Los tribunales dan vía libre al Ayuntamiento de Benidorm para subir el sueldo a sus funcionarios

El Ayuntamiento de Benidorm ya tiene todas las de la ley para aplicar la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) aprobada en pleno por el gobierno local del PP en diciembre de 2020 y que permitía elevar y equiparar el sueldo de sus cerca de 800 funcionarios, acabando así con las históricas desigualdades que había entre muchos trabajadores de una misma escala.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha declarado firme la sentencia que rechazaba el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno en Alicante contra este documento, que creía que el mismo infringía varios preceptos legales y excedía la cuantía de mejoras salariales recogidas por ley.

La diligencia, fechada el pasado 18 de febrero y a la que este diario ha tenido acceso este martes, ratifica por tanto la legalidad del documento y da vía libre al Ayuntamiento a aplicarlo en su totalidad, ya sin temor a un posible fallo en contra que hubiera provocado un importante desbarajuste en las arcas municipales en el caso de que los tribunales lo hubieran acabado tumbando.

La Subdelegación del Gobierno frena un aumento salarial en el Ayuntamiento de Benidorm

Como ya contó en su día este diario, el Ayuntamiento aprobó en pleno en diciembre de 2020 la nueva valoración de puestos de trabajo municipal para sustituir a la anterior, que tenía más de 20 años de antigüedad y había quedado desfasada en muchos aspectos. Los votos de PP y Cs sirvieron para sacar adelante este documento, con la abstención del PSOE.

Entonces, el ejecutivo municipal pactó con las centrales sindicales que la aplicación de la VPT comenzaría a realizarse a partir del 1 de septiembre de 2021.

Pero antes de su aplicación, en mayo del pasado año, la Subdelegación del Gobierno recurrió la valoración de puestos de trabajo y ordenó al Consistorio que no la aplicara, alegando que la misma excedía los incrementos permitido por la ley. En concreto, que preveía un aumento del complemento de destino en 214 puestos de trabajo, un 27,57 por ciento de las plazas totales. En cuanto al complemento específico, el aumento afectaba a 268 puestos, el 30,45% del total.

Desde el gobierno local, no obstante, han defendido en todo momento la legalidad de este protocolo, manteniendo que con esta nueva VPT se equiparaban y actualizaban las categorías laborales de su plantilla, que respaldó por amplia mayoría el documento en un referéndum, tras años de desigualdades entre los funcionarios que tenían asignados pluses y los que no.

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Con la nueva VPT, elaborada por una empresa externa y modificada tras decenas de alegaciones, se revisaron hasta 11 criterios diferentes como la titulación, el esfuerzo intelectual de cada puesto de trabajo o la peligrosidad del mismo. Cada campo obtenía una baremación que recibía una puntuación concreta a partir de la cual determinaba el salario final de cada empleado público (en este caso estipulado a euro por punto), lo que se traducía una subida salarial de los sueldos de gran parte de los funcionarios

Fruto de esta modificación, la previsión pasaba por incrementar el gasto en personal de las arcas municipales en 1,7 millones más al año. Entre los que más vieron modificadas sus condiciones al alza figuraban los agentes de la Policía Local, que demandaban desde hace años esa revisión salarial.

Un reguero de reclamaciones

Pese al recurso de la Subdelegación del Gobierno, y con la amenaza constante de tener que devolver en todo momento lo que se había pagado de más si así lo acordaban los tribunales, el Ayuntamiento de Benidorm empezó a aplicar esta VPT en septiembre del 21, como había pactado con los sindicatos.

Este riesgo, no obstante, queda por fin enterrado después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya declarado firme la sentencia.

Sin embargo, las disputas por la VPT siguen abiertas. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en el Consistorio benidormense ha exigido al gobierno local la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento de la VPT para empezar a resolver el más de un centenar de reclamaciones que la misma ha generado por parte de algunos funcionarios.

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El representante de este sindicato, Francisco Ángel González, que preside a su vez la junta de personal municipal, ha cifrado en torno a 180 estas alegaciones y ha criticado la "inactividad de la Administración" para intentar resolverlas y, así, evitar que muchas de ellas acaben llegando a los juzgados.

"Después de esta sentencia, ya no hay ninguna excusa para que cumplan de una vez los acuerdos, convoquen esta mesa y resuelvan las reclamaciones justas de muchos trabajadores, muchas fruto de errores garrafales".

Por su parte, la concejal de Recursos Humanos, Ángela Zaragozí, que en todo momento ha defendido la legalidad de la VPT ha eludido hacer valoraciones sobre el fallo judicial que da la razón al Ayuntamiento, pero ha indicado que espera que todas las reclamaciones se resuelvan de manera favorable.

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