Los vecinos del bloque F del Playmon Fiesta de Benidorm lo describen como «el cuarto mundo». Algunas plantas de este inmueble, que nació como parte de un residencial de lujo hace 40 años, están llenas de okupas y delincuencia. Su lucha es diaria y desde hace un tiempo se han juntado para intentar que su edificio vuelva a la normalidad o, al menos, no tener que enfrentarse cada día a los insultos y las amenazas. Pero también, su batalla se centra en afrontar las deudas que acumula la Comunidad de Vecinos y acabar con la batalla judicial entre administradores de fincas.
El residencial Playmon Fiesta nació en los años 70 como un importante complejo de apartamentos con un coste de 450 millones de pesetas, una piscina olímpica o unas pistas de tenis que inauguró en agosto de 1971 el mismo Manuel Santana junto a otros tenistas. El bloque F, donde ahora se concentran todos los problemas, cuenta con 420 estudios y apartamentos divididos en 15 plantas. De ellos, unas 130 viviendas son propiedad de los bancos, algunas de ellas con okupas en su interior; gran parte son segundas residencias; y el resto, de familias propietarias.
Hace unos años, en plena burbuja inmobiliaria, por los estudios y pequeños apartamentos se llegaron a pagar a precios desorbitados. En 2004, se podía adquirir por 121.000 euros uno de 43 metros cuadrados, lo que dejó en una media de 500 euros al mes de hipoteca a los vecinos. Ahora, como máximo, se pagan 15.000 euros pero se pueden encontrar pisos desde 5.000 euros. En los primeros casos es donde, según los residentes, «nace el drama». En hipotecas muy altas que no pueden pagarse y al final esas vivienda quedan en manos de los bancos que no hacen frente a los gastos de comunidad. Pero además, propietarios que han dejado perder las viviendas y en las que ahora vive gente de okupas y que tampoco pagan una factura. «Hay personas que prefieren alquilar el piso a precio muy bajo, a unos 150 euros, antes que alguien entre a vivir en él sin permiso», explicaron los vecinos a este diario.
Un sinfín de morosos
Entre los 420 apartamentos, son pocos los que pagan al año los 700 euros de comunidad; todo teniendo en cuenta que las viviendas propiedad de entidades bancarias «no lo hacen» y hay dueños que suman miles de euros en rojo. Así, los morosos acumulan una deuda de 817.000 euros, según indicaron a este diario algunos de los vecinos. A ello hay que sumar también deudas del edificio con la seguridad social, con el residencial Playmon al que pertenecen o de agua y luz a las que apenas pueden hacer frente. Y es que, según explicaron, «estamos en un callejón sin salida».
Primero porque la comunidad se halla inmersa en un proceso judicial desde 2014 para dirimir qué administración de fincas es la que tiene que hacerse cargo de sus asuntos y, por tanto, poner en orden todas las cuestiones económicas. Así, la anterior «fue denunciada», y según los residentes, es la que «no pagaba facturas y no sabemos dónde está el dinero». El problema es que la nueva que han elegido tampoco puede asumir los asuntos hasta que no tengan una resolución judicial. Por tanto, «es una pescadilla que se muerde la cola» porque no pueden ni denunciar a los morosos ni solucionar las deudas por muchas derramas que aprueben.
La última de ellas para arreglar el ascensor que permaneció más de un año sin funcionar y para la que algunos propietarios tuvieron que adelantar pagos precisamente porque otros no ingresan el dinero. «Tenemos un ascensor para 420 viviendas y que usan alrededor de 1.500 personas. Trabaja siete veces más de lo normal con una media de 42.000 viajes al mes, 1.400 al día, incluso por encima del de cualquier rascacielos de Benidorm», apuntaron.
Medidas urgentes
Con esta situación,un grupo de vecinos se está moviendo para sacar del agujero a este bloque F, para lo que quieren que «se aclare lo antes posible la vía judicial» para poder contar con una administración. Pero también lo han hecho para intentar atajar el problema de los okupas o la delincuencia pidiendo más presencia policial o seguridad en la zona. Así, apuntaron que han contado con la colaboración de la Policía Nacional. Pero además quieren contar con cámaras de vigilancia en la calle. Para ello, presentaron una propuesta a los presupuestos participativos que no fue finalmente aceptada, según los vecinos por una cuestión administrativa junto a la petición de un centro de Mediación Social que sí se hará finalmente pero por otra vía y para el que el Ayuntamiento ya se ha puesto en marcha para adquirir la parcela justo al lado del edificio. Para ellos, este centro es un comienzo pero aún queda mucho para hacer para sacar al Playmon F del pozo.
