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El derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm continúa en los tribunales un año después

La demolición del complejo, sobre el que pesa una sentencia del Supremo, llega a la Corte de Mediación y Arbitraje para buscar un acuerdo «in extremis»

Las dos torres de Punta Llisera sobre las que hay una orden judicial de derribo. david revenga

Finales de 2108. El Tribunal Supremo emitía un fallo en el que rechazaba el último movimiento dado por las partes para evitar la demolición de las dos torres de Punta Llisera de Benidorm. Escaparse del derribo de estos dos edificios sobre el que pesa una sentencia desde hace dos años se ponía así más complicado para la Generalitat. Un año después de ese momento, el proceso sigue aún en los tribunales y con la duda persistente de si será posible evitar tirar los dos inmuebles abajo.

Pero a esta historia de varios capítulos se ha sumado otro. Las partes han llevado ahora al Tribunal de Mediación y Arbitraje el asunto para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todos; o que, al menos, sea el menos perjudicial. Según la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el TSJ reunió a las partes en diciembre para ver si la decisión sobre la ejecución de la sentencia se derivaba a esa corte de mediación. La decisión, finalmente, fue que sí, aunque con ello no se suspendía el proceso judicial, según las mismas fuentes. Ahora, este tribunal tendrá 60 días para pronunciarse sobre el proceso al que el pasado mes de noviembre se sumó el Ayuntamiento de Benidorm como parte afectada para intentar defender los intereses de la ciudad e intentar frenar también la demolición.

Con una decisión aún sobre la mesa, la incertidumbre sobre si realmente habrá que derribar las torres sigue viva, sobre todo entre los vecinos de las mismas, que podrían perder sus casas. Hace poco más de un año, en noviembre de 2018, el Tribunal Supremo rechazó los dos recursos de casación interpuestos por la Generalitat Valenciana y la mercantil Terras de l'Horta SL -una filial del Edificaciones Calpe-, junto a un grupo de propietarios, para intentar salvar de la demolición al complejo Gemelos 28. La decisión cerraba una de las últimas vías para salvar los inmuebles y dejaba el proceso en la situación actual.

Pero la historia de las dos torres situadas en Punta Llisera, de 22 alturas y situadas en el Rincón de Loix de Benidorm, viene de lejos. Los inicios fueron en los años 80, cuando el primer propietario, Achille Cafarelli, obtuvo en 1988 la primera licencia urbanística para construir en este suelo del Ayuntamiento. La aprobación definitiva no se produciría hasta 1996. Luego cambió la propiedad del complejo y también el proyecto. Edificaciones Calpe demolió el antiguo inmueble para levantar los dos actuales, autorizados por el Consell en 2005 y cuyas obras finalizaron cinco años después.

El periplo judicial empezaría años más tarde. Las torres se encuentran fuera de ordenación desde el año 2012 cuando el Supremo ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anulaba las licencias otorgadas en 2005. En noviembre de 2017, y después de que el particular que inició todo el proceso exigiera la ejecución de sentencia, el TSJ ordenó a la Generalitat, como responsable de la concesión de dicha licencia, la demolición de ambas torres.

Intento a la desesperada

Desde entonces, el Consell ha intentado por todos los medios evitar el derribo que llevaba aparejado la indemnización a los propietarios de las 168 viviendas de lujo que compraron sus casas en un principio por una media de 500.000 euros. La administración autonómica deberá abonar el precio que pagaron por las viviendas, más un 20%. El último recurso fue el que se agotó hace un año.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la Generalitat ya habría cumplido algunos de los pasos que le requería el tribunal antes de llegar a esa Corte de Arbitraje. Entre ellos, ha entregado el proyecto de demolición que, según las fuentes consultadas por este diario, será complicado en el caso de que se tenga que llevar a cabo finalmente.

Pero también consignó en el presupuesto las indemnizaciones a los dueños de las viviendas de las torres de Punta Llisera con una partida de 70.777.302,28 euros, según la misma documentación. A ello habría que sumar el coste del derribo de esos dos edificios que ya forman parte del «skyline» de Benidorm. Con todo, algunas fuentes apuntan a que, si se lleva a cabo, como sólo un tramo de la urbanización está afectada por la zona de servidumbre de la Ley de Costas, el propietario podría volver a construir unos metros más atrás.

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