Restos de comida; bolsas y botellas amontonadas; ladrillos dispuestos a modo de mesas y sillas; y cartones o telas para resguardarse del frío pueblan algunos de los locales sin uso de la estación de autobuses de Benidorm. El limbo legal en el que se encuentra la explotación de la zona comercial de la terminal y el abandono de la misma por parte de su todavía adjudicatario, el polémico constructor alicantino Enrique Ortiz, han propiciado que este edificio público se llene de okupas mientras que el Ayuntamiento no hace nada por evitarlo. El gobierno local, del Partido Popular, alega que los técnicos municipales se hallan en plena tramitación del nuevo pliego de condiciones que permitirá legalizar de una vez por todas la gestión de la terminal, anulada por el Supremo desde 2012. Frente a esta justificación, el grupo municipal socialista, partido mayoritario en la oposición, afirma que es «lamentable» la imagen de este edificio y carga contra el PP por consentir que la degradación vaya en aumento.
Sea como fuere, lo cierto es que las huellas del abandono y la okupación en la estación de autobuses son más que evidentes. Un simple paseo por la terminal arroja imágenes más propias de un edificio de cualquier ciudad azotada por una guerra que de un punto de llegada de viajeros en una ciudad turística del nivel de Benidorm. Suciedad acumulada en cada rincón; escaleras y rampas metálicas que no funcionan; chapas oxidadas; paredes desconchadas y cristaleras que no se limpian desde hace meses o, incluso, años son algunos de los signos de la falta de gestión en este espacio. Tampoco se observa ninguna medida de seguridad anticovid: no hay dispensadores de gel en ningún acceso, ni cartelería ni ninguna instrucción sobre las medidas de seguridad a seguir para frenar la pandemia.
A todo ello, se suma otro problema. Personas sin hogar han roto las paredes de pladur de algunos de los espacios que se construyeron para albergar locales comerciales para poder acceder a su interior y convertirlos en refugio donde pasar la noche a cubierto. Así lo confirman algunos empleados de los pocos establecimientos que siguen operativos en esta zona —una tienda de ropa, un supermercado de una gran cadena de alimentación y un gimnasio—, así como el portavoz socialista, Rubén Martínez. «Sobre las ocho o las nueve empiezan a llegar y la estación se convierte en un punto de concentración de indigentes, que duermen allí y que, incluso, intimidan a la gente que acude a algunos comercios, porque también generan un problema de inseguridad», explica Martínez.
Aunque en las últimas horas alguien de la empresa gestora ha tabicado algunos de los locales que habían sido allanados, todavía quedan varios locales en esta situación. «Hace dos días, cuando hicimos nuestra última visita, todos, todos los establecimientos tenían las paredes rotas, porque las cierran con tablones pero a los pocos días los okupas las vuelven a romper para entrar», afirma el edil del PSPV. Por eso, desde este grupo de la oposición exigieron al gobierno del PP que actúe de una vez sobre este edificio y que exija que se limpie, adecente y reforme, tal y como se comprometió a hacer Enrique Ortiz en el convenio aprobado por el Consistorio para resolver de mutuo acuerdo la adjudicación y poder legalizar la explotación de la terminal.
Ningún requerimiento
La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó que los técnicos del Ayuntamiento están elaborando el pliego para volver a licitar la gestión de la terminal y que el Ayuntamiento se encuentra todavía en plazo para llevar a cabo este trámite. De hecho, el pleno aprobó en diciembre el convenio con Ortiz, que preveía un plazo de 6 meses para elaborar los nuevos pliegos, con posibilidad de prorrogarlo otros 3 meses más. De este modo, el PP tendría hasta junio o, en el peor de los casos, hasta septiembre para el nuevo concurso de la terminal y la zona comercial. A cambio, Ortiz cobrará 24,5 millones del nuevo adjudicatario o se quedará con el servicio ya totalmente legalizado si el concurso queda desierto y se comprometía a reparar todos los desperfectos de la terminal, sobre un proyecto valorado en casi 300.000 euros.
La edil reconoció que la estación se encuentra en muy mal estado, pero afirmó que el Ayuntamiento no ha requerido a Ortiz para que arregle ni adecente nada como se comprometió a hacer. Ni siquiera de cara a los próximos días, cuando se levantará el estado de alarma y las restricciones a la movilidad y, con ellos, previsiblemente se incrementará el tráfico de autobuses y turistas en la terminal.
