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La Policía concluye que una red de empresas se lucró con 800.000€ por la Copa Davis de Benidorm en 2009

La UDEF constata los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho investigados desde 2015 al reclamar una mercantil un sobrecoste sin justificar

Disputa de un partido de la Copa Davis jugado en Benidorm en 2009.

Disputa de un partido de la Copa Davis jugado en Benidorm en 2009. jose navarro

Una investigación del grupo de blanqueo de capitales y anticorrupción de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante ha confirmado al Juzgado número 3 de Benidorm los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho por los que se lucró un entramado de empresas que se encargó de la organización de la primera eliminatoria de la Copa Davis de 2009. La disputa de aquellos cinco partidos de tenis que enfrentaron a España y Serbia entre el 6 y el 8 de marzo en un estadio gigante, con capacidad para 14.000 espectadores, construido en el aparcamiento de Terra Mítica, supuso un impresionante despliegue de medios y un desembolso económico para el Ayuntamiento de Benidorm que triplicó el coste inicial de la operación y produjo unos más que sustanciosos emolumentos a la red de empresas investigadas por la Policía Nacional durante cuatro años.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que condenó en febrero de 2015 al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 607.700 euros, más los intereses acumulados desde 2010, a una de las mercantiles que formaron parte de la UTE GP Spain -adjudicataria del contrato de gestión, organización y explotación de la prueba- dio origen a una denuncia presentada en Fiscalía por el grupo socialista de la localidad, dirigidas inicialmente al exalcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll -primer edil cuando la Copa Davis visitó la ciudad y en la actualidad diputado autonómico, que por tanto sigue aforado- y contra Enrique Muro, que en ese momento era asesor de Deportes del consistorio.

Ante la complejidad del caso, el Juzgado número 3 de Benidorm ordenó a la UDEF que se pusiera analizar con lupa el quién y el cómo se actuó para que una inversión en materia promocional tasada en 400.000 euros (cantidad con la que se adjudicó el contrato, IVA incluido), «creció» 17 meses después de acabar la competición en 607.700 euros más por culpa de un sobre coste generado por una supuesta modificación de la orientación de la pista artificial, lo que obligó a cambiar toda la estructura del estadio. Sin embargo, nadie se percató de esa circunstancia hasta que la red de empresas, utilizando una documentación de dudosa fiabilidad, reclamó esa cantidad extra de dinero que al final, a pesar del recurso del ayuntamiento, llegó a sus bolsillos, con intereses incluidos.

Intereses y demora

Los 607.700 euros, al aplicarles un 6% anual desde que se exigieron en 2010, habrían superado ya los 800.000 euros, pagados en su día por el Ayuntamiento de Benidorm, que tuvo que acatar la sentencia judicial, y entregados a un conglomerado de empresas vinculado a varias tramas de corrupción, destapadas con la «Operación Taula» que acabaron con la detención, entre otros del expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en esa provincia, Alfonso Rus, además de parte del círculo de confianza de la que fuera alcaldesa de València, Rita Barberá.

En cualquier caso, ante la gravedad de los hechos constatados por la investigación de la UDEF, tal y como consta en el informe al que ha tenido acceso este diario, fechado en julio , el grupo de blanqueo de capitales ha pedido al Juzgado número 3 de Benidorm que solicite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que aporte toda la información entre los años 2009 y 2019 que conste en sus bases de datos sobre las personas, físicas o jurídicas, implicadas en el caso. Al igual que se pedirá documentación a la Confederación de Cajas de Ahorros y la Asociación Española de Banca.

Con independencia de las averiguaciones sobre el destino del dinero del que se lucraron las empresas investigadas, en el centro de toda la trama figuran dos personas, muy conocidas en Benidorm, que llevaron de primera mano la negociación con la Real Federación Española de Tenis y con la empresa adjudicataria, GP Spain. Gonzalo Morell y Enrique Muro, ambos militantes del Partido Popular en aquella época, fueron quienes cerraron «acuerdos verbales», como consta en el informe policial sin que ninguno de los dos, considerados los «coordinadores» de la prueba, llegaran a tener una relación contractual con el Ayuntamiento de Benidorm que les permitiera tomar decisiones, adquirir compromisos de ningún tipo o representar al municipio. Algo que la UDEF confirma que sí hicieron y con un margen de acción muy amplio.

Morell, en su día alto cargo con Eduardo Zaplana en el Consell, y Muro, entre otras actuaciones, llegaron a zanjar una primera solicitud de sobre coste, demandada antes incluso de que se adjudicara el contrato (12 febrero 2009). En una reunión en el Hotel Villaitana, el 22 de enero de 2009, los dos coordinadores pactan que la empresa adjudicataria GP Spain concedía a la Federación de Tenis 15 palcos (8 de fondo y 7 laterales), cuya explotación estaba valorada en 96.860 ?, y que Ayuntamiento de Benidorm trataba de facilitar a esta UTE un sponsor que ayudara a soportar el «incremento de coste». Ahí, a simple vista, se puso freno a la reclamación de sobre coste, cuando las pistas ni siquiera se habían construido. Diecinueve meses después, Enrique Aleixandre Chumillas, gerente de SP SPAIN, reclamó 607.700 euros más, cantidad que las empresas se acabaron embolsando.

Un entramado de mercantiles ligadas a casos de corrupción del PP

La UTE GP SPAIN, adjudicataria del contrato de organización de la eliminatoria de la Copa Davis disputada en Benidorm es una unión temporal de empresas formada por Ommega Mmoe SLU, representada por Jaime José Úbeda Merino, vinculado al caso Imelsa; Delice Pan y Arte SL, representada por Evelio Hoyos Rodríguez; Strike en tu Diana SL, representada por Oriol Altell Albajes; Empleo a Tiempo SA, representada por Miguel Ángel Tobaruela Padilla; y Universo Selección, representada por Enrique Aleixandre Chumillas, que aparece en el sumario de la «Operación Taula» y también forma parte del complejo entramado de Engloba Grupo de Comunicación, que constituía la competencia directa de la Gürtel de Francisco Correa. Durante aquellos años, las cinco mercantiles que formaron la UTE cambiaron continuamente de accionariado y capital, movimientos que ahora se investigan.

Un montaje faraónico perseguido con ansia por la capital del turismo

Benidorm persiguió su objetivo de acoger la Copa Davis durante meses. Cuando la Federación de Tenis (RFET) la descartó en mayo de 2008 para organizar las semifinales de aquel año, se puso enseguida en marcha la maquinaria para que la primera eliminatoria de la competición de 2009 fuese en la capital del turismo. El mismo proyecto que se preparó para 2008, montando un estadio con gradas gigantes, con capacidad para 14.000 personas en las inmediaciones de Terra Mítica, se volvió a ofrecer a la RFET, que esta vez sí aceptó. De algún modo los interlocutores eran los mismos. Por parte del Ayuntamiento actuaron Gonzalo Morell y Enrique Muro, de los que la UDEF dice que no tienen vinculación contractual con el consistorio benidormí, y por parte de la Federación, siempre estaba presente Alberto Riba, director general de la entidad, que más de un año después de disputarse la competición firmó un escrito, en nombre de la RFET, avalando que se tuvo que hacer una modificación de la pista que generó un coste extra de 607.700 , pieza clave en la investigación.

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