Las "artimañas" de los okupas para intentar justificar que viven en una casa ajena

Los okupas se las saben todas. Esta frase podría resumir las "artimañas" que utilizan algunas personas que entran en casas ajenas a vivir para intentar justificar que llevan viviendo en ellas más tiempo del real y así evitar un alzamiento. Los abogados o propietarios que denuncian esas ocupaciones han oído argumentos de todo tipo y presenciado cómo se presentaban documentos un tanto peculiares para ese fin.

Algunas de esas tretas se han desgranado este viernes en la jornada organizada en Benidorm por el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante en la que se ha debatido la problemática que las comunidades de propietarios tienen con los okupas en una de las mesas de debate. Abogados o profesionales del sector han explicado lo que, a lo largo de los años, se han ido encontrando ante un caso de ocupación de una vivienda.

Indignación en Aspe por la ocupación de una céntrica vivienda

La "picaresca" española es algo muy presente en el día a día y los okupas no se quedan atrás. ¿Puede servir un ticket de una pizza para que no se les desaloje de la vivienda? Sí puede y así lo explicaron en la jornada algunos de los asistentes. La táctica seguida es "piden una pizza a la dirección de la casa que tienen previsto ocupar unos días antes de hacerlo". Cuando llega, "la pagan en la puerta" y guardan el recibo. Días después, entran en la vivienda ajena. Al llegar la Policía tras una denuncia, ese recibo demostraría que llevan más de dos días en la casa, por lo que el desalojo inmediato no se podría llevar a cabo y ya pasaría a un proceso en un juzgado que se puede alargar.

Pero no es la única. Exhiben contratos falsos; aunque pueden ser de dos tipos, según explicaron las mismas fuentes. Algunos creados por los mismos okupas y que no son reales, pero también hay casos en los que esos contratos están realizados por una persona a otra sin ser el dueño para alquilarle una casa que no es suya. Muchas veces aquel que "finalmente reside en la vivienda ha sido también estafado" por el primero y debería denunciar también el caso.

Hay más. Intentos de pagar la comunidad de propietarios para tener un documento que justifique que se reside en ella: "Lo hemos visto y a veces no damos crédito", afirman los profesionales del sector. Y hay otra que utilizan las redes que "alquilan" pisos ocupados para encontrar inmuebles para entrar sin ser los dueños: buscar en los Boletines Oficiales de las provincias o los Diarios Oficiales de Comunidades o estatales para localizar "herencias yacentes"; es decir, se notifica que una herencia no ha sido aceptada por los herederos, por tanto, hasta que eso pase o no, no hay propietario. Así que ya tienen los ojos puestos en un objetivo.

Y hay ejemplos. Dos jóvenes que se presentan en un domicilio y se presentan como los sobrinos de la antigua propietaria. Los vecinos sospechan y finalmente los dos individuos se van. No eran familia, solo habían detectado una de esas herencias yacentes. A los días, según lo narraron este viernes, lo intentaron de nuevo.

Un okupa denuncia a los dueños de la vivienda en Novelda

La jornada celebrada en Benidorm ha intentado poner sobre la mesa toda esta problemática y cómo afecta a las comunidades de propietarios convivir con okupas. ¿Pueden hacer algo los vecinos ante un piso ocupado y las molestias que causa? Pues tienen las manos bastante atadas. Rubén Martín de Pablo, director corporativo de SEPIN, presidente de la sección de abogados penalistas del ICAM y especialista en derecho inmobiliario y ocupaciones ilegales, explicó que sólo los casos en los que se detecta casi en el momento que se ha ocupado una vivienda pueden tener una solución rápida. Y en esto entran en juego los propios vecinos o los porteros o conserjes de las fincas. A partir de ahí, la opción que queda es recurrir a los tribunales y las comunidades tienen la opción de lo penal, pero no la civil.

Para el experto, el decreto aprobado en 2018 "es jurídicamente suficiente" pero el problema está en que hay "que tener más medios y voluntad" para poder afrontar problemas como la ocupación. Precisamente, las comunidades de propietarios también reclaman más medidas para poder atajar esta problemática: "Desde hace años las comunidades de propietarios se están enfrentando a graves problemas provocados por los okupas que están dando lugar a muchos conflictos vecinales de convivencia", indicó Mar Rodríguez Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas. Así, este sector es "la figura más cercana que tienen los vecinos para intentar resolver estos problemas" y por ello "solicitamos a los poderes públicos que faciliten con sus normas la resolución de estos conflictos".

Con todo, Martín de Pablo también propuso algunos cambios como, por ejemplo, que los juicios por estos asuntos "sean rápidos como los que se hacen por Violencia de Género". De esta forma los propietarios no se enfrentarían a años de lucha en los tribunales para recuperar sus casas. Además, habló de las empresas de "desokupación": "Son un peligro" pero también indicó que "no digo que no sean efectivas pero pueden hacer efectos perversos que acaben también involucrando al que contrata". Sería el caso en el que se cometiera un supuesto delito de coacciones, amenazas o cualquier otro más grave.

Los administradores de fincas pusieron otros casos que se encuentran en las comunidades que gestionan porque, según las fuentes consultadas, "es raro que los profesionales no tengan algún caso en algún edificio". Así explicaron que "si se cambia la cerradura del zaguán, la rompen. Pones otra y la vuelven a romper. Así que muchos acaban optando por entregar la llave al que ocupa", explicó uno de los asistentes. Y entre otros ejemplos, otras "tretas" usadas para tener luz: "Ya no es solo que se conecten a la luz del pasillo sino que tuvimos un caso en el que buscaron dónde estaban los enchufes de los vecinos, que solo iban un mes al año, y se conectaron a esa instalación a través de agujeros en la pared". Todo un martirio para los propietarios.

La jornada contó con la presencia de la concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, quien explicó la situación de la ciudad en este sentido: "La configuración de Benidorm no favorece la ocupación ilegal gracias en buena medida a la rotación en el uso de las viviendas".

La segunda mesa redonda fue sobre las viviendas de uso turístico en comunidades de propietarios, en la que participaron Jorge Ortiz Ramírez, abogado socio de Inmobiliario y Urbanismo en Monedero & Gil Abogados; Miguel Angel Sotillos Rodríguez, presidente de la Federación Española de Viviendas turísticas y de Aptur; Miguel Ángel Pérez Botello, administrador de fincas y presidente de la Asociación de Administradores de Fincas de Benidorm y Comarca; moderada por Sergio Candela Saval, director de Formación del COAFA.