Vaersa carga contra el Ayuntamiento de Benidorm y dice que su gestión de los residuos es "nefasta"

La cruzada entre el Ayuntamiento de Benidorm y la empresa pública Vaersa se ha recrudecido este jueves, después de que el gobierno local de la ciudad aprobase el martes en pleno, con el apoyo de Cs y la abstención del PSOE, reclamar a la Generalitat Valenciana la realización de una auditoría sobre las cuentas de la misma.

En la moción aprobada también se acordó exigir al Gobierno valenciano el pago de las contraprestaciones que recoge la ley a los municipios, por albergar en término benidormense la planta de transferencias, una compensación que no se ha cobrado nunca desde su inauguración, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en El Campello.

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Ante estas críticas, la empresa pública dependiente de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha respondido este jueves al Consistorio. Y ha sido dura. Entre otras cosas, ha calificado de "nefasta" la gestión que en Benidorm se hace de las basuras, asegurando que el municipio apenas recoge separado en origen un 10% de los residuos que genera, cuando la media autonómica se sitúa en el 30%. E, igualmente, ha afirmado que las críticas vertidas por el edil de Limpieza, José Ramón González de Zárate, son "una cortina de humo" para esconder esta mala gestión.

Los datos aportados por Vaersa así lo atestiguan. En 2022, Benidorm produjo algo más de 50.700 toneladas de fracción resto de residuos mezclados, que tuvo que transferir, transportar y tratar en la planta de residuos mezclados del consorcio Mare, ubicada en El Campello. Por el contrario, generó tan solo 5.257 toneladas de envases, cartón y vidrio de recogidas separadas municipales, una cifra que califican de "paupérrima en comparación con otras grandes ciudades de la Comunitat Valenciana y del Estado".

Además, desde esta empresa autonómica apuntan que cada tonelada de residuos mezclados no selectivos le cuesta a Benidorm 110 euros más IVA por los conceptos de transferencia, transporte y tratamiento, por lo que concluyen que la diferencia entre lo que el municipio paga de más en conceptos de transporte y tratamiento por su mala recogida separada en origen, así como lo que deja de ingresar por no incrementar su recogida separada y la penalización estatal "va a suponer más de 1,5 millones de euros anuales adicionales".

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"Benidorm está a la cola de la recogida selectiva, y debe destinar esfuerzos a cumplir la ley porque en los últimos 4 años no han hecho nada al respecto", agregan desde la Conselleria que gestiona Isaura Navarro, que además insiste en que el Consistorio "no tiene competencias para decidir el destino de sus residuos municipales", por lo que no podría decidir por sí mismo el traslado de residuos al vertedero de El Campello, saltándose el paso intermedio de la planta de transferencias de Benidorm, como se pretende.

Por último, Vaersa mantiene que están negociando con el Consorcio medidas que beneficien a todos los municipios y que "no existe ningún tipo de inconveniente en hacer otra auditoría", tras lo cual ha recordado que el Botànic "únicamente ha aplicado los últimos 8 años el IPC sobre el precio fijado en 2014 por el PP".

Críticas municipales

La reacción de la empresa pública de la Generalitat contra el Consistorio benidormense se produce después de las críticas vertidas por el gobierno local en el pasado pleno por la gestión de la misma y, además, por los enfrentamientos que se han sucedido de unos meses a esta parte.

El concejal de Limpieza, José Ramón González de Zárate, ha insistido este mismo jueves en que "la empresa pública lo que tiene que hacer es gestionar y no ganar dinero a costa de los ayuntamientos y de todos los valencianos".

Igualmente, el concejal del PP ha vuelto a criticar como "vergonzoso que nos digan a nosotros que no podemos ir directamente a El Campello, mientras que a municipios donde gobierna el PSOE, como l'Alfàs del Pi, La Vila u Orxeta, sí que se lo permiten".