El incremento de las viviendas turísticas lleva a los ayuntamientos a suspender las licencias

Las viviendas turísticas no han parado de crecer en los últimos años en los municipios de la Marina Baixa y la Marina Alta, sobre todo, en las localidades de costa. La proliferación de estos alojamientos y la falta de vivienda residencial para que los vecinos puedan vivir ha hecho que los ayuntamientos se planteen tomar medidas para intentar controlar y regular un mercado que deja millones de euros al año y que es básico en la actividad turística. Así, los gobiernos locales como el de Altea o Polop ya han tomado medidas concretas y La Vila Joiosa, Calp ya tienen sobre la mesa el debate para comenzar a hacerlo. En el caso de Benidorm o l'Alfàs del Pi, aún no hay ningún anuncio al respecto.

La provincia de Alicante concentra seis de cada diez viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana, según las estimaciones que realiza cada semestre el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la lista de municipios donde se ha incrementado el número sustancialmente está Calp que, entre 2023 y los primeros cinco meses de 2024, ha incorporado más de 1000 nuevos alojamientos de este tipo al parque de viviendas turísticas del municipio; es decir, cuanta con 5.365 viviendas turísticas, la quinta parte de esas viviendas se han incorporado en los últimos 16 meses, según datos municipales. Dénia es otro de los municipios de la Marina Alta donde más viviendas turísticas se registran.

Ambos municipios han puesto sobre la mesa la necesidad de plantear medidas para regular esta oferta turística. En el caso de Dénia, se ha elaborado un informe con la situación de la localidad para tomar decisiones. En Calp hay una que ya tienen clara: suspender en todo el término municipal la tramitación y concesión de licencias para cambiar el uso a vivienda de locales comerciales.

Esta es una de las propuestas que va a llevar a cabo el Ayuntamiento y que se va a debatir en el pleno de este martes. La suspensión del cambio de uso se motiva en que al sacar del mercado locales destinados a la actividad comercial se "aumenta el precio de los locales y, por tanto, debilitan el tejido comercial". Al mismo tiempo, se pretende evitar la dinámica de transformar locales comerciales, ligados en su origen a un uso público, en viviendas turísticas propias de un uso privado.

Según las fuentes consultadas, este tipo de alojamientos turísticos están proliferando en algunas zonas como el casco antiguo. El Ayuntamiento explica en su propuesta que "se ha tenido en cuenta que muchos locales no cumplen las condiciones mínimas de una vivienda digna y la falta de acceso a una vivienda habitual da lugar a situaciones de hacinamiento y al alquiler de habitaciones de una manera irregular".

Así que se propone suspender estas licencias de manera temporal por un plazo de dos años. Todo para poder estudiar las futuras modificaciones de la ordenación urbanística que permitan buscar soluciones y acciones encaminadas a conseguir el objetivo de una vivienda asequible y digna. El próximo viernes está prevista la primera reunión de la recientemente creada comisión de trabajo técnica y política para el estudio de la situación habitacional en Calp, para analizar las distintas soluciones dentro del marco competencial municipal.

La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que "intentamos buscar un equilibrio, somos pioneros en la manera de enfocar soluciones a un problema al que se enfrentan muchos ayuntamientos, el alquiler turístico es necesario pero también lo es el residencial. Además un exceso de viviendas en locales para los que no han sido concebidos disminuye las posibilidades de implantación del comercio local".

Altea y Polop

Calp se ha sumado a los municipios que ya tomaron hace tiempo medidas concretas. Es el caso de Altea o Polop. La localidad alteana, gobernaba por Compomís y PSOE, fue de las primeras en poner sobre la mesa la necesidad de abordar la problemática de la vivienda y la proliferación de los alojamientos turísticos. El Ayuntamiento aprobó este año suspender la concesión de autorizaciones de uso para viviendas turísticas hasta 2025; es decir, no habrá por ahora nuevos alojamientos de este tipo mientras se estudia la situación actual para intentar encontrar un equilibrio entre esta actividad económica y la vida de los ciudadanos.

Según los datos aportados por el municipio, hay más de 2.200 viviendas que están legalmente implantadas como turísticas en la ciudad, es decir, el 13 % de todo el parque edificado. En 2018, la cifra de este tipo de arrendamientos turísticos era de 642. Así que ahora se quiere hacer un diagnóstico de cómo está el mercado y se pretende ordenar y regular este tipo de viviendas además de su impacto social, económico y urbanístico.

Polop ha seguido la misma estela. Según los datos, los alojamientos vacacionales son ya el 4,5 % de las viviendas de la localidad. Así que el gobierno del PP y una exedil del Compromís aprobaron la suspensión de la tramitación de concesión de nuevas licencias para este uso. Por tanto, se ha paralizado cualquier autorización para realizar también un estudio sobre el número de alojamientos de este tipo y qué decisiones tomar sobre esta actividad económica.

En la Marina Baixa, La Vila Joiosa también se ha puesto manos a la obra y el Ayuntamiento está ya estudiando suspender la concesión de nuevas licencias de "manera preventiva" como han hecho sus vecinos de la Marina Baixa mientras plantea cómo regula este sector. En este caso se plantea que no se puedan abrir en comunidades de propietarios mientras se impulsa una regulación del sector que ofrezca seguridad jurídica pero que, también, ordene el alojamiento turístico y evite actividades ilegales, al tiempo de anticiparse ante un posible crecimiento desmesurado, según explica el consistorio.

Actualmente, hay registradas un total de 1.782 viviendas turísticas en la localidad vilera con una oferta de 7.830 plazas. Entre enero y mayo de 2024 se han incorporado 122 viviendas turísticas, lo que supone una oferta de 558 plazas más, según datos del Ayuntamiento.

Con todo, municipios como Benidorm o l'Alfàs del Pi por ahora no han planteado ninguna cuestión relacionada con las viviendas turísticas. Fuentes municipales en el caso de la capital turística sí confirmaron a este diario que la ciudad, "al igual que el resto de municipios, ha incrementado el número de viviendas turísticas y la solicitud de licencias en edificios residenciales". Algo que ha llevado a "algunas comunidades de propietarios incluso a cambiar sus estatutos para intentar regular la implantación de las mismas", añadieron las mismas fuentes.

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