Altea tiene una patata caliente de la que se quiere desprender de la mejor manera posible: una deuda de 13 millones de euros reclamada por la empresa Asterita Inversiones, perteneciente al grupo ilicitano Los Serranos, para poner al día la situación del depósito municipal de vehículos retirados por la grúa desde 2004. Además, el Ayuntamiento intenta reducir el tiempo de concesión administrativa para la gestión integral del servicio público de aparcamiento de la zona azul (ORA), la grúa y el depósito de vehículos en un contrato firmado el año 2000 para un periodo de 60 años.
Y para ello, la corporación municipal celebró el último pleno ordinario para iniciar los trámites que permitan “resolver o evitar el pago de 13 millones de euros que le reclama al Ayuntamiento la empresa concesionaria del depósito municipal de vehículos retirados por la grúa desde 2004, reducir el tiempo de concesión firmado hasta 2060 del servicio de la ORA, la grúa y el depósito; y llevar a término la construcción de cuatro aparcamientos subterráneos por Los Serranos, tal como figura en el contrato de concesión firmado en el año 2000 con Asterita Inversiones so pena de que se liberalice para que los ejecuten otras empresas”. Tres pies que aprobó la corporación municipal del Ayuntamiento de Altea en su última sesión plenaria (con los votos favorables del Equipo de Gobierno de Compromís y el PSOE, y la abstención del PP) para llevarse el gato al agua “con el fin de revisar dichos servicios anulando algunos puntos del contrato de concesión”, según señaló el portavoz de Compromís y edil de Infraestructuras, Diego Zaragozí. Este acuerdo plenario se elevará al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para que lo dictamine en el plazo de un mes. Si lo hace favorablemente en función de su contenido, “un nuevo pleno municipal resolverá el asunto con la depuración de todas aquellas cláusulas de la concesión que se consideran nulas y con las consecuencias que ello comporte”, según afirmó en el pleno el alcalde Jaume Llinares.
En la sesión plenaria, Diego Zaragozí explicó que “hay algunas clausulas del contrato del aparcamiento en zona azul, del servicio de grúa y del depósito municipal de vehículos que son perjudiciales para el Ayuntamiento. Con el procedimiento de revisión del acuerdo que tratamos aquí, se pretende evitar que el pueblo de Altea esté sufriendo las consecuencias negativas del mismo”.
Inversiones prometidas que no se han hecho
Durante el debate, Zaragozí indicó que cuando se firmó en abril de 2000, gobernando el PP, la concesión de estos servicios para 60 años “estaba prevista la ejecución de cinco aparcamientos públicos con una capacidad total cercana a las 2.000 plazas (Passeig del Mediterrani, Plaça del Convent, Plaça dels Esports, Palau Altea-Facultad de Bellas Artes de la UMH, y CEAM), pero sólo se construyó el del CEAM con capacidad para 218 vehículos. Una situación anómala porque no se había fijado un calendario para la construcción de los mismos, y porque la empresa ha estado ingresando unas cantidades por la ORA que iban destinadas a inversión y no se ha hecho”.
Zaragozí añadió que “por su trascendencia económica, la irregularidad más preocupante se cometió al enlazar la concesión de aparcamientos con la prestación del servicio de grúa municipal y del depósito de vehículos vistiéndolo como una mejora para el Ayuntamiento”. En este sentido, el edil explicó que esta clausula “enmascara una concesión a 60 años de un mero contrato de servicio que no puede exceder los 4 años, beneficiando así a la empresa. Queremos que se anulen los puntos donde figuran el derecho de la empresa concesionaria a decidir unilateralmente los parquings que va a hacer o no, el servicio de grúa y el depósito de vehículos por considerar que no puede ser una mejora. Además de porque se ha venido interpretando que el Ayuntamiento es el responsable del coste del depósito de los vehículos que no son retirados por sus propietarios y pasan a ser considerados como residuos sólidos, una interpretación a debatir sobre quien es el responsable de los vehículos en depósito”. El concejal de Infraestructuras indicó que por este concepto “la empresa reclama al Ayuntamiento 13 millones de euros. Razón por la cual el Ayuntamiento de Altea va a iniciar, si lo aprueba el pleno, el expediente de revisión de oficio del convenio firmado hace 21 años ya que los informes jurídicos municipales interpretan que la deuda de los vehículos que están en el depósito es responsabilidad de su propietario y no del Ayuntamiento”.
Altea, hipotecada por un acuerdo incorrecto
Diego Zaragozí se mostró contundente al afirmar que “Altea está hipotecada con un contrato en el que todos los informes jurídicos nos dicen que no es correcto. Lo que no puede ser es que ninguna concesión ni contrato condicione el futuro de los alteanos”. Por esa razón, el portavoz de Compromís aseveró que “vamos a intentar conseguir la nulidad de algunos puntos del contrato que tenemos con la concesionaria. Por una parte el de la construcción y concesión de aparcamientos, y por otro lado la rescisión del contrato de la grúa y los abaratamientos del depósito de vehículos y de la zona azul (ORA)”. El edil aseveró finalmente que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana “tiene la última palabra. Pensamos que nos dará la razón. Hay un mes de plazo. Pero también sabemos que la concesionaria defenderá sus intereses, por lo que no será un proceso corto”.
