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La Vila desaloja un edificio lleno de okupas tras el protocolo judicial para los desahucios exprés

La mayoría de moradores habían abandonado las casas antes de que llegara la Policía Local, que solo tuvo que expulsar a una familia - El inmueble era un foco de conflictos e inseguridad

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La Policía Local de La Vila desaloja un edificio lleno de okupas en el Xarquet David Revenga

La Policía Local de La Vila Joiosa desalojó ayer un edificio de la localidad que durante años ha estado ocupado de forma ilegal y había acabado por convertirse en un foco de continuos conflictos e inseguridad ciudadana. Lo hizo ejecutando una orden judicial de lanzamiento dictada tras la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, que dirige la juez decana de este partido judicial, Consuelo María Martínez Molina, y que condenaba a 16 de los moradores de este inmueble, que en su día fueron denunciados por ocupación ilegal. El de este martes es el primer desalojo que se realiza de un edificio okupado tras el desarrollo de un protocolo para facilitar los desahucios exprés, redactado el pasado abril conjuntamente por esta juez y la Policía Local vilera, cuyo objetivo era agilizar los trámites y poder vaciar inmuebles con okupas en un mes.

Enseres de la última familia que aún quedaba por abandonar la finca. | DAVID REVENGA

Las marcas de un disparo en la cristalera de uno de los portales, señal inequívoca del ambiente que durante meses se ha vivido en las inmediaciones de las calles Xarquet y Doctora Damiana Zaragoza, fueron testigos del amplio dispositivo policial desplegado por el Ayuntamiento para llevar a cabo el desalojo. Y ello a pesar de que, cuando llegaron los agentes, tan solo quedaba una familia residiendo en el edificio y no se produjo ningún indícente durante su expulsión. La mayoría de los ocupantes se habían marchado días atrás, alertados por lo que estaba a punto de ocurrir y tras recibir diversas notificaciones del Juzgado para que abandonaran la finca, según explicaron fuentes policiales.

Mientras la última familia sacaba todos sus enseres e intentaba cargarlos en un coche, trabajadores contratados por la empresa que es propietaria de todo el edificio se afanaban en tapiar todos y cada uno de los accesos para evitar el regreso de los okupas. Además, personal de seguridad privada permanecerá durante días en el inmueble y se colocará un sistema de alarma para alertar de inmediato a la Policía Local en el caso de alguien intente acceder de nuevo al edificio, según explicó el oficial de este cuerpo, Miguel Palacios.

Años pidiendo ayuda social

Los últimos residentes en este edificio del Xarquet llevaban dos años viviendo allí y aguantaron hasta el último momento porque «no tenemos donde ir», apuntaba la pareja sin muchas ganas de hablar. Aseguran que no tienen alternativa para vivir en estos momentos y que llevan muchos años pidiendo a Bienestar Social ayuda, pero «sin respuesta».

Sin embargo, el caso de esta familia no era la tónica entre los residentes del bloque. El oficial de la Policía Local explicó que los agentes tenían constancia de que muchas viviendas se utilizaban por personas que acudían a comprar y consumir droga, que también había venta de estupefacientes al menudeo y que las peleas y problemas de convivencia eran la norma del día a día. Por eso, asegura que después de vaciar por completo la finca, «vecinos de la zona nos han llamado para darnos las gracias porque la situación se hacía muchas veces insostenible», según Palacios.

La conflictividad de este edificio del Xarquet, junto a otro ubicado en la calle Doctor Fleming, fueron la causa por la que la Policía Local y el Ayuntamiento vilero pidieron auxilio a la juez decana, ante las dificultades para acabar con los okupas. Fruto de ello surgió el convenio de colaboración entre ambas entidades, que desembocó en la redacción de un protocolo de desahucios exprés, que no es más que un documento donde la juez detalla todos los pasos y la información que ha de contener un atestado policial para poder agilizar y resolver en un mes procedimientos que, debido a la burocracia, pueden llegar a demorarse durante años.

Vigilancia vecinal

La edil de Seguridad Ciudadana de La Vila, Isabel Perona, agradeció ayer la agilidad del Juzgado y la colaboración de la propiedad de la finca para proceder al desalojo, a la vez que solicitó la colaboración de todos los vecinos de La Vila para evitar nuevas okupaciones. En este sentido, Perona pidió a los ciudadanos que «permanezcan atentos, especialmente si conocen viviendas que estén vacías en su entorno, y que denuncien, si fuera el caso, a la Policía Local a través del teléfono 96 589 00 50, para prevenir que las familias desalojadas de esta finca lleven ahora a cabo otra ocupación ilegal en otros inmuebles».

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