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Benidorm reabre la revisión de los convenios de Serra Gelada para frenar una reclamación millonaria

El Ayuntamiento afirma que son «nulos de pleno derecho» y que no hay indemnización por los terrenos - Ya se consignaron 636.000 euros para afrontar una sentencia del empresario Puchades

La zona del parque natural de Serra Gelada de Benidorm, en una imagen de archivo. | DAVID REVENGA

Los convenios urbanísticos que se firmaron en 2001 y 2003 sobre el suelo de Serra Gelada suman un nuevo capítulo. Esta vez, el Ayuntamiento de Benidorm ha reabierto de oficio la revisión de dichos acuerdos que considera «nulos de pleno derecho», un proceso con el que intenta frenar una posible nueva reclamación millonaria de los propietarios. Para ello, desde el consistorio se iniciará de nuevo el expediente, un movimiento que ya se hizo en enero de este año pero que se dio por caducado en el pleno de agosto.

El periplo administrativo y judicial de este asunto viene de lejos. El empresario Antonio Manuel Puchades firmó con el Ayuntamiento en 2003 un convenio firmado por el cual el consistorio compensaría a los dueños con unidades de aprovechamiento en otro plan parcial, ya que el de Sierra Helada iba a ser protegido al ser declarado Parque Natural. Ese acuerdo lo firmó el popular Vicente Pérez Devesa cuando era alcalde y se modificó dos veces más: una en 2010 y otra en 2013, con el PSOE en la Alcaldía. Así, caducó en 2018, pero Puchades reclamó porque esa compensación no llegó nunca.

Esa nueva revisión de oficio se aprobó este lunes solo con los votos del gobierno del PP frente a los votos en contra de la oposición. Los informes del expediente considera aquellos convenios como «actos nulos de pleno derecho» entre los que están los de una abogada externa y el secretario municipal. La portavoz y concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, afirmó que en ellos se explica que persisten las «causas que adolecían el convenio de 2003 y que el convenio es nulo de pleno derecho» porque «reconocía a los propietarios derechos de aprovechamiento sin haber cumplido deberes de cesión, urbanización y equidistribución».

Así añadió que aquel convenio reconocía una indemnización «sin que concurrieran los requisitos necesarios para aplicar la responsabilidad patrimonial urbanística, básicamente porque no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico». Algo que puntualizó también el secretario municipal: los efectos de la nulidad del convenio solo aluden a los daños y perjuicios sufridos por los propietarios del suelo «sin ser indemnizables las meras expectativas». Y añadió que «nos reclaman 283 millones de euros a cambio de un compromiso que no se ha traducido en realidad, ni en cesión de suelo, ni en aprovechamiento ni en nada».

Varias reclamaciones

Y es que sobre la mesa en los últimos años ha llegado a haber varias reclamaciones que han llegado hasta los 283 millones de euros por parte de varios empresarios. Puchades pedía 57,5 millones, el 25% del total de los 230 millones que se pedían por todos los terrenos y que es la parte en su poder. Al final acudió a los tribunales donde alegó que, al no obtener respuesta por parte de la administración local una vez caducadas las prórrogas de esos convenios, suponía un silencio positivo a su favor. Pero una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Alicante falló que no era así. El pleno desestimó esa reclamación millonaria y fijó en 636.116 euros la cuantía a percibir por los terrenos que sí se cedieron al Ayuntamiento en agosto de 2004, atendiendo «a su valoración como suelo rural» de 121.992,50 metros cuadrados.

La concejala de Urbanismo explicó además en el pleno que «fue la administración autonómica la que adoptó decisiones sobre reclasificación y protección del suelo del APR-7». Pero la oposición (PSOE y Cs) mostró sus dudas de nuevo ante este proceso. «Tenemos dudas en la estrategia que sigue el gobierno por varias razones», apuntó el portavoz del PSOE, Rubén Martínez. Así puso en duda la estrategia del gobierno a lo que los populares contestaron que se está siguiendo en todo momento lo que establece el secretario y los técnicos. El socialista indicó que «hagan las cosas bien que nos van a meter en un lío monumental».

Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balategui, recalcó que todo este asunto viene de «una época gloriosa con decisiones fatales» en temas urbanísticos. «Si no salen las cosas bien, la ciudad va a tener un problema importante» y apeló a que el procedimiento se haga de la mejor manera posible «pera que el Ayuntamiento solo pague los 636.000 euros» a Puchades y no acabe en otra reclamación millonaria como las anteriores. El debate de este punto en el pleno llegó a ser acalorado. Tanto que el secretario solicitó la palabra para intervenir y explicar que «lo importante es si están a favor o en contra (en referencia a los partidos en el pleno) de que exista el riesgo de pagar 283 millones» y buscar mecanismos para evitar que eso ocurra.

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