Dictar en el plazo aproximado de un mes el lanzamiento de una vivienda okupada sin abocar a sus legítimos propietarios a tener que soportar un proceso largo, lento y costoso para poder volver a recuperar su propiedad. Ese es el objetivo de un protocolo desarrollado por la juez decana del partido judicial de La Vila Joiosa, Consuelo María Martínez Molina, que pretende agilizar en gran medida procesos que muchas veces llegan a prolongarse durante cerca de dos años y que, sin dilaciones innecesarias, podrían estar resueltos en cuestión de semanas.
La también titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de la localidad ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa para que sea la Policía Local de este municipio la primera en poner en práctica este documento, al que también pretende sumarse el puesto de la Guardia Civil de la localidad y por el que se han interesado también Policías Locales de otros municipios de toda la Comunidad, jueces y el propio TSJ, según explicó la juez.
¿En qué consiste realmente este protocolo? Martínez Molina indica que el mismo no hace más que aplicar los mecanismos que ofrece la ley, en concreto la instrucción 1/2020 de 15 de septiembre emitida por la Fiscalía General del Estado y la instrucción 6/2020 emitida por la Secretaría Nacional de Estado, para resolver de forma ágil un problema tan de actualidad como el de la okupación y que muchas veces no se emplean porque se desconocen. Es por ello que el documento, en cuya reacción ha participado también el oficial de la Policía vilera Miguel Palacios, incluye un detallado esquema con todas las pruebas que se han de aportar al juzgado en las diligencias policiales, de modo que no se produzcan dilaciones innecesarias por el cruce de requerimientos adicionales entre jueces y agentes, como la solicitud de identificación de los ocupantes, la aportación de títulos de propiedad, etc., que acaban por eternizar los procesos.
La necesidad de desarrollar este documento surgió a petición del propio Consistorio. «Tenemos dos edificios ocupados ilegalmente en su totalidad -uno, propiedad de una entidad bancaria; otro de una empresa en concurso de acreedores- y que estaban generando muchos problemas de convivencia y de creciente inseguridad ciudadana en sus alrededores, con peleas, tráfico de drogas, agresiones, incendios, robos,...», explica el Intendente Jefe de la Policía Local de La Vila, José Álvarez. Ante esta situación, el gobierno local sugirió contactar con la decana para plantearle su preocupación por este tema e intentar buscar soluciones de manera conjunta, lo que dio pie a la redacción de este protocolo de actuación y la firma del convenio de colaboración entre ambas administraciones en esta materia.
Delito leve de usurpación
Los principales requisitos para poder desarrollar este protocolo son que se interponga una denuncia previa por parte del propietario de la vivienda ocupada de forma ilegal y que la causa pueda tramitarse como delito leve de usurpación. Es decir, que no haya habido violencia o intimidación, no sea morada, no exista ningún documento que legitime la posesión y la okupación se produzca con ánimo de permanencia. A partir de ahí, el documento detalla uno a uno los pasos que han de dar los agentes que instruyen las diligencias -como la identificación del propietario, de los ocupantes de la vivienda, los testigos, pruebas de si están defraudando a compañías de suministro con enganches ilegales de agua o luz,...- para que éstas, una vez que lleguen al juzgado, estén tan completas que permitan al juez, previo traslado a la Fiscalía, acordar el lanzamiento inmediato como medida cautelar y señalar el juicio en un breve espacio de tiempo.
«La ciudadanía no se merece que la Justicia actúe de manera lenta y precaria ante un problema tan grave como el que supone la ocupación ilegal de la vivienda», mantiene la juez Consuelo María Martínez, algo que se pretende evitar ahora por medio de este protocolo. Por su parte, los mandos de la Policía Local vilera José Álvarez y Miguel Palacios confían en que este convenio de colaboración permita resolver un problema que se da en el municipio, pero también sirva como herramienta para otras localidades golpeadas por este indeseable fenómeno.
