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Benidorm tramita de nuevo la anulación de los convenios urbanísticos de Serra Gelada

El pleno acuerda el inicio otro expediente para declarar "nulos" los firmados con el empresario Puchades tras caducar el último | Los grupos políticos aprueban una modificación presupuestaria y una moción en defensa del trasvase Tajo-Segura

Parte de los terrenos protegidos por el PORN de la Serra Gelada. David Revenga

Benidorm no va a cesar en su empeño de declarar "nulos de pleno derecho" los convenios urbanísticos que se firmaron en 2001 y 2003 sobre el suelo de Serra Gelada. Unos acuerdos con el empresario Antonio Manuel Puchades y otras mercantiles donde se recogía que el Ayuntamiento de Benidorm compensaría a los dueños con unidades de aprovechamiento en otro plan parcial. Para ello, el gobierno local ha iniciado un nuevo capítulo: la caducidad y archivo del expediente de revisión de oficio de esos convenios para volver a abrirlo y poder continuar trabajando en esa nulidad y así evitar reclamaciones millonarias por ese suelo.

Así lo ha aprobado el pleno este lunes en una sesión extraordinaria con el voto del gobierno del PP y el de Cs y la abstención de los diez concejales del PSOE. Este trámite se repite. El Ayuntamiento ya abrió esa revisión de oficio el pasado año y realizó este movimiento de caducidad y reapertura en septiembre. Porque el proceso administrativo y judicial se alarga y el consistorio no quiere dejar perder esta cuestión. Entre otra cosas, porque declarar "nulos de pleno derecho" esos acuerdos evitaría a la administración local tener que afrontar compensaciones millonarias por este asunto.

La historia de estos convenios del APR-7 de Serra Gelada arrancó hace cerca de 20 años. El empresario Antonio Manuel Puchades firmó con el Ayuntamiento en 2003 un convenio firmado por el cual el consistorio compensaría a los dueños con unidades de aprovechamiento en otro plan parcial, ya que el de Sierra Helada iba a ser protegido al ser declarado Parque Natural. Ese acuerdo lo firmó el popular Vicente Pérez Devesa cuando era alcalde y se modificó dos veces más: una en 2010 y otra en 2013, con el PSOE en la Alcaldía. Así, caducó en 2018, pero Puchades reclamó porque esa compensación no llegó nunca.

Desde entonces, ha habido varias reclamaciones, también en el juzgado. Varios empresarios llegaron a pedir hasta 283 millones de euros por esos terrenos; 57,5 de ellos le corresponderían a Puchades, el 25% del total. Pero una sentencia falló que no era así. El pleno desestimó esa reclamación millonaria y fijó en 636.116 euros la cuantía a percibir por los terrenos que sí se cedieron al Ayuntamiento en agosto de 2004; una cuantía que sí se consignó en el presupuesto.

Pero el proceso ha seguido adelante porque el Ayuntamiento está convencido de que esos convenios son nulos. De ahí que este lunes se haya aprobado volver a abrir esa revisión. Así, según explicó la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, "el plazo legal" de la revisión que se inició en septiembre de 2021 ha caducado y, de ahí que, tras un informe técnico del 4 de mayo, se haya decidido dar de nuevo este paso. La edil añadió que "todavía existen causas de nulidad" que son las mismas que en la primera revisión.

Cabe recordar que en los informes de una abogada externa y el secretario municipal ya se recogía que persisten las "causas que adolecían el convenio de 2003 y que el convenio es nulo de pleno derecho" porque "reconocía a los propietarios derechos de aprovechamiento sin haber cumplido deberes de cesión, urbanización y equidistribución". Así, aquel convenio reconocía una indemnización "sin que concurrieran los requisitos necesarios para aplicar la responsabilidad patrimonial urbanística, básicamente porque no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico". Algo que puntualizó también el secretario municipal: los efectos de la nulidad del convenio solo aluden a los daños y perjuicios sufridos por los propietarios del suelo "sin ser indemnizables las meras expectativas".

Con todo, la concejala indicó en el pleno que "se abre ahora un plazo de audiencia de 20 días a los interesados" y que, tras ese proceso, se solicitará un dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC) que es preceptivo. Precisamente, un dictamen como esté permitió en el pasado pleno de abril declarar nulo otro de estos convenios urbanísticos suscritos en 2003 (así como las prórrogas de años posteriores) entre el Ayuntamiento y la mercantil Acciona Inmobiliaria referente al sector APR-7. Algo que el Ayuntamiento espera que pase con el resto.

El pleno de Benidorm de este lunes.

