La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha perdido el litigio emprendido contra el Ayuntamiento de Benidorm para intentar anular la Valoración de Puestos de Trabajo aprobada por el gobierno local benidormense en 2020 para actualizar y mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios, que empezó a aplicarse el pasado septiembre. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Alicante ha desestimado el recurso presentado por el Estado, que aseguraba que este proceso infringía varios preceptos legales y excedía la cuantía de mejoras salariales recogidas por ley.
El fallo de la magistrada, fechado el 14 de enero, confirma que la VPT «está ajustada a derecho» y condena a la Subdelegación del Gobierno a pagar las costas procesales, dado que la juez considera que «no se puede impugnar la VPT y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin impugnar el Presupuesto Municipal», como hizo la Subdelegación, y que es esta norma la que marca las retribuciones de los funcionarios de la Administración local.
El secretario general del SPPLB, Francisco Ángel González, ha destacado «la contundencia» del fallo por «desestimar las formas y por entrar al fondo del asunto indicando que hay jurisprudencia del Supremo» y ha tildado de «cacicada» las formas de la Subdelegación. Contra el fallo cabe recurso, aunque el Estado previo pago de un depósito.
