provincial. Así lo aseguró ayer María del Carmen Mascaró, representante de la empresa Kono Estructuras, a quien la quiebra de Olga Urbana le dejó sin cobrar algo más de un millón de euros. «Vamos a pelear por defender nuestros derechos, que no son otros que cobrar por el trabajo que en su día realizamos», afirmó ayer esta afectada, que junto al arquitecto Roberto Pérez Guerras, que diseñó el rascacielos y dirigió inicialmente la obra; el empresario Isidro Bononat, en su día administrador social de Olga Urbana y socio también de Kono; y las hermanas Laura y María Pelayo, compradoras de una vivienda que nunca se les entregó, abanderan la causa para defender el derecho de cobro de los pequeños acreedores.
El quid de la causa está en determinar hasta qué punto el también conocido en el argot financiero como «banco malo» tuvo capacidad de decisión en la ejecución de las obras de este gigante de hormigón y en el funcionamiento interno de Olga Urbana. Los afectados por los impagos defienden que la Sareb -y antes que ella Abanca, la entidad bancaria surgida tras la intervención de Caixa Galicia, que concedió el préstamo de 92 millones para construir las torres- administró de facto la promotora, dado que era quien tomaba todas las decisiones a través de Suasor, la empresa externa contratada para supervisar su marcha.
Esta teoría es descartada de manera rotunda en la sentencia del magistrado del Mercantil 1, quien en la sentencia da «justificada» la contratación de este «project manager» por tratarse de un proyecto de tanta envergadura y, sobre todo, por el temor de las entidades a no poder recuperar nunca el crédito que concedieron en su día. «Controlar o supervisar no es lo mismo que administrar», llega a decir el juez, una teoría con la que los «davides» de esta historia no están conformes.
Además de insistir en las tesis que ya expusieron al juez y que, a su juicio, demostrarían que tanto Abanca como el «banco malo» serían corresponsables de la quiebra de Olga Urbana, los afectados ponen también en entredicho la actuación de la administradora concursal Antonia Magdaleno, a la que acusan de «sospechosa colaboración» con la Sareb al cambiar en el juicio la versión de un informe elaborado meses atrás por ella misma y en el que reconocía al «banco malo» su calidad de administrador de la sociedad quebrada.
