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"Errores, falsedades y mentiras": un informe cuestiona las irregularidades denunciadas por Intervención en el Ayuntamiento de Benidorm

El secretario municipal acusa al área económica de faltar a la verdad "con plena conciencia", incumpliendo los plazos y sin contrastar con otros departamentos. El técnico propone al alcalde realizar auditorías para esclarecer los hechos

El alcalde y el concejal González de Zárate hablan durante un receso del pleno en presencia de los dos técnicos principales del Consistorio: el secretario municipal y el interventor, en una imagen anterior a su reciente jubilación. David Revenga

Las discrepancias que separan desde hace meses a los principales técnicos del Ayuntamiento de Benidorm y varios informes emitidos en las últimas semanas por los responsables de los departamentos de Intervención y Secretaría amenazan con poner al Consistorio benidormense patas arriba en la recta final del actual mandato.

Un informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento, Esteban Capdepón, ha venido a poner en cuestión las supuestas irregularidades en la gestión económica municipal durante el año 2021 que denunció días atrás, en otro documento previo, el área de Intervención, a la que la Secretaría acusa ahora de faltar a la verdad "con plena conciencia".

Dicho informe, firmado el pasado 10 de noviembre y que se incorporó a las comisiones informativas municipales de este lunes, tras las Fiestas Patronales de la ciudad, tilda de "errores, falsedades, mentiras e ilegalidades" las acusaciones formuladas por el interventor accidental y la responsable de Fiscalización, dos de los técnicos firmantes del primer documento junto al interventor titular, recientemente jubilado, José Ignacio Oiza.

El escrito que Secretaría pone en cuestión, de 24 páginas de extensión, lleva por título "Resumen de los resultados de control interno en el Ayuntamiento de Benidorm. Ejercicio 2021" y, a pesar de que está fechado el 5 de octubre, no se dio a conocer al resto de técnicos municipales hasta el pasado 8 de noviembre, un día antes de la celebración de un pleno extraordinario convocado por el alcalde Toni Pérez para, entre otras cuestiones, aprobar la Cuenta General del pasado año.

Las supuestas irregularidades denuncias por los técnicos en este documento dejaban en un lugar más que cuestionable la gestión concreta de varios departamentos municipales, especialmente los de Recursos Humanos y Contratación, pero también los de Ingeniería, Aguas y Residuos, Tesorería, Seguridad Ciudadana y la propia Secretaría.

El alcalde Toni Pérez y el interventor en funciones, Míchel Modrego, uno de los firmantes del informe, durante un pleno reciente. David Revenga

Entre las múltiples incidencias e irregularidades sobre las que Intervención ponía el acento figuraban cuestiones como la existencia de expedientes que no motivan la necesidad de un contrato, la falta de tiempo material para fiscalizar nóminas, pagos que se autorizan después de realizarse el gasto contratos que se prorrogan a pesar de no preveían inicialmente la posibilidad de una ampliación, asuntos todos ellos que llevaron a la oposición municipal, donde están representados PSOE y Cs a poner el grito en el cielo y a exigir explicaciones al gobierno local.

Sin contrastar y fuera de plazo

Menos de 24 horas después de hacerse público el contenido del informe elaborado por Intervención, el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, reclamó al secretario general del Ayuntamiento, como máximo representante legal, la elaboración de un informe "urgente" sobre las acusaciones vertidas por los técnicos del área económica y cómo tenían que proceder a partir de ahora el Consistorio, un escrito que llegó apenas un día después de celebrarse el pleno, pero del que se dio cuenta este lunes, y donde este técnico desmonta los anteriores argumentos.

El escrito recoge la voluntad del secretario de no "entrar, de momento, a valorar los errores, falsedades, mentiras e ilegalidades propuestas y contenidas con plena conciencia de las mismas por los funcionarios de Intervención (...) y tampoco de los aspectos que requieren de un análisis en mayor profundidad que una información procedimental", tras lo cual se dispone a indicar los asuntos que considera "más relevantes".

Entre ellos, el funcionario apunta que Intervención ha incumplido los plazos legales para la realización de este informe, que según la legislación debe presentarse ante la Intervención General del Estado antes del 30 de abril del año siguiente a la fiscalización y al alcalde de la corporación.

Además, indica que el mismo ha de ir acompañado de un plan de acción donde se determinen las medidas a adoptar "para subsanar debilidades, deficiencias o incumplimientos reflejados en dicho informe", un requerimiento sobre el que tampoco se dice ni una palabra en el "Resumen..." sobre el ejercicio de 2021.

