El juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa, la Guardia Civil y la Policía Local han puesto fin este viernes a cerca de una década de ocupaciones ilegales en un edificio de la calle Doctor Fleming, un inmueble del municipio vilero con quince viviendas propiedad de entidades bancarias. Diez de ellas ya habían podido ser desalojadas con anterioridad con la colaboración de la Guardia Civil y quedaban aún otras cinco. La jueza Consuelo María Martínez Molina ordenó el lanzamiento de estas viviendas con el visto bueno de la Fiscalía y, aunque la Guardia Civil había previsto un amplio dispositivo con casi medio centenar de agentes, los okupas han ido desalojando voluntariamente las casas desde la tarde del jueves y no ha sido preciso el empleo de la fuerza. Tres días ha tardado en resolverse el lanzamiento desde que el atestado entró en el juzgado, que lo hizo el martes. Ese mismo día la jueza dictó el auto, el miércoles se hizo el requerimiento para desalojar y el viernes se ha ejecutado. Un tiempo récord.
Los accesos al inmueble en los bajos y en la primera planta han sido tapiados por el Ayuntamiento de La Vila tras ordenarlo así la juez como medida de prevención ante nuevas ocupaciones y por el grave peligro existente en el interior a causa de los enganches ilegales de luz que tenían los okupas. Técnicos de Iberdrola han acudido al lanzamiento en el inmueble de Doctor Fleming y han emitido un informe alertando de la peligrosidad, lo que ha motivado la orden judicial de tapiar cualquier vía de acceso al edificio. Asimismo, se ha recomendado a los propietarios que instalen puertas antiokupas y otras medidas para evitar nuevas ocupaciones.
El alcalde, Andreu Verdú, se ha mostrado muy satisfecho con el desarrollo de la operación porque este inmueble se había convertido "en un foco de insalubridad y delincuencia" y ha agradecido la colaboración de Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales y juzgados: "Ha sido una lucha larga. Nos preocupaba mucho porque había menores de edad", según declaraciones recogidas por Efe.
Las entidades bancarias propietarias de las cinco casas que aún seguían ocupadas ilegalmente presentaron una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de La Vila Joiosa y se puso en marcha la operación para realizar el desahucio de las viviendas. La jueza Consuelo María Martínez Molina, autora de un protocolo pionero creado el pasado año para agilizar los lanzamientos y evitar que se prolonguen durante años las ocupaciones ilegales, ordenó el desahucio y dictó un auto en el que les daba 24 horas a los okupas para abandonar voluntariamente las casas.
Precisamente, es la primera ocasión en la que se produce un lanzamiento en base al atestado único estandarizado que se recogió en este protocolo pionero que el Ayuntamiento firmó con Consuelo María Martínez, la jueza decana del partido judicial de La Vila Joiosa. La Guardia Civil, fuerza de seguridad competente para realizar la actuación, elaboró ese atestado único que permite solicitar el lanzamiento inmediato como medida cautelar en base a una instrucción de la Fiscalía General del Estado que se recoge en el citado protocolo.
La Guardia Civil y Servicios Sociales se personaron en el inmueble para notificar a sus ocupantes que tenían 24 horas para recoger sus pertenencias y marcharse. En el momento de la notificación del desalojo se entregó también a los moradores una citación judicial para comparecer en un juicio por delito leve de usurpación de bienes inmuebles, que se celebrará el mes que viene. A los okupas también les imputan daños y defraudación de fluido eléctrico.
La ocupación de este polémico inmueble había provocado una gran alarma entre los vecinos de la zona desde hace más de cinco años, ya que se han registrado numerosos episodios de violencia, tráfico de drogas, robos y extorsión. Ahora, la tranquilidad volverá a esta zona y así lo agradecerán los vecinos que llevan muchos años protestando por la situación. El Ayuntamiento aseguró en 2017 que había intentado sin éxito solucionar el problema durante varios meses con acciones coordinadas entre la Policía Local y la Guardia Civil, pero advirtió que era imposible solventarlo sin la participación del banco propietario de las casas.
Además de las cinco casas desalojadas esta semana, otras tres fueron desahuciadas de oficio con anterioridad por la Guardia Civil al existir denuncias del propietario y tratarse de usurpaciones recién cometidas o que se estaban llevando a cabo en el momento de la intervención.
