El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha admitido a trámite una querella interpuesta por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el alcalde de Altea, Jaime Llinares, el concejal de Urbanismo de ese municipio, José Orozco, y el representante de la mercantil Órbita Solar S.L. por unas obras que se están realizando para la construcción de un nuevo módulo en el Hotel Altea Hills, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. Así se han abierto diligencias previas "para la averiguación de los hechos denunciados".
La denuncia, presentada por un particular y registrada el pasado mes de octubre, acusa a la mercantil de ser la "promotora de presuntas infracciones urbanísticas en el ámbito del ‘Plan de Reforma Interior para la delimitación de área discontinua de actuación de dotación en suelo urbano consolidado en la Urbanización Altea Hills’" y que contempla la ampliación y reforma del hotel para la construcción de un nuevo módulo de servicios complementarios de spa y salud.
Cabe recordar que el complejo hotelero ocupará las antiguas instalaciones del hotel que le compraron los empresarios Juan Ferri y José Baldó en 2015 al constructor Andrés Ballester y donde está proyectada una reforma para convertirlo en un gran centro de vida saludable con una superficie superior a los 25.000 cuadrados construidos y otros 50.000 metros cuadrados de jardines biotemáticos. El proyecto se presentó en abril de 2019.
La querella presentada por un particular, según informaron fuentes conocedoras del asunto, afirma que "existe presuntamente un plan preconcebido entre el ayuntamiento y la mercantil mediante el cual, el primero presuntamente daba apariencia legal a través de expedientes de restauración de la legalidad que se dilataban en el tiempo mientras Órbita Solar realizaba las obras con total impunidad a sabiendas que posteriormente con la tramitación del PRI iban a conseguir legalizarlas". Así, el particular añade que "durante dos años, desde el 2018, el gobierno municipal de Altea ha estado tramitando expedientes que, lejos de ser una solución, no eran más que un formalismo, hasta tal punto que advertían de que iban a dar traslado de los mismos al Ministerio Fiscal y posteriormente no se trasladaban".
La querella también apunta, según las mismas fuentes, a que la "mercantil Órbita Solar pretende presuntamente con este PRI la modificación de la calificación y zonificación de determinadas parcelas incluidas en el Plan Parcial el Aramo, polígono de la Malla, dando cobertura urbanística a la remodelación del conjunto hotelero que en la actualidad se presta en las parcelas AH-415 Hotel y HS Servicios complementarios (spa y salud) y con ello reforzar el área de servicios complementarios del hotel creando un nuevo módulo constructivo", según las mismas fuentes.
El denunciante recalca que las "obras empezaron antes de la aprobación del PRI, concretamente en noviembre de 2018", y por tanto, "antes de la obtención de las correspondientes licencias". El escrito documenta que el ayuntamiento de Altea "reconoce en un informe firmado por el concejal de Urbanismo, José Orozco, la ejecución de obras en dicho emplazamiento sin licencia municipal y ordena la suspensión inmediata de las mismas, afirmando que se ha iniciado el procedimiento para la restauración del orden urbanístico alterado", siempre según la versión del denunciante.
El mismo acusa al alcalde de Altea y al concejal de Urbanismo de "mantener una actitud pasiva al respecto a pesar de los informes existentes ya que han permitido que durante dos años se ejecuten excavaciones y cimentaciones sin licencia ni autorización municipal".
Con todo, el pleno municipal aprobó el pasado 3 de septiembre el PRI en el ámbito del sector El Aramo, polígono La Malla. El documento presentado en el juzgado indica que el "presunto fraude de ley este acuerdo plenario dado que la Junta de Gobierno era sobradamente conocedora de los diferentes expedientes de disciplina urbanística de los que la entidad promotora hizo caso omiso a las paralizaciones requeridas por el ayuntamiento y, en segundo lugar, dado que se tramitó con carácter de urgencia", según indicaron las mismas fuentes. La querella concluye que "el equipo de gobierno estaría incurriendo en un presunto ilícito al pretender legalizar a través de la figura del PRI las actuaciones denunciadas por los propios técnicos municipales".
Preguntado por la misma, el concejal de Urbanismo indicó a este diario que "es un expediente totalmente limpio donde los informes técnicos justifican el procedimiento".
