El Ayuntamiento de Benidorm y los representantes de la empresa concesionaria de la Estación de Autobuses, propiedad del polémico empresario alicantino Enrique Ortiz, han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato de explotación de esta infraestructura, como obligaba a hacer una sentencia del Tribunal Supremo desde el año 2012. Entonces, el alto tribunal ratificó otra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2007, que anulaba la autorización municipal que en el año 2003 concedió el Consistorio a Ortiz para ampliar la zona comercial de la terminal y, con ella, la concesión para su explotación.

A raíz del fallo del Supremo, los últimos tres gobiernos de Benidorm –uno del PSOE, dos del PP– habían intentado alcanzar un acuerdo con el constructor para finiquitar de mutuo acuerdo el contrato y, de este modo, que ninguna de las partes saliera perdiendo. Y el acuerdo llegó este martes.

Según confirmaron fuentes del gobierno local, Benidorm compensará a Ortiz con 24,5 millones de euros por las obras ejecutadas en la estación y que no han sido aún amortizadas, a cambio de que él acepte la rescisión de la concesión. Ahora bien, esta cantidad no será desembolsada por las arcas públicas, sino que correrá a cuenta del nuevo adjudicatario una vez se vuelva a licitar la instalación y, a su vez, se legalice todo el complejo comercial y hotelero anexo que había quedado fuera de ordenación también a raíz de la sentencia del Supremo.

El acuerdo sobre la valoración económica de la estación se ha alcanzado en el seno de la comisión paritaria, que estuvo meses paralizada como consecuencia de la crisis del coronavirus, de la que forman parte el secretario municipal, el interventor, un técnico del área económica y los representantes de la empresa. A partir de ahora, el gobierno local llevará al próximo pleno el mutuo acuerdo alcanzado con Ortiz, que permitirá a su vez el cierre de dicha comisión paritaria.

El Ayuntamiento volverá a licitar en el plazo de seis meses la gestión de la Estación de Autobuses, aunque se contempla un plazo adicional de tres meses más si fuera necesaria una segunda licitación. Por su parte, la empresa de Ortiz se compromete a abandonar la infraestructura y las zonas comerciales y de uso hotelero y a dejar todas las instalaciones en perfecto estado, para lo cual deberá ejecutar un proyecto de rehabilitación integral cuyo coste asciende a 287.141 euros.

Una de las mayores irregularidades urbanísticas de la ciudad

Pese a tener un inicio lejano en el tiempo, la historia de la estación de autobuses de Benidorm constituye una de las mayores irregularidades urbanísticas ejecutadas en el municipio por el polémico Enrique Ortiz con el beneplácito de los entonces gestores municipales. El Ayuntamiento adjudicó en 2003 el proyecto que preveía también una pequeña zona de tiendas, con habitaciones para el descanso de los conductores de bus. Meses después, Ortiz pidió ampliar la zona comercial. De los 500 m2 previstos, acabó levantando 10.000 y un hotel. En 2007 y 2012 dos sentencias anularon la concesión porque el proyecto no tenía nada que ver con el original.