El portavoz del PSOE, Rubén Martínez, apuntó que "los trámites obligan a volver a dar 20 días de audiencia" a los interesados. El edil socialista afirmó que "el deseo es que se resuelva" cuanto antes y del mejor modo posible para las administración local y que el objetivo es que "nos ciñamos a cumplir escrupulosamente" con toda la base legal.

Desde Ciudadanos (Cs), su portavoz Juan Balastegui afirmó que los convenios de Serra Gelada es "un tema que ha venido muchas veces al pleno" y "confiamos en los servicios jurídicos del Ayuntamiento" para darle solución. Y consideró que es un asunto que "puede dañar mucho a la ciudad. Esperamos que, después de tanto tiempo, se haga lo mejor para los intereses de Benidorm".

En defensa del trasvase

El pleno extraordinario de este lunes también sirvió para aprobar una moción de todos los grupos políticos por unanimidad en la que se insta al Gobierno de España a "que no recorte el caudal del agua en el trasvase Tajo-Segura", reivindicando asimismo "la vigencia" del mismo para "el desarrollo y progreso del sureste español". La propuesta de la Junta de Portavoces recoge además "instar a la Generalitat Valenciana a sumarse a la defensa" del trasvase y a oponerse al aumento de los caudales ecológicos del Tajo que en la práctica "suponen una reducción del trasvase Tajo-Segura de 105 hm3/año".

Este acuerdo plenario llega después de que el Gobierno de España haya propuesto "una nueva planificación hidrológica" para el periodo 2022-2027 que "de aprobarse supondrá una reducción de caudales disponibles para el regadío". Una medida "sin justificación técnica, política e hidráulica, con consecuencias negativas en el futuro de las empresas y el empleo".

Con todo, por unanimidad se ha ratificado el acuerdo de la Junta de Portavoces de declarar el ‘Año Pedro Zaragoza Orts’ coincidiendo con el centenario de su nacimiento para "recordar y difundir su figura, obras, acciones y legado", y estableciéndose la periodicidad de esta efeméride hasta el 14 de mayo de 2023 y celebrándose ayer el acto de apertura de esta celebración.

El acto de este domingo en honor a Pedro Zaragoza.

Hijo Predilecto de Benidorm, su figura y actuación fueron claves para la configuración del Benidorm moderno, fundamentalmente en los ámbitos turísticos y urbanísticos. Entre los hechos más destacados de su gestión está la traída del agua potable a Benidorm, hecho que recuerda la piedra colocada en 1960 en la fuente del Parque de Elche con la inscripción "de ilusión también se vive"; o sacar adelante un Plan General de Ordenación Urbana.

Modificación presupuestaria

El pleno también aprobó con los votos a favor del gobierno del PP y el PSOE y los de Cs en contra una modificación presupuestaria para inyectar 399.500 euros en las Concejalías de Patrimonio Histórico y Cultura, Espacio Público y Juventud para llevar a cabo actividades y gastos previstos. Según ha explicado la concejal de Hacienda, Aída García Mayor, estos recursos "proceden del Remanente de Tesorería", que proceden del ahorro conseguido en el año 2021 "gracias a la buena gestión realizada".

García Mayor ha explicado que, en base a la normativa, debido "al descenso de ingresos generales" hubo que aplicar "recortes en el capítulo 2", sabiendo que las mismas se podían dotar de recursos en cuanto se dispusiera del Remanente de Tesorería. La edil ha recalcado que esta modificación presupuestaria "cuenta con el visto bueno favorable de la Intervención municipal", y ha agregado que estos 399.500 euros "vamos a destinarlo donde realmente hace falta" cumpliendo así "la palabra dada por el gobierno".

Pero los grupos de la oposición tomaron la palabra para puntualizar estas cuestiones. El portavoz del PSOE explicó que ese Remanente "se puede utilizar para el gasto corriente gracias a un acierto total del Congreso de los Diputados" que aprobó que "no solo fuera a amortizar deuda bancaria u obras financieramente sostenibles. Rubén Martínez recriminó al gobierno que "esta modificación viene porque hay partidas que están prácticamente agotadas o agotadas" y que se debe a "una mala planificación para estos departamentos".

Un argumento que repitió el portavoz de Cs que recordó que "todo eso ya lo dije en el pleno de presupuestos". Así añadió que "estamos en la séptima modificación presupuestaria y ya dije que habría partidas que no iban a llegar" para atender a todo lo necesario. "Va a haber más modificaciones presupuestarias", concluyó. Con todo, la concejala de Hacienda defendió la gestión del gobierno y recordó que ya se indicó que el presupuesto se iba a ir adaptando a las necesidades tras dos años de pandemia.

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