Las dos últimas expropiaciones necesarias para desbloquear el futuro polígono industrial de Benidorm se acabarán resolviendo en los tribunales. Así lo han querido los propietarios de ambos terrenos, las mercantiles Urbanizadora El Carmen S.A. y Apartamentos La Senia SL, que han presentado sendos recursos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ contra la tasación municipal y también contra la que después realizó el Jurado Provincial de Expropiación, a pesar de que ésta última elevaba considerablemente el precio de ambos terrenos sobre la tasación realizada inicialmente por el Ayuntamiento.
Los propietarios reclaman algo más de 1,4 millones en la suma de ambos suelos, que el Jurado Provincial tasó en 756.000 euros y por los que el Ayuntamiento tan solo ofrecía 436.000.
La expropiación de ambas parcelas es el último trámite que ha de cubrir el Consistorio para dar viabilidad a la construcción del conocido como Vial Discotecas, uno de los enlaces que el Ministerio de Fomento exigió añadir al proyecto como condición indispensable para poder desarrollar la zona industrial, cuya urbanización finalizó en 2015. El resto de los suelos por los que transcurre el vial son ya desde hace meses propiedad del Consistorio, tras alcanzar distintos acuerdos con sus propietarios, el último de ellos, el pasado mayo.
La entrada de estas dos operaciones por la vía judicial podría retrasar una vez más el desarrollo del PP 3/1, proyectado en el Plan General de 1990 y que sigue todavía en punto muerto. Y ello, a pesar de que en esta zona industrial lleva años urbanizada y presenta ya un importante deterioro, y de que en ella están previstas importantes infraestructuras, como el primer centro comercial que tendrá Benidorm y en el que la multinacional francesa Unibail Rodamco había previsto invertir más de 200 millones de euros.
El gobierno local de Benidorm ha dejado en manos de un bufete de abogados de València la personación y defensa municipal en ambos contenciosos, para lo cual ha aprobado una provisión inicial de fondos de 6.500 y 5.000 euros, respectivamente, según la información a la que ha tenido acceso este diario.
El primero de los casos, el recurso interpuesto por Urbanizadora El Carmen S.A. ante la Sección Primera de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tiene que ver con la expropiación forzosa de las parcelas 3 y 4 de suelo urbano sitas en Partida Salto del Agua, y que están catalogadas como suelo dotacional sistema general red viaria. En este caso, el Ayuntamiento tasó los terrenos en 432.113,38 euros, un valor que el Jurado Provincial de Expropiación elevó hasta los 742.827,65, pero que seguía estando por debajo de los 883.563,28 de la hoja de aprecio presentada por la propiedad y del 1.127.921,53 euros tasados en un informe pericial aportado por ésta.
En el segundo de los suelos afectados, el coste que debería abonar el Consistorio es mucho menor, pero también será por medio de un litigio donde se acabe resolviendo. En este caso, Apartamentos La Senia SL ha recurrido ante este mismo tribunal del TSJ contra la tasación formulada por el Jurado Provincial, que valoró el precio de este suelo, de carácter rústico, en 14.760,92 euros frente a los 4.421,85 que pretendía pagar el Ayuntamiento. Frente a ambas cuantías, la propiedad reclamaba 579.616,95 euros mientras que un informe técnico de la propiedad los tasaba en 467.561,03 euros.
Un largo y costoso camino
El gobierno local de Benidorm, del PP, selló en noviembre de 2020 el grueso de los acuerdos para culminar la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para ejecutar el Vial Discotecas, una bolsa de suelo de 550.000 metros cuadrados, dividida en un total de 28 parcelas.
El Consistorio abonó algo menos de 464.000 euros a los propietarios de 25 de estas parcelas, mientras que con los de las tres restantes se acordó un pago en especie; esto es, mediante el intercambio de este suelo por unidades de aprovechamiento en otros planes parciales de la ciudad.
Por contra, y a pesar de las intensas negociaciones desplegadas desde hace años, el gobierno local no fue capaz de sellar un acuerdo con los propietarios de otras tres parcelas, que juntas suman 3.388,66 metros cuadrados, dos de las cuales son las que están ahora en litigio. Por lo que respecta a la tercera, el Consistorio logró el pasado mayo un acuerdo con la propiedad, a la que se le dará suelo en otros planes parciales, tal y como confirmó en su día la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles.
