Tres millones de euros más por la expropiación de 332.894 metros cuadrados en la partida El Moralet de Benidorm. Esa es la cantidad que tendrá que abonar el Ayuntamiento de la ciudad a la empresa Incobe S.L., propietaria de los terrenos y participada por el empresario alicantino Enrique Ortiz, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que da la razón a la mercantil que recurrió el importe de la primera expropiación. Con todo, aún cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.
El auto, al que ha tenido acceso este diario, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa contra la resolución del 23 de julio de 2018 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante en la que se desestimaba otro recurso de reposición contra un auto de abril de ese año. El tribunal valenciano ha fijado en su sentencia un nuevo valor a la superficie que ya se expropió en El Moralet y lo eleva a 8.611.221,91 euros a los que suma el 5% de valor de afección, lo que asciende a 9.041.783,01 euros.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Benidorm ya pagó 5,9 millones de euros por esa expropiación de más de 300.000 metros de terreno, por lo que ahora deberá abonar, según la sentencia, cerca de 3 millones de euros más por esa misma operación a la empresa en la que participa Ortiz.
Con todo, fuentes municipales explicaron que se está estudiando la posibilidad de interponer un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. Para ello, se "ha solicitado un informe externo" para sopesar esa posibilidad y ver las consecuencias que podría tener.
La historia de la expropiación de El Moralet viene de muy lejos. En 2011, Incobe pidió iniciar los trámites para obligar al Ayuntamiento de manera forzosa a adquirir esta parcela de 332.000 metros de suelo no urbanizable al no haberse desarrollado. En aquel momento, la empresa reclamaba 47 millones de euros, pero el consistorio (gobernado en ese momento por PSOE y CdL) tasó el suelo en 73.000, lo cual dio inicio a una batalla judicial, que culminó con un precio de expropiación establecido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de 5,9 millones, cantidad que fue luego ratificada por el TS.
En noviembre de 2017, el gobierno del PP abonó el montante principal, pero no los intereses de demora generados desde que en 2012 se abrió el expediente. Esos intereses se valoraron en ese momento en 1,08 millones. Pero un nuevo revés sucedió: un error burocrático del área de Intervención hizo que se pagaran 40 euros menos de lo que se había estipulado, y hubo que reiniciar ese expediente. Las consecuencias de ello podían ser una un nuevo contencioso-administrativo por parte de la empresa, algo que ha ocurrido y que finalmente ha cambiado el precio final de la expropiación de 5,9 millones a 9 millones de euros.
