La Conselleria de Justicia agrupará a partir del próximo mes de octubre los cuatro juzgados que ahora funcionan dispersos en varios edificios de La Vila Joiosa en una única sede judicial para mejorar la prestación del servicio y facilitar el acceso al mismo a usuarios y profesionales. Así lo confirmó ayer la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, después de visitar las futuras instalaciones del nuevo Palacio de Justicia, que estará ubicado en la calle Juan Tonda Aragonés y cuyas obras está previsto que finalicen entre finales de septiembre y primeros de octubre. La consellera recorrió el inmueble acompañada de distintos técnicos así como representantes de la corporación municipal, entre ellos el alcalde de La Vila, Andreu Verdú.
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 2.230.909 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, y permitirán transformar el antiguo centro de salud de la localidad, ubicado en la calle Juan Tonda Aragonés, en la nueva sede judicial.
El inmueble abarca una superficie total de 2.100 metros cuadrados, distribuidas a lo largo de cinco plantas de altura, en las que se ubicarán todos los servicios vinculados a la Administración de Justicia. Así, el futuro Palacio de Justicia albergará los cuatro juzgados existentes, una clínica médico-forense, calabozos, un salón para poder celebrar bodas civiles, Registro Civil, despachos para abogados y procuradores y zonas de descanso para el personal, según destacaron fuentes de la conselleria.
Las mismas fuentes explicaron que el inmueble tendrá un aforo máximo de 230 personas y también será sede de la decimotercera Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de la provincia de Alicante
Los juzgados del partido judicial de La Vila Joiosa atienden a una población conjunta que roza las 69.000 personas residentes en catorce de los dieciocho municipios de la comarca de la Marina Baixa, todos a excepción de Benidorm, Altea, l’Alfàs del Pi y Finestrat, que están adscritos al partido judicial de Benidorm.
Desde el inicio de las obras, que arrancaron en la anterior legislatura, se ha trabajado en la demolición de tabiques y sustitución de instalaciones. A partir de ahora se procederá al revestimiento de la fachada y a la ejecución del resto del acondicionamiento del inmueble, que además contará «con sistemas de eficiencia energética y paneles fotovoltaicos en el tejado», ha explicado la consellera.
«Después del verano podremos contar con un edificio judicial que recoge los principios básicos de nuestro Plan de Infraestructuras en una sede judicial para una Justicia del siglo XXI», ha destacado Bravo, quien también ha puesto en valor que este inmueble es el primero de este Plan de Infraestructuras diseñado por su conselleria.
Por su parte, el alcalde del municipio, Andreu Verdú, agradeció a la Generalitat esta «importante inversión» en un servicio que tildó de «fundamental para nuestro municipio y para el conjunto de la comarca». El regidor destacó que la puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia permitirá «tener todos los juzgados juntos y en instalaciones más amplias y modernas», algo que consideró «muy importante para La Vila como capital de comarca». El alcalde avanzó también que el Ayuntamiento prevé limitar el tráfico en la calle de Juan Tonda Aragonés para que únicamente puedan acceder los funcionarios, letrados y usuarios, además de los propietarios de aparcamientos privados de los edificios colindantes. También indicó que se reservarán unas 15 plazas de servicio oficial para dar servicio de aparcamiento al inmueble.
Servicio a 69.000 vecinos de 14 pueblos de la Marina Baixa
El partido judicial de La Vila Joiosa da servicio a unos 69.000 vecinos de 14 municipios de la Marina Baixa, todos a excepción de Benidorm, Altea, l’Alfàs del Pi y Finestrat, que están adscritos al partido judicial de Benidorm. De ahí que la reagrupación de todos los edificios judiciales en una misma sede sea tan importante para mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos. De hecho, aunque la distancia que separa los juzgados no es muy amplia, tener que desplazarse de una a otra sí suponía un desbarajuste para ciudadanos y para profesionales.
