Varapalo para el Ayuntamiento de Benidorm en materia de personal. La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha ordenado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, del PP, la anulación del acuerdo plenario del pasado diciembre por el que se aprobó la Valoración de Puestos de Trabajo municipal (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al considerar que se han infringido varios preceptos legales.
En una resolución desvelada esta semana por la agencia Efe, la subdelegada, Araceli Poblador, señala que el expediente conlleva modificaciones de las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo afectados superiores a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero.
En los fundamentos de Derecho, la Subdelegación expone que de la documentación aportada por el Ayuntamiento se desprende que "no cumple con lo previsto en el citado artículo" y que se supera el incremento retributivo establecido con carácter general ya que "no ha quedado fijado en el expediente el carácter singular y excepcional de la medida", que es la única vía para superar dicho incremento.
El documento aprobado por el Ayuntamiento preveía un aumento del complemento de destino en 214 puestos de trabajo, un 27,57 por ciento de los puestos totales. En cuanto al complemento específico, el aumento afectaba a 268 puestos, el 30,45% del total.
La norma establece un incremento de retribuciones con carácter general del 2%, salvo excepciones que resulten "imprescindibles". En el caso de Benidorm la resolución explica que la subida de retribuciones "no cumple con lo previsto para poder acoger la excepción".
Es más, la resolución precisa que la aprobación de la RPT conlleva un aumento lineal de las retribuciones de un número significativo de empleados públicos, 281 puestos de trabajo.
"Es perfectamente factible comprobar que suponen un incremento que queda fuera de la legalidad presupuestaria vigente", precisa la resolución.
La Subdelegación también achaca al Ayuntamiento que no haya hecho constar cuáles han sido realmente las variaciones de las funciones que han sufrido los puestos de trabajo que ven incrementadas sus retribuciones. "El acuerdo modificativo no cuenta con motivación suficiente", sostiene la resolución.
Por último, la misma resolución también echa por tierra un informe de Intervención favorable en el que se argumentaba que numerosos complementos de productividad eran eliminados al ser incluidos en el complemento específico de los trabajadores.
En este punto, la Subdelegación concluye que "no cabe el trasvase de importes del complemento de productividad a otro ni la absorción o compensación de productividad por el específico o destino".
Como ya contó en su día este diario, el Ayuntamiento aprobó en pleno el pasado diciembre la nueva valoración de puestos de trabajo municipal para sustituir a la anterior, que tenía más de 20 años de antigüedad y había quedado desfasada en muchos aspectos. Los votos de PP y Cs sirvieron para sacar adelante el punto, al que se sumó la abstención del PSOE. Los socialistas criticaron, entre otros aspectos, que el gobierno del PP aplazase el inicio de la aplicación de esta VPT al 1 de septiembre de 2021. De hecho, presentaron en el propio pleno una enmienda para reclamar la aplicación inmediata de este documento, algo a lo que se opuso el PP alegando que la fecha se había pactado con las centrales sindicales.
Antes de su aprobación plenaria, cuatro de los cinco sindicatos con representación municipal dieron su apoyo a la VPT; todos, a excepción de UGT. Igualmente, el Ayuntamiento realizó un referéndum entre sus trabajadores sobre la misma y el 73% avaló el documento.
Dudas y críticas
La anulación de la VPT por parte de la Subdelegación del Gobierno ha generado dudas en el Gobierno local sobre cuáles son los siguientes pasos que se habrán de dar y críticas en el principal partido de la oposición.
Por un lado, fuentes del ejecutivo municipal indicaron que han consultado y pedido informes a los técnicos para que indiquen cómo proceder a partir de ahora, "salvaguardando siempre el interés de nuestros trabajadores", aunque no pudieron avanzar más extremos. No en vano, cabe recordar que la resolución de Araceli Poblador da al Ayuntamiento un plazo de un mes para anular la VPT, que todavía no se está aplicando en el salario de la plantilla municipal.
Por su parte, el portavoz socialista Rubén Martínez ha criticado la “chapuza” realizada por el equipo de Gobierno con la VPT y la RPT aprobada el pasado diciembre, sobre la cual el PSOE se abstuvo en pleno. "Llevamos cinco años advirtiendo que el gobierno local no estaba haciendo las cosas bien y que estaban engañando a los funcionarios con promesas electoralistas”, ha afirmado Martínez, quien ha agregado que "desde que se inició la elaboración de la VPT y la RPT ya advertimos de los numerosos errores que se estaban cometiendo, y trasladamos al gobierno y a los sindicatos la forma en la que nosotros veíamos que se debían aprobar estos documentos. Desafortunadamente no nos hicieron caso y ahora estas son las consecuencias".
"Directrices políticas"
El alcalde de Benidorm y la edil de RRHH, Ángela Zaragozí, se reunieron ayer con los representantes sindicales del Ayuntamiento de Benidorm para informarles de lo ocurrido con la VPT. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) trasladó a través de un comunicado su rechazo a la decisión de la Subdelegación de anular este documento y afirmó que "no va a permitir ni que se ponga en tela de juicio y se acuse a nuestros técnicos de cometer ilegalidades, ni tampoco que se les menosprecie y se les falte el respeto por parte de la Subdelegación del gobierno de Alicante que denota que actúa siguiendo directrices políticas".
Esta central reclamó tanto al PP como a PSOE y Cs que "continúen apoyando el documento al igual que hicieron en la sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2020".
