En mitad de la polémica por un presunto caso de nepotismo en las últimas oposiciones de la Policía Local de Alicante, la Agencia Valenciana Antifraude ha conminado al Ayuntamiento de Benidorm a investigar el origen de la filtración de un examen en otro proceso selectivo para acceder a una plaza de policía en la ciudad turística y a depurar responsabilidades entre los miembros de aquel tribunal y entre el propio opositor que se benefició de la filtración.
Así se recoge en una resolución publicada por esta oficina, adscrita a las Cortes para prevenir el fraude y la corrupción e impulsar la ética pública, que además da al Consistorio un mes de plazo para comunicar las acciones que haya iniciado tendentes a acatar dicha recomendación.
Los hechos objeto de la investigación realizada por la Agencia Antifraude se produjeron en octubre del año 2018, cuando más de 300 aspirantes se enfrentaban a la tercera prueba de una oposición para cubrir 15 plazas de agente por turno libre: el examen tipo test.
Durante la realización del examen, varios opositores pusieron en conocimiento de los miembros del tribunal sus sospechas de que uno de sus compañeros podría haber tenido acceso previamente a las preguntas que se habían formulado. La prueba de este supuesto amaño: que el aspirante había rellenado la plantilla de las respuestas antes de que se hubiesen entregado las preguntas que había que responder.
Ante la gravedad de las acusaciones, el tribunal no paralizó el test pero sí decidió repetir el examen a esta persona al día siguiente, con las mismas preguntas pero formuladas en distinto orden. Y el resultado fue extraordinario: de obtener el primer día una puntuación por encima de 9 pasó a tener un 1 en tan solo 24 horas, algo que acrecentó las sospechas de que los hechos denunciados pudieran tener una base.
Pocos días después de estallar la polémica, el alcalde Toni Pérez decidió suspender el proceso selectivo y revocar a los miembros del tribunal, antes de el asunto llegara a los tribunales. La Fiscalía Provincial interpuso una denuncia contra varios miembros del ente calificador y el propio opositor, por presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario público o, alternativamente, de aprovechamiento de información privilegiada, ambos recogidos en el Código Penal, denuncia que después se redujo a dos únicos acusados: el jefe de Personal y el aspirante a policía, que ya trabajaba de facto en este cuerpo en calidad de interino y que finalmente ha acabado obteniendo plaza fija como policía, aunque en otro procedimiento distinto: el de consolidación de empleo.
El pasado octubre, la Sección Décima de la Audiencia Provincial absolvió a los dos acusados pero sentenció como hecho probado que el opositor había tenido acceso a las preguntas del examen tipo test antes de la realización de la prueba. La absolución, sin embargo, se dictó porque el órgano judicial fue incapaz de establecer de forma indubitada cómo éste accedió al contenido de las respuestas correctas.
Tras finalizar la vía judicial, Antifraude retomó la investigación que había paralizado para no interferir en aquel proceso y esta misma semana la oficina que dirige Joan Llinares ha publicado las conclusiones, que vienen acompañadas de una serie de recomendaciones que conmina al Ayuntamiento a cumplir.
Entre ellas, el organismo insta al Consistorio a depurar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de estos hechos, indicando que la vía penal y la administrativa son independientes y que, en este caso, la segunda se hace mucho más necesaria después de que los tribunales considerasen probada la filtración de las preguntas.
Por ello, la Agencia Antifraude insta a iniciar el correspondiente procedimiento de información y actuaciones previas para dilucidar las responsabilidades disciplinarias, que en su caso puedan existir, tanto del miembro o miembros del tribunal de selección que cometieron o consintieron los hechos, como en su caso de aquellos terceros que pudieron intervenir en los mismos. Y, además, también exige iniciar otro procedimiento administrativo, en este caso sancionador, contra el funcionario, y aspirante en este proceso selectivo, que tuvo acceso al examen y a sus respuestas, "hecho probado en sentencia, y en consecuencia se valió de ello para copiar infringiendo principios constitucionales de acceso a la función pública y siendo merecedor de la correspondiente responsabilidad disciplinaria conforme a la normativa vigente", recoge su escrito.
Por último, advierte de que la no incoación de los procedimientos disciplinarios "dará lugar a la prescripción, que de producirse conllevaría la exigencia de las correspondientes responsabilidades de los causantes de dicha inacción" y da al Ayuntamiento un plazo de un mes para comunicar las acciones que ha iniciado encaminadas a cumplir con este mandato.
Un proceso selectivo que ha culminado 5 años después
El Ayuntamiento de Benidorm incorporó el pasado 1 de enero a 24 agentes de Policía Local que han ingresado en este cuerpo a través de esta oposición, convocada por el gobierno local en el año 2017 pero que estuvo durante varios años paralizada debido a la denuncia por la filtración de este examen y la judicialización del caso. En marzo del pasado año, el Consistorio retomó este proceso selectivo, reiniciándolo justo a partir del examen en el que se paralizó por las sospechas de amaño: el tipo test. De las 15 plazas inicialmente convocadas, el Consistorio acabó ampliando el cupo a un total de 24, con el fin de cubrir las plazas que habían quedado vacantes durante el tiempo en el que se prolongó el proceso. Y ello, a pesar de que en la convocatoria hubo un menor número de aspirantes con respecto a los que inicialmente se presentaron, entre ellos el opositor señalado, que ya no optó a la prueba. Éste, sin embargo, ha acabado obteniendo plaza fija como policía local a través de otro proceso selectivo convocado para consolidar 16 puestos ocupados por interinos.
