Cientos de personas, miles en periodos de máxima ocupación, suben y bajan cada día, cargados de maletas, de los múltiples vehículos de transporte de pasajeros que tienen como destino la estación de autobuses de Benidorm. Expediciones desde cualquier punto de España y otros países de Europa, que ponen su GPS señalando a la ciudad turística de referencia en el levante español. Mientras tanto, la propia terminal permanece desde hace una década anclada en un mismo punto, varada en mitad del abismo, abandonada a su suerte por adjudicatario y Administración, que en todo este tiempo parecen haber hecho poco, o nada, por sacarla a flote. Qué paradoja.
Está a punto de cumplirse un año desde que el pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó, a propuesta del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta, una moción para rescindir de mutuo acuerdo con Enrique Ortiz el contrato de explotación de la estación. Se pretendía dar cumplimiento, de una vez por todas, a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el año 2012, que ratificaba otra de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para dejar sin efecto la adjudicación por la que el Ayuntamiento benidormense entregó en 2003 al polémico constructor alicantino una de las joyas con las que la ciudad soñaba desde hacía décadas. La sentencia entendía que el proyecto construido por Ortiz nada tenía que ver con el que en su día le encomendó el PP: una estación de autobuses con una pequeña zona comercial para dar servicio a los viajeros y un par de habitaciones para el descanso de los conductores de bus. En total, 500 metros cuadrados que acabaron convertidos, ahí es nada, en 10.000 de superficie comercial y un hotel con 150 plazas, lo que constituyó una de las mayores irregularidades urbanísticas ejecutadas en la ciudad y, a su vez, disparó enormemente los costes de la obra, por la que ahora, además, se tendrá que indemnizar a Ortiz.
Solo excusas
El convenio para la rescisión de mutuo acuerdo de dicho contrato reconocía al constructor su derecho a obtener 24,5 millones a su marcha de la Estación como compensación por la inversión que aún no había amortizado, un dinero que abonaría el nuevo adjudicatario de la terminal. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometía a sacar el nuevo pliego a licitación en un plazo de 6 meses, reservándose otros tres por si algún imprevisto impidiera llegar a tiempo a ese primer plazo.
¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? La respuesta es muy clara: nada. Nada, al menos, que permita solucionar la deplorable situación en la que se encuentra la puerta de entrada a la ciudad para cientos de turistas, miles en periodos de máxima ocupación. «Los técnicos están en ello», «el pliego está a la espera de informes» o «esperamos poder licitar muy pronto» son las excusas que han repetido como un mantra los miembros del equipo de gobierno a lo largo de este tiempo, a las que se suma otra explicación peregrina para justificar los retrasos: «No se han agotado los plazos porque el tiempo no contaba desde la aprobación del convenio en el pleno, sino desde su firma, que fue meses después», concretamente en agosto. Como si la burocracia fuera lo importante, cuando lo realmente urgente es que la Estación se cae a pedazos y el Ayuntamiento, que es el propietario del edificio, sigue sin hacer nada por evitarlo.
Miedo, asco, pena
Recorrer los pasillos de la zona comercial de la terminal produce una sensación que oscila entre el miedo, el asco y la pena. El edificio ofrece una imagen que se asemeja más a la de cualquier ciudad azotada por una guerra que al aspecto que debería presentar el primer escaparate para los turistas de una ciudad tan, tan turística como es Benidorm. Suciedad acumulada en cada rincón; escaleras y rampas metálicas que no funcionan; chapas oxidadas; paredes desconchadas y cristaleras que no se limpian desde hace años son algunos de los signos de la falta de gestión en este espacio, que debería llevar a cabo la empresa propiedad de Ortiz. Tampoco se observa ninguna medida de seguridad anticovid: no hay dispensadores de gel en ningún acceso, ni cartelería ni ninguna instrucción sobre las medidas de seguridad a seguir para frenar la pandemia. Y, a todo ello, se suma el hecho de que personas sin hogar han roto las paredes de pladur de algunos de los locales que debían albergar comercios para acceder a su interior y convertirlos en refugio donde pasar la noche a cubierto. Un cóctel que, como es lógico, espanta a cualquiera que transita por primera vez por la terminal.
Y todo indica que irá a peor. Hace escasos días, Mercadona y Lefties, los dos únicos comercios que continúan abiertos en esta superficie junto a un gimnasio, han anunciado que abandonarán la estación de autobuses el próximo mes de enero. Aunque oficialmente sus portavoces desvinculan el cierre de sus tiendas de la deplorable situación en la que está la terminal, a nadie se le escapa que la imagen del edificio nada tiene que ver con lo que aspiran a ofrecer a sus clientes las marcas de Juan Roig y Amancio Ortega. Mucho han tardado.
Benidorm no puede permitirse por más tiempo el estado en el que se encuentra este edificio. Haya o no plazos, el ejecutivo municipal ha de exigir al empresario que limpie y acondicione este espacio y, sobre todo, ha de ponerse de una vez las pilas, y ponérselas a sus técnicos, para buscar una nueva adjudicación con la que solucionar un problema que el Consistorio viene arrastrando desde hace ya diez años. Si continúa demorando la solución, el PP será igual de culpable que Enrique Ortiz del deterioro de un edificio que es de todos los benidormenses; de mantener a la Estación en un eterno viaje a ninguna parte por su incapacidad para coger el timón.
