Agotada la vía pacífica. El Ayuntamiento de Benidorm y Enrique Ortiz tendrán que deshacer el entuerto de la estación de autobuses a las malas ya que después de tres años manteniendo negociaciones para decidir cómo legalizar el complejo, rescindir el contrato y sacar de nuevo a concurso la gestión de la terminal no se haya llegado todavía a buen puerto. Así, el empresario ha dado por zanjado el diálogo con el gobierno de la ciudad turística a través de una carta, a la que tuvo acceso ayer este diario, y en la que se expone que el «incumplimiento» por parte de la administración local de sus «obligaciones y compromisos» en lo relativo a los acuerdos alcanzados en este asunto «determina que la resolución de mutuo acuerdo del contrato de gestión de servicios públicos sea inexistente». O dicho de otra forma, el constructor no pactará con el Consistorio y pedirá una indemnización multimillonaria por la rescisión del contrato.
La misiva del constructor en la que abre fuego contra el Ayuntamiento por la estación de autobuses centró ayer la junta de portavoces que se celebró en el Ayuntamiento de Benidorm. Una tensa reunión donde grupos de distinto color político se echaron los trastos a la cabeza para determinar quién tenía la culpa de haber llegado a esta situación, como indicaron fuentes municipales a este diario.
Una ampliación ilegal
Y es que, no hay que olvidar que, ya en el año 2012, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anuló definitivamente la adjudicación a Ortiz de la estación de autobuses de Benidorm por la ampliación que realizó durante las obras del complejo sobre el proyecto inicial. Un incremento de, nada menos, que 9.500 metros cuadrados de superficie comercial. No obstante, hay que tener en cuenta que este aumento fue autorizado por el Ayuntamiento, a través de un acuerdo plenario, en el año 2003. Ante esto, otra de las empresas que pujó por la construcción y gestión de la terminal llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que, en 2007, anuló el incremento al considerar que era de tal magnitud que se debería haber adjudicado a través de otro concurso público. Así, parte de la estación pasaba a ser ilegal.
Más adelante, en 2012, el Supremo ratificó el fallo del TSJ y determinó que Ortiz debía abandonar la gestión del complejo como castigo por sus excesos. Eso sí, Benidorm debería resarcirle por la construcción de la terminal, legalizar la construcción que estaba fuera del proyecto y volver a licitar la estación.
Dos años después de la sentencia del TS, en 2014, el Ayuntamiento abrió la vía para dar una solución al problema y constituyó una comisión paritaria para pactar con el empresario su salida de la estación de autobuses. Un camino que se ha visto bloqueado por una gran traba: la valoración económica del complejo. Varios informes, internos y externos, determinan un coste para la estación, lo que ha enquistado las negociaciones a la espera de una tasación que clarifique cuánto cuesta en realidad la terminal.
Pero Ortiz se ha cansado de esperar y el pasado mes de mayo ya mandó un escrito al Ayuntamiento dando un mes de plazo para tomar alguna decisión al respecto. De lo contrario, estaba dispuesto a acudir a los tribunales y pedir 75 millones en concepto de responsabilidad patrimonial. Una cifra a la que, en su último escrito, añade el importe de las obras, el importe de los intereses devengados, la devolución de la garantía y, además, el importe de los daños y perjuicios padecidos. Casi nada.
Será el próximo lunes cuando el gobierno de Benidorm y la oposición vuelvan a reunirse para tomar una decisión al respecto. Mientras, el portavoz del grupo Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, reclamó la necesidad de contar con informes jurídicos, elaborados por los técnicos municipales, para conocer hasta qué punto Ortiz puede reclamar la macroindemnización con la que amenaza y saber con qué arma de defensa cuenta Benidorm.
