Benidorm quiere decidir dónde va parte del dinero que paga cada año como canon a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) y así poder destinarlo directamente a mejorar infraestructuras como la depuradora de la ciudad. Así que pedirá al Consell y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) la modificación de la legislación actual en materia de financiación de las instalaciones de depuración y en la gestión del canon de saneamiento para que las entidades locales puedan gestionar estos recursos.
Así lo aprobó ayer el pleno por unanimidad. La intención del gobierno local, y que fue apoyada por PSOE y Cs, es que se pueda con ese canon realizar las inversiones necesarias en infraestructuras hidráulicas que son «críticas y vitales, más aún en una localidad turística como Benidorm», según el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. Por ejemplo, en la depuradora con la que cuenta el municipio. Eso sí, la petición pretende mantener el «espíritu» de la actual ley, que data de 1992, y que es el de «solidaridad» con otras localidades.
El edil dio datos concretos. En los últimos 9 años, el Ayuntamiento de Benidorm ha abonado a la EPSAR más de 50 millones de euros, mientras que el gasto de funcionamiento y mantenimiento de la depuradora y su red ha sido de 38 millones de euros, según el edil, lo que deja un saldo favorable de 12 millones de euros para el organismo autonómico.
La Ley de Saneamiento valenciana establece que parte de ese superávit generado por la gestión de la EDAR de Benidorm –entre el 20 y el 30%- debe destinarse al mantenimiento de instalaciones de municipios que son deficitarias, pero no el 100%, por lo que hay al menos 8,5 millones de euros que podrían haberse destinado a inversiones para la mejora del sistema y red de Benidorm. Pero además, desde 2017 hay un convenio suscrito entre la EPSAR y los municipios de Benidorm, l’Alfàs del Pi y La Nucía, para invertir 3,5 millones de euros pero no se ha hecho, según el concejal.
Así añadió que la petición es «de justicia, porque no puede ser que los municipios, sobre todo los de más de 50.000 habitantes, hagamos un desembolso importante» y que «éste no repercuta en la mejora de sus infraestructuras. La petición de Benidorm pretende llegar a todos los municipios que estén en la misma situación.
No solo se aprobó esta moción en el pleno. Entre los asuntos tratados, la propuesta del PSOE para crear un bono turístico local para atraer visitantes a la ciudad. Tras hasta cinco retiradas del orden del día en seis meses, fue ayer cuando finalmente donde finalmente se ha debatido pero fue «tumbada» por el gobierno local del PP con su mayoría. La razón: los populares consideran que, aunque no les parece mal la medida, no es el momento de destinar hasta 6 millones del presupuesto de 2021 a esta cuestión sino a ayudas directas a las familias, autónomos y pymes.
El PSOE no entendió la posición del PP y Cs, que seguía en su argumento al de los populares, añadió su propia propuesta: crear bonos para las familias empadronadas para que puedan canjearlos en los establecimientos del municipio a fin de incentivar la economía local.
Malentendido entre Pérez y Martínez
El pleno debatía una moción política del PP contra la denominada «Ley Celaá» de Educación. El debate era un intercambio de opiniones entre PP y PSOE, con Cs como invitado cada vez que tenía turno de palabra. Los dos primeros no comparten argumentos sobre la nueva ley que ha promovido el Gobierno central, pero el mayor enfrentamiento no llegó por ello, sino por un malentendido (o al menos eso pareció) en una frase que dijo el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, y que el alcalde, Toni Pérez, entendió diferente. En concreto, hablando de los niños con necesidades especiales en los colegios, el socialista aludió a «niños que puedan tener un trastorno como TEA» o cualquier otro. Tras su larga exposición, en su turno de palabra, el alcalde intervino para reprocharle a Martínez que se hubiera referido a «niños trastornados» y que entendía que «había sido un lapsus». El socialista no se quedó callado y pidió al alcalde que rectificara y que parara el pleno para ver la grabación del mismo para comprobar que no había dicho esa frase y amenazó incluso con irse del pleno tras esa acusación. Un «rifirrafe» que dejó con muy mal sabor de boca a los socialistas.
