Tras dos años y medio de investigación en el más absoluto secreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil culminó ayer la «Operación Erial» que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana (1995-2002), y su círculo de confianza más cercano, además de los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà. La operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción se salda, por ahora, con siete detenidos y tres investigados no arrestados, además de 22 registros en viviendas, empresas y la Conselleria de Economía.

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Junto a Zaplana y los hermanos Cotino fueron detenidos el jefe de gabinete del expresidente del Consell, Juan Francisco García; el amigo íntimo de Zaplana y exdirector de relaciones institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, su mujer Felisa López (que presuntamente ejercían de testaferros de Zaplana) y Francisco Grau Jornet, asesor fiscal del exministro y representante de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Terra Mítica. Este asesor fue detenido a primera hora de la mañana en su domicilio del Cabo de las Huertas, donde la Guardia Civil realizó un primer registro antes de trasladarse a su despacho profesional en una céntrica calle de Alicante. El registro de su oficina se prolongó hasta las once de la noche, ya que la Guardia Civil estuvo recabando información de los ordenadores de la consultora del detenido.

En la causa también figuran como investigados, aunque ayer no llegaron a ser detenidos, el expresidente de las Corts, Juan Cotino, la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y su secretaria «de toda la vida», Mitsouko Henríquez.

La investigación judicial les imputa a todos ellos el catálogo de delitos habituales en las macrocausas de corrupción: asociación ilícita, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude en la contratación. Los investigadores sospechan que Zaplana orquestó una perfecta maquinaria engrasada para el cobro de comisiones en, al menos, dos adjudicaciones multimillonarias de la Generalitat en los años 90 y 2000: las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) adjudicadas en el año 1997 bajo la tutela directa del jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; y el Plan eólico valenciano, convocado en 2001 y adjudicado a partir de 2002 en varias fases.

En este último macroconcurso, Sedesa, la empresa de la familia Cotino, logró junto a Endesa y Bancaja, unidas Valencianos, la adjudicación de las zonas 5, 6 y 11 ubicadas en las sierras orientales de Castelló, el Palancia y la zona de Ayora-Caroig.

La investigación abierta en 2015 tira del hilo para comprobar que el exministro pudo haber obtenido «cantidades millonarias» de comisiones que durante años habrían estado a buen recaudo en diversos paraísos fiscales, que algunas fuentes ubican en Uruguay, Panamá y posiblemente Luxemburgo. La operación se desencadenó tras la supuesta repatriación de parte de ese dinero oculto en paraísos fiscales. Y después de la compra de un piso, en marzo pasado, en el distrito madrileño de Chamberí, por un valor estimado de dos millones y sin préstamo hipotecario.

Precisamente el blanqueo de capitales, (con una prescripción de quince años para los cargos públicos o agentes de la autoridad) es lo que permite a los investigadores indagar sobre el resto de delitos que, debido al tiempo transcurrido, ya habrían prescrito. Aunque éste será con toda seguridad uno de los elementos de batalla de las defensas en la nueva instrucción por corrupción que investigan los juzgados valencianos.

Detenciones a las 8 de la mañana

La operación Erial se inició alrededor de las 8 de la mañana cuando dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptaban al también exministro de Trabajo de José María Aznar cuando acababa de subir a un Audi Q-7 gris, parado en la esquina de la calle Lauria con Pascual y Genís de València. Los dos agentes, un hombre y una mujer, dieron el alto al coche. E «invitaron» a Zaplana a volver a su domicilio.

El segundo «Molt Honorable» en la historia de la democracia valenciana acababa de ser detenido por orden del Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción. El registro de la vivienda en València del expresidente de la Generalitat se prolongó por espacio de casi seis horas. Al mediodía, dos grúas movilizadas por la comisión judicial retiraban dos vehículos propiedad de Zaplana (dos Audi de gama alta, uno gris y otro negro, al parecer comprados recientemente). Poco antes de las dos de la tarde, una comitiva policial de dos coches salía del garaje de la calle Pascual y Genís: primero un Seat León con cinco agentes de la UCO con cajas repletas de documentación. Y después un BMW que transportaba al expresidente visiblemente afectado y sentado en el asiento trasero junto a un guardia civil.

Su siguiente destino fue la vivienda del exministro en la cala de Poniente de Benidorm donde se enfrentó a su segundo registro del día, diligencia se prolongó desde las 19.40 hasta las 22.15 horas. Luego, fue traído de vuelta a València para pasar la noche en dependencias policiales, como el resto de detenidos, ya que aún no está previsto que pasen a disposición de la jueza.

Entre las 8.00 y las 8.30 horas, agentes de la UCO también detenían a los hermanos Vicente y José Cotino Escrivá, implicados en esta causa por el presunto pago de comisiones. Los agentes registraron la alquería que la familia Cotino tiene entre Xirivella y Alaquàs, además de la sede central de Sedesa en Aldaia.

El arresto del jefe de gabinete de Zaplana también fue peculiar. Juan Francisco García, que reside habitualmente en València, fue detenido en Barcelona donde iba a pugnar por la presidencia de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), en una asamblea que iba a celebrarse ayer mismo. Tras conocer su detención, su candidatura fue retirada.

Tras la detención de Zaplana ya son tres los expresidentes de la Generalitat, todos del Partido Popular, imputados o condenados en diversas causas judiciales: José Luis Olivas (presidente de 2002 a 2003) fue condenado (curiosamente junto a Vicente Cotino) a un año y seis meses de cárcel por falsedad y delito contra la Hacienda Pública. Olivas tiene cuatro causas abiertas en la Audiencia Nacional y la de València por su gestión en Bancaja y Bankia.

Al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, también se le investiga en dos causas abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 y en la visita del Papa a València en 2006.