El secretario apunta, igualmente, que "del contenido del informe resumen ha de darse audiencia a los afectados por un plazo de 10 días", algo que Intervención también habría incumplido, algo en lo que ahonda en otro párrafo, donde recoge que "del informe remitido por Alcaldía no se deduce ninguna otra valoración que la propia de la Intervención y no con carácter de resumen, sino de valoración extensa. Ello puede producir confusión en la IGAE si no se acompaña de las opiniones de los afectados (al menos, de momento, del Ayuntamiento), por lo que considero prudente que de Alcaldía se requiera de las personas y órganos citados, aludidos o imputados en el informe, su opinión".

Por último, Esteban Capdepón considera necesario "solicitar informes, auditorías de los aspectos que han levantado el interés" de grupos políticos, sindicatos, funcionarios y medios de comunicación, "y, por tanto, de la ciudadanía, a la que hay que informar con la máxima transparencia y prontitud en favor de los intereses públicos municipales que tan nefastamente ha venido defendiendo la Intervención municipal con errores y confusiones en los informes y reparos injustificados e ilegales a los órganos competentes con perjuicios millonarios".

Las irregularidades que cita Intervención

Entre las múltiples cuestiones sobre las que ponía el foco el informe "Resumen..." elaborado por Intervención se incluyen problemas nuevos, pero también muchas cuestiones que son desde hace lustros una constante en el Ayuntamiento de Benidorm, como el pago de servicios extraordinarios o complementos a la Policía Local sin informes ni circunstancias que sustenten dicha asignación o la falta de fiscalización de los expedientes mensuales de la nómina, porque el departamento de Personal no los remite con la suficiente antelación para que se puedan revisar antes de proceder al pago.

Acceso al área de Personal del Ayuntamiento, una de las que el informe de Intervención deja en peor lugar. David Revenga

Además, en este apartado, también se hace alusión a otros asuntos, como la imposibilidad de verificar la corrección de los importes de variación de la nómina o la inexistencia de errores. "Es sorprendente que las correcciones sean siempre positivas, nunca para cantidades abonadas de más", algo que, según los técnicos, se lleva advirtiendo también en 2019 y 2020 "sin obtener una solución por parte del departamento".

Igualmente, los funcionarios del área económica censuraban el pago de horas extraordinarias que no están debidamente justificadas o que hay expedientes que llegan a demorarse hasta seis meses antes de solicitarse su abono, con expedientes incompletos o donde no se hace control horario de la jornada laboral o del cumplimiento de los servicios extraordinarios.

Por último, también exponían que la nueva Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) no ha solventado algunos problemas, como el reconocimiento de funciones de superior categoría o las gratificaciones, y critica las numerosas sentencias en contra del Consistorio en materia de personal: "Nos plantea si la defensa municipal ha sido adecuada".

Al margen de las irregularidades e incidencias relacionadas con la gestión de la plantilla municipal, el informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Benidorm en 2021 también hace alusión a otros asuntos que tienen que ver con la contratación.

Los técnicos afirman que "con demasiada frecuencia" se realizan contratos menores para dar respuesta a "necesidades reiteradas de los departamentos"; que algunos pagos se autorizan bastante tiempo después de producirse el gasto, una vez realizado el servicio, suministro u obra; que los expedientes no motivan adecuadamente la necesidad de algunos contratos menores o que no se adjuntan los informes pertinentes.

Además, por lo que se refiere a las grandes contratas, interventor y responsable de fiscalización también critican que el Ayuntamiento recurre con demasiada frecuencia a la fórmula de la "continuidad del servicio", una vez que la duración total del contrato, incluidas sus prórrogas, ya ha finalizado, sin que los pliegos regulen nada al respecto.

Asimismo, el informe asegura que se tramitaron prórrogas sin que esta posibilidad estuviese contemplada en el pliego y habla, incluso, de un servicio de explotación de las pistas de tenis y pádel del Palau d'Esports, cuya duración finalizó en 2019 y, al cierre de 2021, continuaban funcionando sin que se hubiese tramitado prórroga alguna.

Junto a todo ello, el documento también indica otras cuestiones, como el uso indebido de la tramitación anticipada de los expedientes; que en algunos de ellos no se justifica el presupuesto base de licitación; la no división en lotes de algunos contratos; los contratos de suministros de prestación sucesiva; la omisión de sometimiento a control de algunos expedientes; o la fiscalización con incidencias de algunos de ellos, como el modificado de las obras de la avenida del Mediterráneo, la retasación de la expropiación de El Moralet a la mercantil de Enrique Ortiz; o la sentencia de revisión de precios en favor de FCC, entre otras.

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