Al gobierno local de Benidorm, del Partido Popular, le ha estallado en las manos una patata caliente a las puertas de las Fiestas Mayores Patronales y cuando nada hacía prever el complicado escenario en el que ha acabado instalado.
Un informe elaborado el pasado mes de octubre por distintos técnicos del área económica, y adjuntado a última hora a la documentación de un pleno extraordinario convocado este miércoles para aprobar la cuenta general, ha sacado a la luz distintas irregularidades en la gestión municipal durante el año 2021, algunas de las cuales apuntan actuaciones sumamente graves relacionadas con el gasto del dinero público.
Como ya avanzó ayer este diario, entre dichas irregularidades e incidencias, el recientemente jubilado interventor, el interventor accidental y la responsable de fiscalización citan la existencia de expedientes que no motivan la necesidad de un contrato, la falta de tiempo material para fiscalizar nóminas, pagos que se autorizan después de realizarse el gasto, contratos que se prorrogan a pesar de no preveían inicialmente la posibilidad de una ampliación o concesiones que siguen funcionando con total normalidad incluso años después de haber vencido el plazo por el que fueron adjudicadas.
Y, además, hablan de expedientes y de contratos concretos, como el modificado al alza de las obras de la avenida del Mediterráneo, el contrato de FCC o la expropiación de suelo en El Moralet a Enrique Ortiz, y alertan de que algunas de las circunstancias expresadas en el documento se prolongan desde años atrás sin que se haya hecho nada por solucionarlo.
"No tenían conocimiento del mismo"
A la vista de tales acusaciones, y del chaparrón que el informe ha provocado dentro de la propia Casa Consistorial, la portavoz del PP, Lourdes Caselles, ha salido este jueves a la palestra para informar a través de un comunicado de que el gobierno local ha reclamado al secretario municipal, el máximo jurídico municipal, que indique cómo se ha de actuar a partir de ahora.
Para ello, se ha solicitado la elaboración de otro informe que permita conocer el alcance de los extremos contenidos en el documento de Intervención.
Según Caselles, ha sido el propio alcalde benidormense, Toni Pérez, quien ha solicitado "a primera hora de hoy un informe al secretario del Ayuntamiento para que en el mismo determine el proceder que ha de seguir la Alcaldía en relación al 'Informe resumen de los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Benidorm, ejercicio 2021', fechado el pasado 5 de octubre, y que formaba parte de la documentación del pleno extraordinario celebrado ayer, en concreto del punto sobre la aprobación de la Cuenta General del pasado ejercicio".
Tal y como ha indicado la portavoz del gobierno, el primer edil habría pedido "tener dicho informe a la mayor brevedad”.
“Desde el máximo rigor y responsabilidad y con la mayor transparencia y diligencia, esta mañana el alcalde ha remitido a la Secretaría General, que es el órgano jurídico municipal máximo, un oficio para que remita un informe sobre el proceder de la Alcaldía", ha asegurado Caselles.
Ahora bien, la también concejal de Urbanismo ha dado a conocer un dato que hasta ahora había pasado desapercibido. El documento de Intervención tiene fecha de 5 de octubre, hace más de un mes, pero no fue incorporado a la documentación del pleno hasta un día antes de la celebración del mismo, el 8 de noviembre. Y ello habría motivado, a juicio del PP, otra consecuencia: “Los departamentos municipales a los que se alude y evalúa en ese documento ni siquiera tenían conocimiento del contenido del mismo”, por lo que no habrían podido contestar o rebatir los extremos expuestos, ha aclarado la edil.
Caselles, no obstante, ha insistido en que “una vez que conozcamos el contenido del informe del secretario municipal actuaremos con el mismo rigor, seriedad, responsabilidad y transparencia”.
La oposición pide ir al Juzgado
Minutos antes de conocer la reacción del PP ante el informe del área económica, los dos grupos de la oposición municipal, PSOE y Ciudadanos, han emitido un comunicado donde, entre otras cuestiones, han reclamado responsabilidades jurídicas por las acusaciones que contiene el documento.
Tras una convocatoria y desconvocatoria de rueda de prensa en cuestión de minutos, la reacción de la oposición se ha limitado también a la remisión a los medios de un escrito en el que han tildado de "graves" las acusaciones de Intervención y han reclamado que el mismo "sea remitido a la institución que corresponda para frenar las malas prácticas que se arrastran desde la pasada legislatura en la gestión municipal".
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha destacado que es un informe “demoledor” en el que se plasman "numerosas y graves irregularidades que ponen de manifiesto la desastrosa gestión bajo el mandato del PP y que sin duda alguna debe conocer la ciudadanía".
Escoda ha criticado que la edil de Hacienda, Aida García, "se refiriese a este informe como un documento que contiene discrepancias de un técnico sobre el trabajo que realizan otros técnicos, cuando se habla de numerosas ilegalidades en expedientes de Recursos Humanos y Contratación”. Asimismo, la portavoz socialista ha reclamado al gobierno del PP que “se tome muy en serio este informe y actúe en consecuencia”: “Queremos saber qué va a hacer el gobierno, si lo va a dejar en un cajón o va a poner en marcha acciones para depurar responsabilidades”.
En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, quien ha declarado que “nuestro Ayuntamiento ha quedado en muy mal lugar ante las irregularidades en la gestión de técnicos y concejales plasmadas en este informe”.
Balastegui ha explicado que “hablamos de asuntos de muchos millones de euros pagados con el dinero público, algunos denunciados por Ciudadanos varias veces, como los 4,4 millones de euros pagados a Ortiz injustamente, o por ejemplo la sentencia de FCC donde hemos pagado 7,7 millones de una forma extraña, según el documento”.
Por último, el portavoz de Cs ha recordado que “las prórrogas continuas de forma irregular realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm se mantienen a día de hoy” y ha puesto, como ejemplo, “la explotación del parking de l’Aigüera en manos de FCC”.
En definitiva, ha concluido el edil, “mucho que investigar y por ello el PP debe iniciar acciones de todo tipo, tanto a la Fiscalía, a Antifraude o al Tribunal de Cuentas… porque son asuntos muy turbios y de mucho calado”.
El Sindicato Profesional defiende la "honorabilidad" de los funcionarios
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, mayoritario en la junta de personal en el Ayuntamiento de Benidorm, ha defendido la "honorabilidad" de los funcionarios tras conocer por este medio el contenido del informe.
"No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio el trabajo que vienen realizando los trabajadores de los departamentos de Contratación, Recursos Humanos, Defensa jurídica, Urbanismo, Ingeniería, Secretaría, Intervención o Seguridad Ciudadana, así como los técnicos correspondientes", han trasladado a través de un comunicado, en el que también afirman que no permitirán "que se cuestione la falta de informes en servicios extraordinarios, horas extras, plus de garantía de servicios de la Policía Local, etc".
Desde el SPPLB aseguran que "los servicios que prestan los trabajadores municipales son retribuidos atendiendo a la legislación vigente y, cuando no han sido retribuidos, esta central sindical se ha dirigido a los Tribunales de Justicia y han sido ellos los que han estimado las reclamaciones".
Por eso, para conocer el alcance real de las irregularidades apuntadas por Intervención, el SPPLB ha reclamado al alcalde Toni Pérez que les remita copia del informe "con el objetivo de estudiarlo y, en su caso, ejercer las acciones administrativas, judiciales o penales que se crean oportunas", ha asegurado Francisco Ángel González.
