Comienzan las obras del Plan Parcial Bellas Artes de Altea ante la protesta de varios vecinos

Lucha de opiniones y pareceres. Varios vecinos afectados por el Plan Parcial de Bellas Artes de Altea denunciaron este martes que las obras de reparcelación y movimiento de tierras se han iniciado con los trabajos de desbroce para el replanteo de viarios y parcelas "sin acatar la sentencia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante promulgó el pasado 12 de enero declarando nulo el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector RS-8 Bellas Artes, condenando al Ayuntamiento a declarar la caducidad del mismo, y retirando la condición de agente urbanizador a la mercantil Promociones y Finanzas, SL". Según los vecinos, la sentencia "resolvió que se suspendía el PAI debido a los retrasos en su ejecución [el pleno municipal de Altea lo aprobó inicialmente del 27 de octubre de 2003] y a que se habían incumplido los plazos legales para llevarlo a término".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Altea, su concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha manifestado este miércoles que la sentencia del Juzgado "anula la programación, pero no el PAI". El edil ha indicado que el sector "tiene hechos el planeamiento y la reparcelación" y ha recordado que a finales del pasado mes de mayo "se aprobaton de manera definitiva los proyectos de urbanización del proyecto, siendo publicados en el BOE del 30 de mayo. A partir de ahí, el agente urbanizador tenía seis meses para comenzar las obras, y es eso lo que está haciendo cumpliendo con las exigencias técnicas y económicas del Ayuntamiento, pues sino lo hubiéramos rescindido nosotros". En este sentido, Orozco ha dicho que las obras de movimiento de tierras y reparcelación "comenzaron el 28 de noviembre, dos días antes de que expirara el plazo de inicio de las mismas".

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Dieciocho meses para ejecutar las obras

El edil ha añadido que las obras "tienen un plazo de ejecución de 18 meses", y que estas consisten en "la urbanización del Sector RS-8 Bellas Artes del Plan General de Ordenación Urbana, contemplando las actividades siguientes: movimiento de tierras, pavimentación, red de agua potable, red de saneamiento, red de riego, señalización, jardinería, mobiliario urbano, red eléctrica en Baja y Media Tensión, y Centros de Transformación y de Telecomunicaciones".

Sin embargo, los vecinos denunciantes ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante no lo ven así. Ellos alegan en que la decisión judicial "respalda la necesidad de reconsiderar la viabilidad y legalidad de estas obras, concebidas con una normativa derogada y desfasada". Y aseveran que esta situación "provoca la falta de garantía en la ejecución de las obras, en los derechos de los propietarios y en el respeto al entorno, generando inseguridad jurídica".

Según este grupo de vecinos, "la mercantil Promociones y Finanzas, SL, que tiene la condición de agente urbanizador anulada por sentencia de Primera Instancia, ha empezado a trabajar con el apoyo del Ayuntamiento, quien también hace caso omiso a la sentencia. Nosotros, que hemos sufrido 20 años de paralización del plan parcial, con el pago obligatorio del IBI como teórico terreno urbano, y la improductividad de unas tierras arruinadas por el abandono, ahora estamos viendo cómo no se respeta una sentencia que nos daba la razón".

Ellos tambien añaden que "las cuotas de urbanización han sido recurridas debido a que parte de los propietarios afectados entendemos que están prescritas y, por lo tanto, no hay obligación de abonarlas". En este sentido, Jose Orozco ha señalado que el Ayuntamiento "instó al agente urbanizador a que, debido el tiempo que llevó obtener las autorizaciones para la aprobación de los proyectos, aquellos propietarios que todavía no hubieran abonado la primera cuota de urbanización, tuvieran un nuevo plazo de pago voluntario".

Los vecinos, por su parte, aseveran que el inicio de las obras se produjo "sin informar a las familias que viven en la zona afectada de las fases de ejecución de las obras. Así, los propietarios desconocemos aspectos de seguridad y planificación tales como si el acceso a nuestras viviendas será cortado; o si los suministros básicos de electricidad, agua, telefonía o gas serán desconectados, lo que conllevaría a que nos viéramos obligados a abandonar nuestras viviendas".

Ellos denuncian que las obras "han empezado sin delimitar el perímetro de seguridad correspondiente, y están provocando un gran daño medioambiental puesto que la primera acción llevada a cabo fue el arrancado de una parte del arbolado sin valorar la posibilidad de realizar un plan de trasplante para que este arbolado pudiera ser reubicado en zonas públicas del municipio". El concejal de Urbanismo ha contestado al respecto que muchos árboles "están 'muertos' por su abandono durante 20 años", y ha añadido que "se van a preservar los árboles que puedan sobrevivir para traspantarlos en las nuevas zonas verdes del municipio".

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A falta de conocer el fallo de la apelación municipal ante el TSJCV

Por último, los vecinos denunciantes han aseverado que "después de 20 años paralizado el PAI, lo más razonable sería que el Ayuntamiento de Altea esperase a conocer el fallo de la sentencia de apelación que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y que se dará a conocer en los próximos meses. No yendo en contra de la sentencia de Primera Instancia que anula el Plan Parcial. En el caso de que la apelación, como previsiblemente pasará, anule definitivamente este plan, se puede prever un resarcimiento económico mediante indemnizaciones con cargo al erario público, aunque los terrenos, las infraestructuras hídricas y el arbolado devastado no recuperarán su fisionomía, suponiendo una pérdida incalculable para el municipio".

Sobre el recurso del Ayuntamiento ante el TSJCV, Jose Orozco ha recordado que afinales de enero pasado "recurrimos la sentencia del juzgado de Alicante en defensa de los intereses públicos, de planificación del crecimiento urbanístico de nuestro pueblo, y de los intereses de los propietarios de más del 95 por ciento de los terrenos del plan parcial de Bellas Artes. El contencioso administrativo fue promovido por diez de los 105 propietarios de los 277.311 metros cuadrados de terreno que ocupa el PAI, ubicado junto al casco urbano entre la calle Benidorm y la autopista AP7, y entre la carretera comarcal CV-760 Altea-La Nucía en el Plà del Castell y el Camino Viejo de Alcoy, por encima del Palau Altea y el campus de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Y en este sector se construirán 1.220 viviendas de las que 168 serán de protección pública, y de estas prácticamente el 50 por ciento serán de titularidad municipal. Además, parte de los usos dotacionales ya están ocupados con el Palau Altea y la Facultad de Bellas Artes. Y está previsto contsruir tambien un Centro de Día para Mayores", ha apostillado el edil.