El proceso de mediación que se había abierto para intentar llegar a un acuerdo entre las partes y evitar la demolición de las dos torres de Punta Llisera se ha cerrado sin acuerdo. Un varapalo para todos, entre los que está el Ayuntamiento de Benidorm, y que agota prácticamente la vía judicial para evitar tener que tirar abajo estos dos edificios situados sobre el mar en el Rincón de Loix. Pero este último paso, que deja el proceso sin casi opciones, no va a parar al Ayuntamiento. Así gobierno (PP) y oposición (PSOE y Cs) se unirán para intentar encontrar una vía que evite el derribo y que, según las fuentes consultadas, podría ir por el plano económico o medio ambiental.
Alegan que el derribo conllevaría dos costes: el importe que costaría derribarlas y cómo afectaría al medio en el que se encuentra, como explicó a este diario la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, después de conocer la resolución de la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de València, quien ha cerrado el procedimiento de mediación sin acuerdo entre las partes. Cabe recordar que estos dos edificios de 22 alturas y 168 apartamentos se encuentran fuera de ordenación desde el año 2012, cuando el Tribunal Supremo ratificó un fallo previo del TSJ que anulaba la licencia que la Generalitat otorgó a Edificaciones Calpe en 2005 por invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre.
«El Ayuntamiento se va a posicionar claramente contra este derribo», apuntó la edil quien recordó que desde el momento que conocieron la sentencia, la postura del consistorio ha sido la misma: intentar evitar por todos los medios que esos dos rascacielos tengan que derribarse. Ahora las opciones son contadas. Pero para empezar, gobierno y oposición intentarán llevar a pleno una moción conjunta con esa postura en contra y que esté basada en los criterios de los técnicos jurídicos del Ayuntamiento que ya trabajan para encontrar un resquicio que permita «salvar» las torres.
El portavoz del PSOE, Rubén Martínez, indicó que «estamos de acuerdo en que se exploren fórmulas para garantizar la inejecución de la sentencia desde un punto de vista judicial». Y en el mismo sentido se pronunció el portavoz de Cs, Juan Balastegui, quien apuntó que «apoyaremos todos los informes y soluciones técnicas que se den».
Coste económico
«El coste económico del derribo es tremendo», indicó la concejala de Urbanismo. Una cuestión de la que tendrá que hacerse cargo la Generalitat como así lo dictó la sentencia. Así, será la administración autonómica la que deberá demoler las dos torres e indemnizar a los propietarios con el importe por el que compraron su vivienda, más un 20%; lo que se cifró en más de 100 millones de euros que saldrían de las arcas públicas.
Pero además, está la parte medio ambiental por esa demolición, al encontrarse muy cerca del mar y en el marco del parque natural de Serra Gelada, y porque «no olvidemos que el solar seguirá siendo de los propietarios que van a poder edificar de nuevo uno o dos edificios con un poco de retranqueo pero la misma edificabilidad», lo que supondrá «un verdadero impacto en todos los sentidos», añadió.
Todo porque el suelo «es urbano y no tiene protección» para evitar que se construya de nuevo. El concejal socialistas también se pronunció indicando que «no tiene sentido acometer ese gasto» para que los propietarios puedan volver a construir. Una opinión compartida con Balastegui: «Es una auténtica barbaridad que se derribe para que pueda volver a levantarse».
El Ayuntamiento «va a luchar para evitar el derribo», concluyó Caselles. Una lucha a la que le quedan pocas opciones tras agotarse ese último aliento que podría haber dado llegar a un acuerdo entre propietarios, Consell, Ayuntamiento y denunciantes.
