El Ayuntamiento de Benidorm ha abierto en lo que llevamos de verano más de 300 expedientes sancionadores por el mal uso de patinetes eléctricos y sillas motorizadas de alquiler en la vía pública. Estos son los primeros resultados que ha arrojado una campaña de control a este tipo de vehículos desarrollada durante la temporada alta por la Policía Local debido a los numerosos problemas que se habían detectado en muchas calles de la ciudad generados por sus usuarios.

El alquiler de vehículos de movilidad personal es una práctica que en los últimos años ha crecido como la espuma en localidades turísticas y que en todo este tiempo no ha estado exento de polémica. La última, a raíz del fatídico accidente sufrido este miércoles en Benidorm por una turista británica de 58 años, que falleció tras chocar con la silla motorizada que conducía, y en la que también iba su nieto de 8 años que resultó herido, y precipitarse por un acantilado en el parque natural de la Serra Gelada.

Fuentes municipales han explicado que en la ciudad se comercializan diariamente alrededor de 500 sillas de ruedas a motor que, según se publicita en distintas webs, cualquiera puede alquilar a precios que oscilan desde los 10 euros por día a los 50 euros por poder disfrutar de este vehículo durante una semana. El público de procedencia británica es el principal consumidor de este producto. No en vano, en un simple paseo por las zonas con mayor movimiento de turistas llegados desde Reino Unido, es posible encontrar todo tipo de vehículos eléctricos circulando por aceras, zonas peatonales o calzadas, o aparcados ocupando espacio en la vía pública o en las zonas de acceso a muchos hoteles.

Benidorm fue en su día pionera a la hora de regular el uso de estos vehículos, con la aprobación de una ordenanza municipal hace casi una década que, entre otras cuestiones, limitaba el alquiler de estas "scooters" a personas mayores de 55 años de edad o con problemas de movilidad acreditados, obligaba a las empresas de alquiler a tener contratado un seguro de responsabilidad civil o preveía sanciones por conducir ebrio o a gran velocidad. Además, también prohibió el alquiler de patines eléctricos de forma individual, limitando su uso a la organización de excursiones en grupo.

Eso sobre el papel. Porque, en la práctica, los incumplimientos por parte de usuarios y de ciertas empresas de alquiler son constantes y arrojan serias consecuencias. Así se desprende, al menos, de los datos facilitados este jueves por el concejal de Comercio y Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, que ha asegurado que en lo que llevamos de verano la Policía Local ha abierto más de 300 expedientes sancionadores por el uso indebido de patines y sillas de ruedas eléctricas, cuyas multas pueden ascender hasta los 500 euros.

Entre los incumplimientos detectados en esta campaña policial figura no solo el alquiler de este tipo de vehículos a personas que no cumplen con los requisitos de la ordenanza, es decir, a menores de 55 años sin problemas de movilidad, sino también el hecho de que algunas motos no están en condiciones óptimas o carecen de toda la documentación requerida.

Los turistas británicos son los principales consumidores de este producto, que puede alquilarse desde 10 euros al día. David Revenga

Por lo que se refiere a los usuarios, los incumplimientos más repetidos son circular a mayor velocidad de la permitida, por zonas no autorizadas o de forma irregular; esto es, por ejemplo, llevando en sillas individuales a niños, adultos o mascotas encima y sin ningún tipo de protección, según han explicado las mismas fuentes; o estacionar en zonas donde no pueden hacerlo, lo que puede llevar aparejado la retirada del vehículo por parte de la grúa y el pago de otra sanción.

Reincidentes

El concejal de Seguridad Ciudadana defiende que el uso de este tipo de vehículos, tanto de movilidad personal como para personas con discapacidad, "puede ser una solución y un servicio muy importante en una ciudad como la nuestra, pero siempre que se haga de ellos un buen uso y no un abuso descontrolado para hacer negocio".

En este sentido, Lorenzo Martínez ha indicado que, además de inspecciones, la Policía Local también realiza campañas informativas, pero "los agentes no pueden ir todo el día detrás de estas motos para que cumplan".

Por ello, ha señalado que ahora se está revisando toda la información que se ha obtenido en esta campaña y que por parte de los servicios jurídicos municipales se está estudiando la posibilidad de revocar licencias de apertura a establecimientos dedicados al alquiler de motos, sillas o patines que hayan sido sancionados de manera reincidente.