El disparatado incremento que se ha registrado en los últimos meses en el recibo de la luz comienza a tener consecuencias en la prestación de otros servicios básicos para la población. El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, del que forman parte la Diputación Provincial, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los ayuntamientos de Benidorm, La Vila Joiosa, Finestrat, l’Alfàs del Pi, Altea, La Nucía y Polop, ha aprobado incrementar en este 2022 un 6,06 por ciento la tasa fija que abonan los siete municipios consorciados para poder asumir el coste de la factura eléctrica para suministrar agua potable a estas poblaciones, que en el último año se ha encarecido en torno a un 15,46%. Igualmente, la tasa variable por consumo también se encarecerá, pasando de los 0,3036 euros por metro cúbico establecidos en 2021 a 0,3220 €/m3 para este año. Así lo acordó la Junta General del Consorcio en su última asamblea, en la que se aprobó el presupuesto del organismo para este año y donde se dio cuenta de la deficitaria situación de los dos últimos ejercicios, en los que se ha hecho frente al desfase económico gracias al remanente del que disponía el Consorcio y que ahora es necesario compensar.
Fuentes de la entidad explicaron que el aumento de la tasa permitirá recaudar alrededor de 143.000 euros más por la cuota fija que abonan los municipios, para recaudar los 2.359.590,51 euros previstos para gastos fijos, una cuantía que se repartirá proporcionalmente entre los ayuntamientos consorciados en función de la demanda de los mismos. De esta forma, Benidorm aportará un 51,97% del total de la partida, al tratarse de la localidad más grande y con mayor demanda hídrica dentro del Consorcio comarcal, lo que se traducirá en una aportación de 102.189,93 euros mensuales; o, dicho de otra manera, 1.226.279,16 euros al año. Mientras, el porcentaje restante se dividirá entre las otras seis localidades de la siguiente manera: La Vila asumirá el 14,23%; Altea, el 11,22%; l’Alfàs, el 9,37%; La Nucía, el 7,46%; Finestrat, el 3,47%; y, por último, Polop tendrá una participación del 2,27%, según la información aportada por este organismo.
Los ayuntamientos hacen ahora cábalas para determinar cómo harán frente a este incremento de los costes. Sobre todo, en el caso de los que ya tienen aprobados sus presupuestos anuales para este 2022. No es el caso, por ejemplo de Benidorm. En el mayor municipio de la comarca, pese a no tener aún cerradas sus cuentas anuales, el Ayuntamiento ya tiene claro cómo lo hará. Fuentes del gobierno del popular Toni Pérez han avanzado que no tienen previsto repercutir en el recibo este encarecimiento de la tasa por el suministro de agua potable, sino que el Consistorio prevé asumirlo con fondos propios para no gravar más a sus ciudadanos, que «ya están atravesando un momento muy complicado por el impacto económico generado por la pandemia y ya sufren en sus hogares o negocios la subida de la luz», mantienen los populares.
Lo mismo tienen previsto hacer también otros ayuntamientos, entre ellos el de La Vila, gobernado por el tripartito de PSOE, Compromís y Gent per La Vila. Su concejal de Aguas, Pedro Alemany, ha explicado que el Consistorio tiene margen suficiente para poder asumir este incremento sin repercutirlo en el recibo durante este 2022 y emplazó a ver qué ocurre en 2023 para tomar la decisión.
En el caso de l’Alfàs, el Ayuntamiento todavía no ha decidido cómo asumirá la subida de la tasa, aunque fuentes del gobierno del socialista Vicente Arques han avanzado que, probablemente, tengan que encarecer el recibo del agua a sus vecinos.
Consecuencias:«La situación se hace insostenible»
El altísimo precio del coste de la luz, sumado a la escasez de lluvias durante los dos últimos años, amenaza con disparar los costes de funcionamiento para el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa si no llegan pronto notables precipitaciones. El ingeniero director de esta entidad, Jaime Berenguer, reconoce que la situación pude acabar siendo «insostenible», porque más allá del suministro, está provocando el encarecimiento de todo el ciclo: abastecimiento, tratamiento, desalación, etc. También ha criticado que no se adopten soluciones como ocurre en otros países, como Alemania, «donde hay contratos negociados hasta 2025».
