Ordenan a una víctima de violencia con dos hijos menores abandonar su casa en La Vila para que viva el maltratador

El 28 de febrero es una fecha que va a quedar marcada a fuego en el calendario vital de Sandra G.A. Si antes no ocurre nada que lo remedie, ese día puede quedarse literalmente en la calle, sin ningún sitio a donde ir, al vencer el plazo que le ha dado una juez de La Vila Joiosa para abandonar junto a sus dos hijos menores de edad, de 6 y 16 años, la vivienda de esta localidad en la que reside y devolvérsela a su expareja, Tomás A.G.L., de quien se separó en 2020 y que acumula varias condenas por maltratarla.

Con un informe de vulnerabilidad, sin empleo y cobrando una ayuda mensual de 854 euros, Sandra no encuentra ningún piso que pueda alquilar y los Servicios Sociales tampoco le ofrecen alternativas habitacionales al no haber ninguna vivienda social disponible, ni en La Vila ni en otros municipios de su entorno. «Estoy desesperada y ya no sé a quién acudir», afirma.

«Pidiendo que me echen de casa, lo que él quiere es seguir maltratándome en la distancia, exactamente igual que hacía antes»

Los hechos por los que Sandra se ve ahora en esta situación arrancan en julio de 2020, cuando la pareja selló ante este mismo juzgado, tras su separación, un acuerdo para establecer las medidas relacionadas con el hijo que tienen en común, que entonces tenía 4 años.

A pesar de que la legislación establece como norma general tras un divorcio o separación que la vivienda familiar corresponderá a los hijos comunes y al progenitor en cuya compañía se queden hasta que éstos alcancen la mayoría de edad, Sandra aceptó devolver la casa a su expareja en el margen de un año, un plazo que inicialmente vencía el 1 de agosto de 2021.

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En el acuerdo se comprometía también a asumir todos los gastos de la vivienda y, además, a abonar 200 euros al mes para ayudar a Tomás al pago de una hipoteca que, según asegura haber descubierto ahora, «no existía». Él, por su parte, le pagaría a ella esa misma cantidad por los gastos del hijo de ambos, de modo que se compensaría un pago por otro. 

«Nunca tuve que haber firmado ese acuerdo, lo sé, pero si te lo dice tu abogada...»

«Me dijeron que o aceptaba el año o que me tendría que ir a la calle en menos de un mes con mis dos niños. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación si quien te lo dice es tu abogado? Pues aceptar», explica ahora Sandra, quien lamenta haber asumido aquellas condiciones «por desconocimiento de las leyes» y porque la abogada de oficio que le asignaron «no la asesoró bien; no se explica que alguien pudiera aconsejarle aceptar esa aberración», agrega su actual letrada, una abogada del turno de oficio de violencia contra la mujer.

Esta profesional del Derecho es quien ahora está intentando revertir aquella mala decisión. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta mujer, beneficiaria de la renta valenciana de inclusión, pero también el historial de maltrato que arrastra a sus espaldas. 

Valoración de riesgo alto

A pesar de tener antecedentes previos por violencia machista, el último episodio se produjo en diciembre de 2021, dos meses después de que esta mujer solicitase a la juez una revisión de aquel acuerdo debido a su pobre situación económica.

Tomás se personó en un bar de La Vila donde se encontraban en ese momento Sandra y el hijo de ambos y, «actuando con la finalidad de infundir temor, en actitud agresiva, le manifestó: ‘Te tengo que matar, hija de puta’, espetándole igualmente expresiones como ‘borracha, puta, guarra’», tal y como recoge la sentencia, que le condenó a trabajos en beneficio de la comunidad, le impuso una orden de alejamiento de un año con respecto a la víctima y, además, suspendió el régimen de visitas al niño, al existir también un informe de la Guardia Civil valorando su caso como de riesgo alto. 

«A mí me gustaría poder marcharme, pero en cualquier sitio me piden 3 meses de fianza, un contrato de trabajo, garantías de pago... Y los precios, que son carísimos»

Esa circunstancia, sin embargo, no ha evitado que Sandra tenga que acabar acatando el acuerdo. El pasado 25 de enero, la juez que instruye el caso desestimó su petición para revocar el punto donde aceptaba abandonar la vivienda y ha fijado el día 28 de este mes como plazo máximo para que se marche.

El fallo, que va a ser recurrido, la magistrada considera que la situación de esta víctima no ha cambiado con respecto a la etapa en la que aceptó el acuerdo. Su actual letrada explica, no obstante, que la apelación no es suspensiva en materia de familia y, además, la otra parte ha pedido el lanzamiento por comisión judicial. 

Las grietas en la protección de las víctimas más vulnerables de la violencia machista

Sandra pide ayuda: «He estado mirando muchísimo, en inmobiliarias, en particulares, en todos lados, y no encuentras un piso por menos de 500 euros al mes. Si a eso le sumas que en todos lados te piden contrato de trabajo, un mínimo de tres meses de fianza, seguros,... pues es imposible. Los Servicios Sociales me dicen que solo hay una vivienda social disponible en Castalla, pero eso comporta aislarnos aún más a mi y a mis hijos, sacarlos del colegio, perder todo nuestro círculo de amistades, nuestra red de ayuda». 

«No se ha tenido en cuenta el interés e mis hijos. ¿Cómo se puede dar preferencia a un maltratados sobre a dos menores»

Pilar Baigorri, exconcejal de Bienestar Social de La Vila y miembro de la asociación Mujeres con Voz, que la está ayudando, lo confirma. «Es una situación muy, muy penosa».

Para Sandra, la petición de lanzamiento por parte de su pareja no es más que «otra forma de maltratarme, de seguir teniendo el control de la situación desde la distancia. Yo solo pido ayuda y que se haga justicia».