Por su parte, el alcalde añadió que “no se han ejecutado cuatro de los aparcamientos previstos y llevan 21 años de concesión. Por parte de la concesionaria no se ha pedido la disponibilidad de los terrenos para construir alguno de los aparcamientos previstos, lo que denota falta de interés en su construcción, y por otro lado la concesionaria del servicio integral del aparcamiento público en Altea le reclama al Ayuntamiento 13 millones de euros, una cantidad inviable y suficientemente importante como para que todos nos planteemos que se ha de resolver. Hemos tomado el camino que los técnicos nos han recomendado y haremos todo lo necesario para solucionar este problema que tiene el pueblo de Altea”. El primer edil aseveró que las solicitudes de la concesionaria “han sido hasta ahora para aumentar el número de plazas de la ORA, y la revisión de precios para su beneficio”. Llinares detalló que la empresa “ha invertido en estos 21 años de concesión 1,5 millones de euros para construir el parking del CEAM” e indicó que las dos últimas auditorias “reflejan que la mercantil ha tenido 203.000 euros de beneficios en 2018, y 301.000 euros en 2019. Una media de 250.000 euros de beneficios anuales por los 60 años de contrato que da como resultado la ‘pequeña’ cifra de 15 millones de euros para un millón y medio de inversión en 21 años de contrato”, aseveró.
Jaume Llinares apostilló que se ha intentado con la empresa concesionaria “un acuerdo amistoso en varias ocasiones, pero hasta el momento no ha dado su fruto por lo que tan sólo queda iniciar el expediente de revisión de oficio del convenio”.
Desde el PP, su portavoz Rocío Gómez explicó que se abstendrían en la votación por considerar “que nos faltan datos del procedimiento, aunque estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión”. Gómez añadió que, “la revisión de oficio de las clausulas es beneficiosa para Altea y mantenemos que se reajuste antes de llegar a la nulidad completa de la clausula de construcción de los 5 aparcamientos previstos. Un contencioso nos impediría construir un aparcamiento en Altea mientras no se resuelva ese contencioso, por eso pedimos que el Equipo de Gobierno intente un acuerdo amistoso con la concesionaria”, remarcó.
Cinco aparcamientos públicos proyectados en el inicio del siglo XXI
En las postrimerías del pasado siglo el equipo de gobierno municipal de Altea comandado por Miguel Ortiz (PP) se propuso que el municipio tuviera suficientes aparcamientos públicos subterráneos como solución a uno de los mayores problemas que padecía, y padece, el pueblo en materia de tráfico. Entonces solo estaba el aparcamiento subterráneo de la plaza del Ayuntamiento con capacidad para 63 vehículos.
En marzo de 2000, se celebró un pleno extraordinario para debatir los pliegos de condiciones para la construcción de aparcamientos públicos en el municipio. El alcalde Miguel Ortiz señaló que debían de ser las empresas especializadas en la construcción y explotación de aparcamientos públicos “quienes hagan los estudios pertinentes y propongan los lugares idóneos para la construcción de aparcamientos, así como el número de plazas que pueden albergar”, pues el objetivo del Ayuntamiento era que las inversiones municipales y subvenciones previstas para los aparcamientos públicos “se destinen a la ejecución de infraestructuras viarias, tal como ya hicimos con la avenida Alcalde Juan Alvado”, razón por la que “adoptamos la solución de dar unas concesiones administrativas por un máximo de 75 años que permitan a las empresas especializadas en aparcamientos públicos para que los construyan en el casco urbano”.
La intención del PP era que todas las empresas que optasen al concurso público “tengan las mismas oportunidades”, y que en mayo de ese año 2000 “adjudiquemos ya las obras”. El 11 de abril de dicho año se abrieron las plicas presentadas por las empresas Sociedad Europea de Estacionamientos (del grupo Saba), Estacionamientos y Servicios (del grupo Fomentos de Construcciones y Contratas), y Alteana de Aparcamientos, S.L (una empresa creada ex profeso para esta adjudicación desarrollada por el arquitecto alteano Luis Hernández), y en el pleno del 28 de abril se aprobaba la concesión de 5 aparcamientos a la empresa Asterita Inversiones, del Grupo Inerzia y Los Serranos, que había llegado a un acuerdo con el grupo Saba para la gestión conjunta de sus plazas de aparcamiento en la zona del Levante español. Pero no fue hasta marzo de 2006 en que se inauguraba el primer aparcamiento, de los cinco previstos, situado frente al Centro Especial de Atención a los Mayores (CEAM) y el Centro Social de la Tercera Edad con una inversión de 1,5 millones de euros, capacidad para 218 vehículos, y una concesión para 60 años. En esa fecha el PP anunciaba que los otros cuatro aparcamientos subterráneos pronosticados (Passeig del Mediterrani, Plaça del Convent, Plaça dels Esports y Palau Altea-Facultad de Bellas Artes de la UMH) estarían finalizados en 2010. Pero nada de eso ocurrió. Solo se construyó otro en la Plaça de la Pau ese año, gobernando Altea el socialista Andrés Ripoll, con capacidad para 120 vehículos, a cargo de la empresa PKAL, la misma concesionaria del de la plaza del Ayuntamiento.
