La adjudicación de la explotación de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports durante los próximos diez años a la empresa Levantina de Servicios Acuáticos SL empezó a levantar ayer nuevas sospechas en el seno del Ayuntamiento de Benidorm. El concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, desveló que el edil del CDL Vicente Juan Ivorra trabajó hasta hace menos de un año para una mercantil que comparte importantes lazos económicos con la nueva adjudicataria, un hecho que también reconoció el propio Ivorra y que, según la ley, debería haberle llevado a ausentarse del pleno y no participar en la votación de este punto. Pero no lo hizo.
Según la documentación a la que tuvo acceso este diario, el concejal del CDL prestó sus servicios profesionales, en calidad de colaborador y asesor fiscal y contable, a la empresa Servicios y Sistemas Acuáticos SL, cuyo administrador es Juan Carlos Hernández Villaescusa, la misma persona que en el expediente de contratación municipal figura también como administrador de Levantina de Servicios Acuáticos SL. La relación profesional se mantuvo, al menos, hasta julio de 2013; esto es, hace menos de un año, cuando la ley reguladora de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece, entre las causas de incompatibilidad de los miembros de las corporaciones, «tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
En el mismo expediente también se recoge un documento, firmado por el propio Hernández Villaescusa, en el que expone que estas dos mercantiles «son un grupo de empresas, dedicándose ambas a la gestión de instalaciones y siendo el que firma socio y administrador de ambas». Ferrer afirmó ayer que el escrito del empresario sirvió para que, en la valoración de las ofertas, Levantina pudiera pasar la criba de los requisitos de solvencia económica que exigía el pliego.
Otros «favores»
La adjudicación de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports no es la única maniobra política del gobierno local que ha beneficiado a este «grupo de empresas». Tal y como contó este diario semanas atrás, y como recordó el propio Ferrer, el Ayuntamiento ha autorizado a Servicios y Sistemas Acuáticos SL el uso gratuito de las instalaciones deportivas de Foietes para impartir cursos por un periodo de cuatro años. Además, esta misma mercantil es la se encarga de gestionar los servicios de socorrismo en las playas de Benidorm, tras la adjudicación de una contrata que aglutinaba el salvamento, las playas accesibles y la limpieza y que fue concedido a la misma empresa del alquiler de hamacas.
Ante todos estos hechos, el concejal no adscrito afirmó ayer que la adjudicación del Palau se trata de «un nuevo caso de clientelismo y amiguismo por parte de los liberales». No en vano, la explotadora del Palau podrá ahora subir las tarifas hasta en un 150% y gestionar la instalación por 541 euros al mes y con los gastos pagados de electricidad, agua, basura y energía solar. «Yo advertí que había algún concejal con incompatibilidad e Ivorra tenía motivos suficientes para haberse ausentado en el pleno», dijo Ferrer, a lo que agregó que, al no hacerlo, «podríamos estar ante un caso de corrupción política», por lo que exigió al alcalde, el socialista Agustín Navarro, que abra una investigación como marca la ley para poder depurar las responsabilidades que se deriven de esta actuación.
Por su parte, el edil del CDL, que reconoció haber asesorado a Servicios y Sistemas Acuáticos, pero dijo que no se ausentó del pleno porque «la moción proponía adjudicar el servicio a Levantina y yo no he trabajado para ella». Ivorra dijo no conocer que la empresa a la que asesoró figuraba mencionada en el expediente y acusó a Ferrer de «rastrero»: «Cuando él era concejal de Urbanismo se sentaba con Enrique Ortiz a pesar de que también fue su socio y tampoco se ausentó en las comisiones donde se aprobaban pagos a la empresa de otro socio», dijo.
