El Ayuntamiento de Benidorm va a abonar a un exconcejal del Partido Popular algo más de 25.000 euros tras ser absuelto en un juicio en el que fue acusado de presuntas filtraciones en un proceso selectivo para cubrir plazas vacantes de la Policía Local. El gobierno local ha cursado una propuesta para autorizar el pago de los gastos que el exconcejal Lorenzo Medina, que es funcionario municipal y ocupa actualmente plaza de jefe de Personal, invirtió en abogados para defenderse en este juicio, celebrado a finales del pasado año y cuya sentencia es firme.
Como ya publicó en su día este diario, la Audiencia Provincial de Alicante exoneró a Lorenzo Medina, que presidía el tribunal de la oposición, de un supuesto delito de revelación de información privilegiada, por el que la Fiscalía pedía dos años de prisión. El Ministerio Fiscal reclamaba la misma pena para el opositor al que otros dos aspirantes denunciaron por haber copiado las preguntas, que ahora tiene plaza como policía local en la ciudad y que también quedó absuelto en la causa.
La Audiencia consideró probado que el opositor sí que tuvo acceso al contenido de las respuestas correctas, pero no logró acreditar el modo en que esa información llegó hasta él y, por tanto, quién fue el responsable de la filtración, motivo por el que acordó la absolución de ambos encausados.
Tras el cierre de la causa por la vía judicial, el jefe de Recursos Humanos presentó el pasado febrero una solicitud por registro municipal reclamando que se le abonase todo el dinero derivado de los gastos que había invertido en su defensa, entre los que se incluían los honorarios de los dos abogados que le defendieron o la elaboración de varios informes periciales por parte de un laboratorio especializado, haciendo valer de esta forma un derecho que se reconoce para aquellos funcionarios de Administraciones públicas implicados en asuntos judiciales por el desempeño de su trabajo. El montante de la cuantía reclamada asciende a 25.763 euros, según ha podido saber este diario.
Tras esta petición, y después de que el departamento jurídico municipal emitiese informes favorables, la edil de Recuros Humanos, la popular Ángela Zaragozí, solicitó el pasado junio la aprobación de un gasto para resarcir a Medina "al tratarse de un supuesto de protección jurídica a un funcionario". El escrito de la concejal, al que ha tenido acceso este diario, defiende que "la inclusión y encausamiento (de Lorenzo Medina) en este procedimiento viene derivada de su designación como presidente del órgano técnico de selección del procedimiento selectivo para la provisión en propiedad de 20 plazas de agente de la Policía Local".
Lorenzo Medina fue concejal del Partido Popular entre julio de 2013 y las municipales de 2015, cuando el Partido Popular regresó al gobierno local. Accedió a la corporación a mitad de legislatura para ocupar la plaza vacante que dejó David Devesa, quien renunció a su acta de concejal y también a su militancia, antes de iniciar una andadura política en solitario que tuvo poco recorrido. Hasta entonces, Medina había ejercido como director del centro social José Llorca Llinares.
Tras su exclusión de las listas en las municipales de 2015, solo unos meses después la ascensión de Toni Pérez a la Alcaldía, Medina se presentó a un proceso selectivo y obtuvo plaza como jefe del departamento de Recursos Humanos, cargo del que tomó posesión en octubre de 2015.
El abono de gastos de defensa a este funcionario no es un hecho aislado en el Consistorio benidormense ya que, como se ha apuntado anteriormente, es un derecho recogido por ley y en el propio Acuerdo de Condiciones Socio-Económicas del Personal Funcionario y el Convenio de Relaciones Laborales del Personal Laboral del Ayuntamiento.
