"Ninguno de los reparos formulados por la Intervención del Ayuntamiento tendría efectos suspensivos conforme a lo previsto" en la ley. La Intervención General de la Generalitat Valenciana ha tumbado todos los argumentos que obligaron al Consistorio benidormense a paralizar hace ahora más de ocho meses el procedimiento de contratación para adjudicar a una nueva empresa los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. Y lo ha hecho en un informe en el que, además, da vía libre a la Administración local a continuar con el mismo de manera inmediata.
El organismo, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, ha respondido de esta forma a la consulta elevada el pasado octubre por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que solicitaba su intervención para resolver las discrepancias hasta entonces irreconciliables existentes entre los técnicos municipales del área de Intervención y el resto de funcionarios que han intervenido en la elaboración de los pliegos. Entre ellos, los responsables de la Secretaría General o los departamentos de Contratación, Ingeniería o Limpieza Viaria.
Ahora, tras el estudio del expediente, que se compone de más de un millar de folios con pliegos, informes, consultas, correcciones y más informes, la Intervención autonómica acepta la propuesta municipal para saldar las discrepancias y zanja el asunto de manera tajante: "Ninguno de los reparos tendría efectos suspensivos", a lo que también agrega otras consideraciones, como el hecho de que "en los distintos informes emitidos por la Intervención no se motivan adecuadamente, con razonamientos fundados en las normas correspondientes, los criterios en que dicha Intervención sustenta su opinión" o que los mismos "han impedido la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento", entre otras.
Como ya ha venido contando de largo este diario, el Consistorio benidormense mantiene bloqueada la adjudicación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria a una nueva empresa, pese a que el contrato caducó en el año 2018, desde el cual se han venido aprobando prórrogas y ampliaciones con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y, lo que es aún peor, a pesar de las importantes deficiencias que arrastra el servicio, con precios y tareas que han quedado totalmente desfasadas.
El informe municipal
Y el último motivo que obligó a paralizar de nuevo este proceso fue, precisamente, un informe presentado el pasado mes de julio por el interventor municipal. El técnico dio a conocer el documento minutos antes de la celebración de un pleno extraordinario que había convocado el gobierno local del Partido Popular para aprobar los pliegos, lo que obligó a Toni Pérez a suspender dicha sesión y dejar de nuevo en suspenso el procedimiento, que ahora ya podría reactivar.
¿Qué decía aquel informe? El técnico del área económica alertaba de que la nueva contrata, prevista con una duración de 15 años y un coste que roza los 330 millones de euros, podría generar un desequilibrio económico de 130 millones en las arcas municipales, al no concretar medidas para incrementar los ingresos con los que hacerle frente. Además, cuestionaba los 15 años de duración establecidos y exigía rebajarlos a entre 8 y 10, a lo que también ponía en duda otras cuestiones, como la construcción de una base logística; la falta de un anteproyecto de explotación del servicio; la composición de la mesa de contratación o los criterios de adjudicación, entre otras cuestiones, aspectos todos ellos que, a su juicio, beneficiarían a la actual concesionaria.
En su día, otros técnicos y el propio gobierno local aseguraron que todo lo que mantenían desde Intervención ya se había apuntado en otros informes y que se trataba de afirmaciones que ya habrían sido resueltas o contestadas por otros técnicos, como el secretario municipal o los responsables del órgano gestor del contrato, restando relevancia a las mismas y lamentando las trabas constantes de este departamento.
La respuesta desde València
Como consecuencia de todo aquello, y ante la imposibilidad de que los técnicos resolviesen por sí mismos sus diferencias, el alcalde de Benidorm trasladó el pasado octubre todo el expediente a la Conselleria de Hacienda para que fueran sus técnicos quienes diesen o quitasen la razón sobre la legalidad de los pliegos que se habían elaborado.
Y ahora, más de cuatro meses después, llega la respuesta.
La Intervención General responde uno a uno a los seis reparos expuestos por el interventor.
Por lo que se refiere a la duración del contrato, el informe del organismo autonómico indica que "no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir que no se justifican las circunstancias de excepcionalidad" que permitiría la ley para ampliar hasta los 15 años la duración de esta adjudicación, tal y como exponía el interventor municipal.
Sobre el anteproyecto de explotación, señalan que el mismo "deberá formar parte del expediente de licitación como base técnica" para todos los licitadores, algo que el propio Ayuntamiento ya había propuesto para solventar este reparo, por lo que la Intervención General agrega que "no cabe pronunciamiento al respecto".
En tercer lugar, sobre los criterios de adjudicación, el ente manifiesta que los criterios baremables mediante fórmulas matemáticas que prevé el pliego "se ajustan a lo dispuesto en la Ley 9/2017", si bien cree que "habrían de justificarse debidamente las razones concretas que motivan la elección de las fórmulas".
La Intervención también se posiciona sobre la inclusión de un umbral mínimo en los criterios de valoración, algo que a su juicio "obedece a criterios de oportunidad, debiendo ser el órgano de contratación quien la determine, sin que se vulneren, a priori, los principios de igualdad, transparencia y libre competencia".
Sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los técnicos mantienen que si la valoración que se incorpore al expediente "asegura una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación del servicio y garantiza una situación de equilibrio o superávit estructural, con las particularidades contenidas en el Acuerdo del Congreso de los Diputados del 29 de septiembre de 2022, difícilmente puede formularse reparo".
Por último, sobre los factores indicativos del servicio, la Intervención General recomienda que se incluya en el pliego económico una cláusula que "determine que las bonificaciones que pudiera obtener el adjudicatario como incentivo para mejorar las condiciones contractuales solo podrán utilizarse para compensar las reducciones de precio que hubiera sufrido por no alcanzarlas, sin que ello suponga un incremento del precio del contrato".
El gobierno local ha incorporado el informe de este organismo autonómico a las comisiones informativas del próximo lunes. Fuentes municipales han asegurado que, una vez resueltas las discrepancias por esta Intervención de la Generalitat, el objetivo es reactivar el procedimiento "de inmediato".
Ocho meses (y más) perdidos
Al margen de pronunciarse de manera clara sobre las discrepancias que han mantenido paralizada esta importante contrata, la de mayor cuantía en el Ayuntamiento de Benidorm, el informe elaborado por la Intervención General de la Generalitat da también cuenta de otra cosa: el Consistorio benidormense ha perdido, al menos, ocho meses de tiempo para poder contar con una nueva contrata de recogida de basura y limpieza viaria. No en vano, el documento es claro al mantener que " ninguno de los reparos formulados por la Intervención del Ayuntamiento tendría efectos suspensivos" sobre el procedimiento, a pesar de lo cual el mismo lleva paralizado desde el 18 de julio y, antes de aquel pleno "interruptus", desde al menos 2020 por falta de acuerdo entre los funcionarios responsables de la elaboración y fiscalización de los pliegos, tal y como han recordado fuentes municipales.
