Las polémicas torres levantadas por el constructor Andrés Ballester sobre la Punta Llisera de Benidorm podrían tener, ahora más que nunca, los días contados. El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los dos recursos de casación interpuestos por la Generalitat Valenciana y la mercantil Terras de l'Horta SL -una filial del Edificaciones Calpe-, junto a un grupo de propietarios, para intentar salvar de la demolición al complejo Gemelos 28. El residencial, construido hace algo más de una década a escasos metros del mar, se encuentra fuera de ordenación desde el año 2012, cuando una sentencia de este mismo tribunal anuló la licencia de edificación concedida por el Consell en 2005 por contravenir la Ley de Costas. Ahora, una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, fechada el pasado 22 de noviembre, considera injustificados los recursos de casación presentados por la Abogacía autonómica y por la promotora y cierra, por tanto, una de las últimas vías de salvación para las torres.
El complejo Gemelos 28 está compuesto de dos torres idénticas, de 22 pisos de altura y un total de 168 viviendas, la mayoría de ellas vendidas y habitadas desde el año 2011, cuando el Ayuntamiento les concedió las cédulas de habitabilidad. Aunque su historia parece del todo reciente, la misma se remonta hasta finales de los años 80, cuando el primer propietario del terreno, Achille Cafarelli, obtuvo en 1988 la primera licencia urbanística para construir en este suelo, de manos del alcalde socialista Manuel Catalán Chana. La misma se condicionó a la aprobación de un estudio de detalle que fue validado inicialmente por el pleno en julio de ese mismo año, a escasos 14 días de que entrara en vigor la Ley de Costas que incluía parte de la parcela en la zona de servidumbre marítimo-terrestre, pero cuya aprobación definitiva no se produciría hasta 1996. Y, no contentos con eso, el cambio en la propiedad del complejo trajo aparejados también cambios en el proyecto, que llevaron a Edificaciones Calpe a demoler por completo el primigenio inmueble para levantar los dos rascacielos actuales, autorizados por el Consell en 2005 y cuyas obras finalizaron cinco años después.
Vía crucis judicial
Pese a que las torres se encuentran fuera de ordenación desde el año 2012, cuando después de un larguísimo periplo judicial el Supremo ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anulaba las licencias otorgadas en 2005, la constructora, algunos propietarios y la Generalitat han intentado por todos los medios agotar cualquier resquicio legal para eludir este final.
En noviembre del pasado año, y después de que un particular exigiera durante años la ejecución de la sentencia, el TSJ ordenó a la Generalitat, como responsable de la concesión de dicha licencia, la demolición de ambas torres y la indemnización a los propietarios de las 168 viviendas de lujo, que salieron al mercado antes de la crisis con precios de partida que oscilaban entre los 460.000 y los 720.000 euros. A todos ellos, la Hacienda autonómica debía abonar el precio que pagaron por las viviendas, más un 20%, lo que sumado al coste de la demolición en sí, podría elevar los gastos a más de cien millones de euros. De hecho, el pasado junio el Consell elevó de 72 a 100 millones la provisión de fondos de la Generalitat para ejecutar este derribo, que se encontraba paralizado a expensas de conocer la decisión del Supremo.
El fallo del TS, además de inadmitir ambos recursos, condena a la Generalitat y a la promotora al pago de las costas del procedimiento, que se elevan a 2.000 euros.
Un suelo sobre el que podrían volver a edificar
¿Qué pasará si finalmente la piqueta echa abajo las dos torres de Punta Llisera? Aunque la última decisión judicial deja más cerca que nunca la desaparición de este polémico complejo urbanístico, un hipotético derribo no significaría que la zona vaya a quedar virgen de cemento. De hecho, tan sólo un tramo de la urbanización está afectada por la zona de servidumbre de la Ley de Costas, por lo que, si quisiera, el dueño de la parcela podría volver a edificar de nuevo, pero unos metros más atrás.
