Los ocho concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Altea decidieron esta semana, mediante una reunión por videoconferencia múltiple, donar 1.500 euros de sus retribuciones como ediles "para ayudar a paliar los efectos negativos del COVID-19", según comunica el grupo municipal popular este miércoles en un comunicado.

La portavoz popular, Rocío Gómez, señaló que "desde el grupo municipal popular reiteramos nuestro agradecimiento a las personas que están luchando contra este virus, tanto sanitarios, como Fuerzas de Seguridad, o trabajadores de distintos sectores esenciales que siguen al pie del cañón. Sin olvidar a los voluntarios que ayudan día a día a tantas personas que lo necesitan. Y, como no, a todos los alteanos que, cumpliendo con el 'QuédateEnCasa', están ayudando a que el virus no se propague más". Gómez añadió que ahora "es momento de solidaridad y de estar a la altura. Por esta razón hemos decidido repartir los 1.500 euros entre Cáritas, Cruz Roja y Corazón Express, que son las tres principales asociaciones que en Altea están haciendo la labor social". Así mismo, la edil indicó que "deseamos que también se impliquen los concejales de los otros grupos políticos del Ayuntamiento de Altea".

En este sentido, la portavoz del PP adelantó que su grupo presentará "una moción en el próximo pleno para aprobar que durante Estado de Alarma, desde su inicio hasta el levantamiento del mismo, ninguno de los 21 concejales cobre más del sueldo medio interprofesional (950 euros brutos al mes con 14 pagas anuales)".

En el comunicado, el grupo municipal popular afirma que entre distintas propuestas y acciones "estamos llevando a cabo la petición de exigir a la Consellería de Sanidad que adquiera los test necesarios para detectar el COVID-19 y que comience a hacérselos cuanto antes a los ciudadanos, recogiendo las recomendaciones de la OMS que indican que es fundamental esta acción para detener la pandemia". De igual modo, "hemos solicitado que desde el Ayuntamiento de Altea se traslade a la Consellería de Sanidad la petición de conocer los casos de afectados por el COVID-19 por municipios, como en otras comunidades autónomas", pues "se trata de saber sólo los números, sin más datos que puedan afectar a la protección de datos, y que ayudaría a la hora de tomar las medidas oportunas".

Ahorrar 23.000 € mensuales para reactivar el empleo y la economía

La propuesta del PP que quiere llevar a pleno para que todos los concejales de Altea cobren no más del salario medio interprofesional de 950 euros brutos mensuales "supondría un ahorro de 23.000 euros mensuales para las arcas municipales que podrían destinarse para reactivar el empleo y la economía alteana", según Rocío Gómez.

En 2019, después de las elecciones municipales, la corporación municipal celebró el 28 de junio la sesión plenaria para aprobar las nuevas retribuciones de los ediles. El Ayuntamiento está gobernado por la coalición Compromís-PSOE, y el pleno aprobaba que el alcalde Jaume Llinares (Compromís) y la portavoz del PSOE, Vicenta Pérez, cobrarían al año catorce mensualidades de 2.769,82 euros brutos cada uno.

En cuanto al Equipo de Gobierno, los concejales de Compromís, Diego Zaragozí, Xelo González, María Antonia Laviós, Aurora Serrat, José Francisco Orozco y Pere Barber; y del PSOE, Miguel de la Hoz, José Luis León y Marta Lloret, cobrarían 14 pagas al año de 2.336,00 euros brutos cada uno. El edil Rafael Mompó solo cobraría por asistencia a las sesiones plenarias (55,33 euros brutos/sesión) y por asistencia a las comisiones informativas (186,45 euros brutos/sesión si la presidía, o 25,16 euros brutos/sesión si era vocal).

De los grupos de la oposición, la portavoz del PP recibiría 14 pagas anuales de 1.668,57 euros brutos. Las portavoces de Ciudadanos, Amalia Campomanes, y de Altea amb Trellat, Anna Alvado, cobrarían 14 pagas anuales de 1.334,85 euros brutos cada una. Los portavoces adjuntos del PP, Silvia Pérez y Juan Martínez Picó, recibirían una asignación de 1.168 euros brutos en 14 pagas anuales cada uno. Y los concejales del PP, Jesús Ballester, Antonio Ferrer, María Luisa Merenciano y Pedro Barber cobrarían cada uno 55,33 euros brutos por asistir a los plenos municipales, y 25,16 euros brutos por asistir a cada comisión informativa.