La historia del restaurante ubicado en la Isla de Benidorm suma un nuevo capítulo. La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado ante Fiscalía un nuevo informe en el que recoge indicios sobre los posibles delitos cometidos por este establecimiento y, según las fuentes consultadas por este diario, también a la inacción del Ayuntamiento en las figuras de sus últimos alcaldes, el exprimer edil socialista Agustín Navarro y el actual popular Antonio Pérez. Este paso del ente valenciano, según las mismas fuentes, se sumaría a un proceso judicial ya abierto hace tiempo sobre este asunto que en los últimos años ha traido cola en la capital turística.
El restaurante de la Isla de Benidorm funciona desde hace cerca de 60 años siendo uno de los puntos turísticos que recibe en temporada alta a decenas de turistas cada día. Sin embargo, su situación administrativa está en duda desde hace unos años por varias razones. Entre ellas, porque carece de licencia de apertura a pesar de que el establecimiento abre para atender a los clientes.
De hecho, Costas comunicó al Ayuntamiento de Benidorm a principios de este año que tenía tres meses para derribar los elementos que hay en la Isla, como el restaurante o las escaleras. Sin embargo, el equipo de gobierno alegó que es precisamente el Gobierno central quien tiene las competencias sobre ese terreno. De hecho, el gobierno actual del PP sigue manteniendo como entonces los mismos argumentos por lo que «no podemos actuar», según explicaron fuentes municipales, quienes apuntaron a que los informes técnicos así lo contemplan también. De hecho, Benidorm solicitó a este organismo dependiente del Gobierno central la concesión de este espacio natural para intentar poner orden en el islote, una petición «que seguimos esperando que Costas resuelva». En cuanto al informe de Antifraude, las mismas fuentes no se pronunciaron al respecto.
Sin licencia de apertura
Como ya publicó este diario, la última vez que los propietarios solicitaron la licencia de apertura fue en agosto de 2018. Solo un mes después, presentaron un recurso al rechazar la Concejalía de Urbanismo su petición, pero también fue desestimado en enero.
El Ayuntamiento basó entonces sus argumentos en que el establecimiento se encuentra en suelo de dominio público marítimo-terrestre y no cuenta con el «título habilitante para el uso de la instalación». Y es que, la Isla, ubicada además dentro del parque natural de la Serra Gelada, está inscrita en el registro en favor del Estado desde el 24 de diciembre de 1963 e incluida dentro del dominio público desde 1968. De ahí que el Ayuntamiento siga exponiendo que no es competencia suya. Ahora será el juzgado el que tendrá que pronunciarse al respecto sobre si ha habido o no delitos en todas las acciones llevadas a cabo los últimos años.
